Tribunal de Cundinamarca le da 20 días a Odebrecht para salir de Ruta del Sol

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló que en un plazo de 20 días, la concesionaria Ruta del Sol, cuyo participante mayoritario era Odebrecht, tendrá que entregar la cesión total de las licencias ambientales, iniciar los procesos de suscripción de las escrituras públicas de transferencia de la propiedad y adelantar los trámites para la prórroga efectiva de las garantías para las licitaciones que se desarrollarán por el Invías.

La concesionaria también le tendrá que entregar a la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani) las cuentas de cobro correspondientes a las deudas contraídas con trabajadores, proveedores, contratistas y demás acreedores de buena fe.

A esto se suma el plan de acción acordado entre la Procuraduría General, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura, ahora en cabeza de Dimitri Zaninovich, para lograr que se termine la construcción de los cinco tramos de la Ruta del Sol II que se habían asignado a la concesionaria cuya mayoría le pertenecía a Odebrecht en Colombia.

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De acuerdo con el Tribunal de Cundinamarca, además la ANI y el Invías tendrán que iniciar los trámites para la celebración del contrato interadministrativo, lo que le permitirá al Ministerio de Hacienda hacer la transferencia de los recursos para el mantenimiento y continuidad de la obra.

Por otro lado, el gerente general y los miembros de la Junta Directiva de la Concesionaria Ruta del Sol S. A. S. tendrán diez días para contestar la demanda que está en curso y cinco días para que se pronuncien sobre la posible remoción de los administradores de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

El procurador general, Fernando Carrillo, señaló que su entidad solicitó ante el Tribunal de Arbitramento, en el que Odebrecht pedía el pago de más de $785.000 millones como indemnización por supuestos incumplimientos en el contrato, que este sea declarado nulo.

De declarase nulo el Tribunal de Arbitramento, la multinacional brasilera quedaría sin ningún derecho frente a las reclamaciones hechas al Estado colombiano por la construcción de la Ruta del Sol II.

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