| 8/8/2013 5:16:00 AM

No hay freno a la minería ilegal

La política pública está diseñada para que en el marco de la legalidad subsistan solo los empresarios fuertes.

La ilegalidad minera en Colombia se encuentra en el orden del 63%, está concentrada en la minería del oro, en primer lugar, y luego en las arenas y arcillas, y viene causando un elevado y preocupante impacto negativo sobre el medio ambiente, como se evidencia en el caso de las cuencas de los ríos Dagua (en el Valle del Cauca), y San Juan (en el Chocó).

Así lo pone de presente un Informe Especial de la Contraloría General de la República sobre "La Explotación ilícita de recursos minerales en Colombia, que dice que no solamente se encuentra el Estado lejos del minero y su entorno, sino que su presencia es reemplazada fácilmente por grupos al margen de la ley, que asumen su papel en la ilegalidad: otorgan "permisos", cobran "impuestos", imponen a su manera un orden social, sancionan y condenan con la fuerza de las armas en total impunidad, al margen de la Constitución y la ley.

Para la CGR, "El diseño de la política minera del país, su aplicación y desarrollo normativo en medio de la tolerancia de las autoridades territoriales, la desnaturalización y baja capacidad de la institucionalidad minera y ambiental, son factores que junto a las condiciones y características regionales, han propiciado en gran medida la actividad minera ilegal, dejando tras de sí un panorama poco alentador hacia el futuro si no se corrige el rumbo".

Sostiene también que pretender convertir a Colombia en un País Minero sin tener en cuenta la realidad social, económica, ambiental y cultural de las regiones, tendrá consecuencias negativas en cada una de esas esferas de la vida de los pueblos, tal como se muestra en los dos casos que analizó en detalle este estudio (Dagua y San Juan).

La Contraloría General de la República considera igualmente que, pese a todas las dificultades de tipo normativo y operativo que existen, para el control de la ilegalidad minera se necesitan acciones reales y contundentes, materializadas con el cierre de minas que funcionan al margen de la ley.

El estudio, elaborado por la Contraloría Auxiliar para el Sistema General de Regalías,  considera que la política pública minera está diseñada para que en el marco de la legalidad subsistan solo los empresarios fuertes. "Esta situación de ninguna manera favorece el desarrollo de la actividad a esa pequeña escala en el marco de la legalidad minera, sino por el contrario, aún para los empresarios no muy pequeños la incursión en la ilegalidad y las actuaciones ilegales es una opción razonablemente válida desde su perspectiva".

Cifras de la ilegalidad minera

Sobre la legalización de la minería de hecho, la CGR considera que este proceso ha generado mínimos resultados, a alto costo. A abril de 2010, el Ministerio de Minas y Energía entregaba el siguiente reporte:

158 minas legalizadas en 8 años de vigencia del programa, con un costo total de $14 mil millones corrientes. Según estos datos cada legalización habría tenido un costo de $89 millones, sin tener en cuenta costos indirectos y un promedio de 20 minas legalizadas por año. La efectividad del Programa de Legalización es tan solo del 3,7%.

De acuerdo a este análisis, los procesos de la legalización de la minería presentan falencias fundamentales:

Son programas totalmente costeados por la Nación; el proceso se convierte en un refugio de la ilegalidad porque la Ley 685 ordenó en su artículo 165 que no habría lugar a suspender la actividad minera y a realizar decomisos de minerales, ni a proseguir con acciones penales; y los procesos pueden ser dilatados en el tiempo por el solicitante en la medida en que el mismo solicitante lo desee.

Daño ambiental en Dagua y San Juan

La CGR alerta también en este informe sobre el daño ambiental que está ocasionando la minería ilegal del oro, en las cuencas de los ríos Dagua (en el Valle del Cauca), y San Juan (en el Chocó).

La explotación ilegal de oro en la cuenca del río Dagua vive un proceso de expansión a partir del año 2008, y presenta relación con la construcción de la Doble Calzada Buga-Buenaventura, recordó el Contralor Auxiliar de Regalías, Leonardo Arbeláez Lamus.

El río Dagua presenta erosión y socavación de sus márgenes, así como la pérdida de cobertura vegetal protectora y otras situaciones que representan una seria amenaza por posibles deslizamientos, crecientes e inundaciones. También se presenta aprovechamiento forestal ilegal e impacto sobre la fauna.

En el caso de la cuenca del río San Juan, en el Chocó, se encontró que la actividad de minería ilegal del oro se desarrolla en condiciones que atentan contra la sostenibilidad del ecosistema, como la utilización de maquinaria (retroexcavadoras y dragas de succión); carencia de estudios y efectos ambientales; y destrucción de bosque por tala indiscriminada, los que acelera los procesos erosivos, aumenta la sedimentación y ocasiona así la pérdida de navegabilidad.

El estudio señala que la explotación ilícita de minerales en el Chocó se realiza de manera antitécnica y sin ningún tipo de restricción ambiental.

En el Chocó el valor total estimado de los ingresos no percibidos por tasa de uso y tasa retributiva durante el período 2007-2011 asciende a $34.545 millones. Y los ingresos no percibidos por concepto de tala del bosque son del orden de los $10.008 millones durante el período 2007-2012.
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