| 3/13/2017 2:10:00 PM

Liquidador de Torres Cortés tendría que contratar un cobrador

La Fiscalía le entregó al liquidador de la comisionista de la bolsa mercantil varios pagarés vencidos, que obligarían a que se contrate un cobrador para recuperar esos recursos y entregarlos a los afectados.

Luis Alberto Camargo, liquidador de la extinta comisionista Torres Cortés, tendría que verse obligado a contratar un cobrador para recuperar los recursos de pagarés vencidos de la firma que le entregó la Fiscalía General.

Si Camargo logra contratar un cobrador, los recursos que obtenga tendrán que destinarse al pago de los 314 afectados por la estafa de Torres Cortés a los que se les deben cerca de $25.000 millones dentro del proceso que adelanta el liquidador designado por la Supersociedades.

Sin embargo, la superintendencia delegada para procesos de insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, donde se lleva a cabo este proceso, no puede autorizar o prohibir presupuestos, cotizaciones, contratos o similares en un proceso de liquidación, por lo que rechazó por improcedente la petición de Camargo.

Lo que sí puede hacer la delegatura es “objetar los nombramientos o contratos hechos por el liquidador, cuando afecten el patrimonio del deudor o los intereses de los acreedores” y por lo tanto le advirtió al liquidador de Torres Cortés que todo gasto que asuma debe ser estrictamente necesario en el proceso.

Este no sería el único caso en el que un liquidador se viera forzado a contratar a un cobrador para recuperar la totalidad de los recursos de la firma para reparar a las víctimas.

En procesos de liquidación por captación ilegal de recursos y otros delitos, los pagarés de la firma intervenida se convierten en material probatorio para la Fiscalía, a la vez que se ordena a los acreedores que suspendan los pagos para evitar que los responsables puedan obtener dicho dinero.

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De este modo, cuando la Fiscalía puede entregar los pagarés al liquidador para que este continúe con la recuperación de recursos, muchos de estos pueden estar vencidos a fuerza del tiempo que pasaron sin que sus acreedores los pagaran y como parte del proceso judicial contra los responsables.

Una vez vencidos los pagarés, la vía para recuperar esos recursos es un proceso de cobro jurídico que en el país realizan firmas especializadas o abogados con el mismo énfasis. El problema está en el impedimento de la autoridad de control correspondiente para aprobar o desaprobar un presupuesto para la contratación de una de estas personas que le permitan al liquidador recuperar el dinero y reparar a las víctimas por completo.

El caso Torres Cortés

La comisionista Torres Cortés fue fundada en 1987 y operaba en la Bolsa Mercantil de Colombia. Sin embargo, en 2009 realizó varios movimientos para redirigir recursos del público a otras firmas asociadas, en lugar de realizar las transacciones que les prometían a sus inversionistas.

En 2010 la Superintendencia Financiera intervino la firma y pese a encontrar serias irregularidades, no fue sino hasta el 2013 cuando ordenó su liquidación forzosa administrativa.

Y un año después, en junio de 2014, la Superfinanciera sancionó a José Leonel Torres Cortés, fundador de la firma y padre de Leonel José Torres, también cabeza de la firma. A ambos se les impuso una inhabilidad por cinco años para realizar actividades relacionadas con el mercado de valores y una multa por $150.000 millones.

Las siguientes son las resoluciones confirmadas por el Superintendente Financiero:

  1. Resolución 0557 del 9 de abril de 2014: mediante la cual se sancionó a José Leonel Torres Cortés con una inhabilitación por el termino de cinco (5) años para realizar funciones de administración, dirección o control de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia y una multa por valor de ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000).

La sanción de inhabilidad, es el término máximo permitido por la ley, y la multa impuesta fueron confirmadas al haberse concluido que José Leonel Torres Cortés, como representante legal de la misma permitió la ejecución de operaciones que excedían el objeto social autorizado por esta Superintendencia y permitió que en la información contable de la sociedad comisionista se registraran datos erróneos e imprecisos que impedían conocer la real situación patrimonial de la firma.

  1. Resolución 2074 del 15 de noviembre de 2013: mediante la cual se sancionó a Leonel José Torres Jaramillo con una multa de cien millones de pesos ($100.000.000).

En diciembre del 2014, la Superintendencia de Sociedades admitió en liquidación judicial a las firmas Torres Construcciones y Valores SAS (Tcval) y la sociedad extranjera Magnet Financial Advisors S.A. y en febrero del 2015 admitió dentro del mismo proceso a Bernardo León Camacho, Carlos Eduardo Castro Florian, José Leonel Torres Cortés, Leonel José Torres Jaramillo, María del Socorro Jaramillo de Torres y Juan Carlos Junca León.

Este es el único proceso que continúa vigente en el caso Torres Cortés, después de que la Superfinanciera cumpliera con los procesos que ordenó en el mismo. 

Los Torres también se sometieron a un proceso judicial y finalmente en junio de 2016 aceptaron los cargos por desviación de recursos de los inversionistas y reconocieron que usaron de manera irregular $45.245 millones y US$191.574 sin la autorización de 255 inversionistas, la mayoría de ellos ya pensionados.

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