| 7/6/2011 6:00:00 PM

Más plata, por favor

Los jueces están pidiendo un mayor presupuesto para la rama judicial. La pregunta es de dónde saldrán los billones necesarios para ponerse al día.

Mientras el país se prepara para una nueva reforma a la justicia, se volvió a conocer en los últimos días la inconformidad de la Rama Judicial por la falta de recursos para cumplir sus funciones.

Los propios magistrados del Consejo de Estado les plantearon el pasado miércoles 29 de junio, al presidente de la República, Juan Manuel Santos, y a los Ministros del Interior y Justicia y de Hacienda, las necesidades económicas del sector.

Como si eso no fuera suficiente, en una entrevista a Caracol Radio, la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, solicitó al menos 1.000 fiscales más para atender las crecientes tareas de la entidad.

Morales dijo que le han recortado el presupuesto y que tiene casos de fiscales que llevan hasta 400 procesos.

Esto volvió a dejar en evidencia que el país no ha podido resolver el problema de su aparato judicial que todos los años vive pidiendo más recursos porque los que se le dan no alcanzan. Tal vez es hora de que Colombia debata a fondo acerca de cuál debe ser la estrategia para lograr el objetivo de transformar su rama jurisdiccional.

En ese análisis, lo primero que hay que observar es el presupuesto. En 2009, el Consejo Superior de la Judicatura, que es la instancia de gobierno y administración del sector, recibió $1,68 billones. De dichos recursos, 95% fue destinado para funcionamiento; es decir, $1,59 billones, y solo 5% para inversión: $87.618 millones. En 2011 -según cifras del Ministerio de Hacienda-, la Rama Judicial recibirá $2,1 billones, mientras a la Fiscalía General llegarán $1,5 billones para un total de $3,7 billones. Sigue siendo un presupuesto reducido frente al de otras ramas como las Fuerzas Militares que reciben más de $20 billones al año.

Aquí hay un primer elemento de juicio: la inversión en justicia es la verdadera Cenicienta del presupuesto nacional.

Según el vicepresidente de Asonal Judicial, Baudilio Pedraza, hay prioridades básicas por satisfacer, como incrementar el personal en los despachos de ejecución de penas, donde el cúmulo de procesos es muy alto. "No es posible que algunas oficinas operen con computadores alquilados, papel prestado y sin los elementos de aseo indispensables", dijo.

La discusión no es sobre presupuesto para proyectos sofisticadísimos sino de necesidades básicas insatisfechas para el funcionamiento diario.

El tema es de mucha importancia: consolidar la presencia del Estado colombiano en todo el territorio nacional exige de fiscales y jueces mejor capacitados en todas las regiones. De hecho, este objetivo forma parte de la estrategia de consolidación de la Seguridad Democrática, que en su nueva fase tiene que ir más allá de copar territorio con las fuerzas armadas.

Esa es la discusión de fondo en esta coyuntura: si el país está yendo por el camino de las grandes reformas; fortalecer su aparato de justicia y hacerlo más efectivo puede ser una estrategia efectiva para llevar paz a muchas zonas en donde hoy la ciudadanía no tiene a quien acudir para resolver sus controversias.

Eso pasa básicamente por fortalecer el presupuesto, pues la rama judicial no solo necesita cubrir gastos de funcionamiento, sino también invertir. El país está urgido, por ejemplo, de modernizar su sistema carcelario, reestructurar el Instituto Nacional Penitenciario, sistematizar sus bases de datos y dotar con mejores equipos de cómputo todos los juzgados del país. El ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, ha hablado de financiar el traslado de la cárcel La Modelo y el Buen Pastor, así como la construcción de nuevos centros de reclusión en el Eje Cafetero, La Guajira y Cartagena, obras que podrían superar $1 billón. Por eso parece un reclamo sensato que los jueces pidan más presupuesto.

Pero el problema es que esos recursos no están disponibles. La pregunta que queda en el aire es de dónde saldrán los billones necesarios para ponerse al día con esta tarea.

Ya quedó claro que alternativas planteadas en la legislación, como el arancel judicial, no han rendido los recaudos esperados. Según el ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry, con este aporte parafiscal se esperaba el recaudo de $250.000 millones y solo se han registrado aportes de $6.000 millones.

El vicepresidente del Consejo de Estado, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, planteó en la reunión de la semana pasada con el presidente Santos que en la reforma a la Justicia podrían plantearse entradas por los trámites notariales, de Cámara de Comercio o de lo que se obtiene por arbitrajes.

De ahí que la Rama esté en permanente déficit. El Ministerio de Hacienda prometió para este año un aporte adicional de $200.000 millones, y para el Presupuesto General de la Nación (que se radicará entre el 29 y 30 de julio próximo) se "hará un esfuerzo grande" por aumentar los dineros para 2012.

Tampoco hay que olvidar que la Ley 1285 de 2009 autoriza al gobierno nacional incluir en el presupuesto de rentas y gastos una partida hasta de 0,5% del PIB para desarrollar gradualmente al año 2014 la oralidad en todos los procesos judiciales y para la ejecución de los planes de descongestión. El cálculo de dicho 0,5% del PIB asciende a $2,8 billones.

Lo que está quedando claro en este debate es que los problemas financieros de la Justicia no se resuelven "poniendo el sombrero" para recaudar recursos. El objetivo es fortalecer el presupuesto judicial para garantizarles a más colombianos acceso a la justicia. No es solo una discusión sobre el flujo de caja. Y allí la discusión tiene que hacerse a fondo en el Congreso de la República, a la hora de aprobar el presupuesto del próximo año.

¿El país quiere destinar más recursos para la justicia y reducir en algo los del aparato militar o la inversión social o los planes de subsidio? Esas son las preguntas que los legisladores van a tener que resolver.

El otro tema está relacionado con la organización misma de la Rama. Aunque los recursos son escasos, no quiere decir que el uso de los actuales no se pueda mejorar. Hay una desproporción en la burocracia del sistema. "Mientras en Estados Unidos, un país con cerca de 400 millones de habitantes, solo hay una alta corte con 9 ó 10 magistrados; en Colombia, con 44 millones de habitantes, hay tres altas cortes con cerca de 50 magistrados que ganan cada uno $22 millones y tienen a su servicio tres magistrados auxiliares con sueldos de $15 millones. Llegó la hora de apretarse el cinturón", dijo un ex magistrado auxiliar consultado y que pidió mantener su nombre en reserva. Este tema tendría que abordarse en la próxima reforma a la justicia que el Ejecutivo pondrá a consideración del Congreso este semestre.

La Justicia colombiana enfrenta retos enormes: los jueces y fiscales necesitan más y mejores recursos y lograr esa meta está relacionado con objetivos loables, como hacer más eficiente la justicia para poder llevarla a todos los rincones del país. Es el momento de tomar decisiones de fondo.

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