| 4/10/2014 4:20:00 PM

Aprueban sistema para prevenir lavado de activos

Los operadores de juegos territoriales, como la lotería tradicional y el chance, deberán adoptar un sistema para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar –CNJSA- aprobó un Acuerdo en el cual establece los lineamientos para que los operadores de juegos de suerte y azar del orden territorial, como las loterías y el chance, adopten e implementen un Sistema Integrado para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –Siplaft-.

El Siplaft de los juegos de suerte y azar territoriales está basado en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-; organismo multilateral que establece los estándares para prevenir delitos que atenten contra la integridad del sistema financiero internacional.

“El Siplaft para los juegos territoriales llega en un momento crucial, pues la sociedad reclama mayor transparencia en la operación de juegos que, como el chance, tienen gran arraigo popular y recaudan mucho dinero del público. Implementar sin dilación este sistema es una inversión en la confianza de los colombianos en los juegos territoriales y en la sostenibilidad de esta fuente de financiación de la salud pública de las regiones” afirmó Jaime Cardona Rivadeneira, Presidente del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.

Prácticas para la prevención

El sector de juegos de suerte y azar tiene un nivel de riesgo, por lo cual el GAFI dirige algunas de sus recomendaciones a esta industria. Factores como el registro de ventas en formularios de apuesta diligenciados manualmente, en el caso del chance, y el manejo de grandes sumas de dinero efectivo; hacen vulnerable a los juegos del nivel territorial para el ingreso o la desviación de recursos con fines ilícitos.

Por ello, el Siplaft obliga a la identificación y reporte de ganadores de premios; que para el caso del chance será de premios iguales o superiores a $500.000 y para la lotería tradicional, la obligación es reportar premios iguales o superiores a $5 millones. El operador del juego debe registrar los datos del ganador del premio, previamente a entregar el dinero, y reportarlos ante la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, UIAF; entidad que a su vez informará al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar –CNJSA- sobre aquellos operadores que incumplan esta disposición.

Otra parte del Acuerdo Siplaft también exige a los operadores evitar el ingreso de capital proveniente de personas naturales o jurídicas que susciten dudas fundadas sobre su relación con actividades de lavado o financiación del terrorismo. Igualmente, requiere que los operadores del nivel territorial implementen políticas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en sus empresas y designen a un Oficial de Cumplimiento encargado de velar por su correcta ejecución.

Tanto las políticas como el perfil del Oficial de Cumplimiento deben ser aprobados por la junta directiva de cada lotería o por la entidad territorial concedente para el caso de concesionarios del chance. Esta adopción será verificada por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de suerte y Azar, CNJSA.

El CNJSA, en su función de vigilancia, reportará a la Superintendencia Nacional de Salud todos los casos de incumplimiento de los operadores territoriales, tanto en la adopción del Siplaft como en cuanto al incumplimiento des.

Con estas nuevas disposiciones no solamente se apunta a que el país reciba una mejor evaluación del Gafisud – capítulo latinoamericano del GAFI- en su próxima visita; sino también ganan los operadores de juegos del nivel territorial, puesto que mejora el clima de negocios para el desarrollo de sus operaciones.

“La implementación del sistema para la prevención y gestión del riesgo de lavado de activos en los juegos de suerte y azar hace un aporte a la reputación del sector, garantiza mejores prácticas y mejora las condiciones para operar estos negocios” afirmó Cristina Arango Olaya, Presidente de Coljuegos y miembro del CNJSA.

El proceso de adopción e implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para los operadores del nivel territorial tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del presente año.
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