| 7/23/2013 3:50:00 PM

Más pistas de lavado de activos vía regalías

Municipios donde no existen títulos mineros, ni comercialización de oro pero reciben recursos por regalías.

La Contraloría General de la República (CGR) denunció un presunto lavado de activos por más de $13.000 millones, que se habría consumado a través de la liquidación irregular de regalías a 12 presuntas comercializadoras mineras, en el municipio del Alto Baudó, departamento del Chocó. 

La situación puede replicarse en otros municipios de esa misma región, advirtió el ente regulador, al tiempo que llamó la atención por la falta de control en el sector minero en lo referente a oro, plata y platino.

La CGR, que consideró que esta situación se presenta por falta de coordinación de los organismos estatales responsables, adelantó una actuación especial de fiscalización,  con el fin de verificar la liquidación de regalías ficticias en ese municipio, las cuales fueron giradas en el año 2011 e  inmediatamente embargadas por juzgados de la misma localidad, en una actuación sospechosa.

En el informe elaborado por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, se puso  en evidencia, que el  municipio del Alto Baudó no tiene vocación minera por lo que no debía recibir liquidación de regalías por explotación de minerales, lo que para la Contraloría  se convierte en una operación ilícita en la que participarían 12 empresas fundidoras que no tienen domicilio en el departamento ni en el municipio y tampoco  una actividad ligada a la comercialización o explotación de oro.

El informe de la CGR, también señala que en la Agencia Nacional Minera no existe ningún título minero en ese municipio que pueda garantizar alguna liquidación de regalías.

Se advirtió por parte de la Contraloría el elevado riesgo que se corre de que esta problemática se replique en otros municipios del departamento del Chocó, pues algunos de estos reportan crecimientos significativos de tales cifras.

A su turno, el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Carlos Mario Zuluaga, llamó la atención sobre la falta de controles e instrumentos de verificación de la información reportada por las empresas y anunció que la CGR dará apertura a una indagación preliminar  que permita determinar los presuntos responsables, en este proceso, con el que se pretende recuperar también 1.100 millones de pesos que la DIAN ha devuelto a una de estas empresas, por reliquidación  de impuesto de renta.

Así mismo la entidad efectuará planes de seguimiento a cada una de las entidades involucradas entre las que se encuentran la DIAN,  Supersociedades, Ingeominas y Dirección Nacional de Estupefacientes con el fin de  garantizar la mejora de las actuaciones administrativas que facilitan la ocurrencia de estas irregularidades.

Comercializadoras con apariencia legal

La CGR considera que el panorama descrito como resultado de esta actuación especial deja entrever un creciente número de capitales cuya fuente es el sector minero nacional en general, de considerable magnitud y que presenta un alto grado de movilidad al interior del país y en el exterior, principalmente a través de los denominados paraísos fiscales.

Tales capitales se originan en empresas comercializadoras cuyo objeto social es en extremo amplio, tanto que permite incluso la penetración de diversos mercados extranjeros que vendrían a ser los receptores primarios de los productos de su actividad económica.

Estas comercializadoras han venido desarrollando su actividad en términos aparentemente legales, en lo referente al pago de tributos que genera su actividad, los controles que desarrolla sobre las mismas la Superintendencia de Sociedades y el pago de los montos correspondientes a las regalías producidas por la explotación de metales preciosos.

Sin embargo, el informe de la CGR evidencia que esa apariencia de legalidad tiene serios reparos pues las empresas presentan importantes inconsistencias en sus estados financieros y en la información que reportan con respecto a las operaciones que desarrollan, esto es la información exógena que reportan a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

Existen también notables diferencias entre la información reportada a la DIAN y la entregada a la Superintendencia de Sociedades, sin que se encuentre fundamento para las mismas.

A partir de los datos reportados por la DIAN, en lo que respecta a las vigencias 2006 a 2012, se evidencia un importante crecimiento en el total de exportaciones FOB de las diferentes casas comercializadoras, siendo la de mayor representación C.I.J y Gutiérrez, la cual pasó de exportar US$146.070 miles en el año 2006 a US$453.433 miles en el año 2012, mostrando un crecimiento del 210.4% por el lapso analizado, que equivale a un aumento promedio anual de 20.78%.

Estas cifras individuales superan ampliamente el promedio exportador de las grandes empresas colombianas que facturan en el exterior y, en el caso de 2012, la cifra exportada por C.I.J Gutiérrez y Cia S.A. representa el 0.75% del total exportado por Colombia.

Las cifras exportadas por cada empresa en cada vigencia son significativas y acumulan por los años analizados un valor cercano a los $14 billones, cifras solo comparadas con las operaciones propias de grandes corporaciones o multinacionales colombianas o foráneas, que poseen una estructura y una vocación exportadora de gran dimensión.

De hecho, mientras el PIB anual colombiano ronda los $578 billones, la cifra que acumulan las casas comercializadoras en el sector de oro, plata y platino alcanzan operaciones de exportación por COP14 billones (2.42%).

A partir de lo anterior se encontraron indicios que apuntan al presunto lavado de activos en que podrían estar incurriendo las empresas analizadas. Esta actividad pretendería el blanqueamiento de capitales producto de actividades ilícitas, que buscarían darle apariencia de legitimidad a capitales presuntamente mal habidos.

En conclusión, la Contraloría General de la República llama la atención a los entes competentes para ejercer control, como el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Sociedades y la UIAF, por la clara deficiencia en el control del sector minero, especialmente en lo referente a oro, plata y platino, debido a la falta de coordinación de los organismos estatales responsables.

Para la CGR, la asimetría de información existente entre estos organismos, sumada a la falta de celeridad de la Fiscalía General de la Nación, ha permitido que la problemática continúe y, como consecuencia, las anomalías hayan trascendido durante varios años.
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