| 5/11/2017 3:36:00 PM

Las promesas inclumplidas del Gobierno a las regiones

Desde recursos para salud, educación y atención a población vulnerable, hasta la comunicación entre el Gobierno Nacional y las regiones, los gobernadores tienen una extensa lista de compromisos pendientes.

La descentralización del Gobierno ha sido uno de los eternos procesos del país y de hecho la Constitución de 1991 declara a Colombia como un Estado con descentralización del poder. Sin embargo, los recursos no se han descentralizado como parece que sí lo han hecho las responsabilidades del poder regional con los colombianos.

En una reunión extraordinaria de gobernadores, los responsables de los 32 departamentos del país elaboraron una lista con las diez principales responsabilidades que el Gobierno Nacional les transfirió sin que ello representara, en la mayoría de los casos, recursos adicionales.

Plinio Olano Becerra, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), explica que por ejemplo el Programa de Alimentación Escolar ha estado a cargo del Bienestar Familiar, del Ministerio de Educación y finalmente su contratación quedó a cargo de los gobiernos regionales que deben además acogerse a la jornada única escolar, lo que aumenta el número de estudiantes en sus colegios, pero cada año reciben menos recursos “como si cada vez hubiese menos niños, pero cada vez hay más obligaciones”.

En el sector salud la situación no es mejor. El Ministerio de Salud ha repetido hasta el cansancio el déficit que tiene el sector subsidiado por cerca de $2,4 billones, mientras que los gobernadores registran altas deudas de los servicios no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud y advierten una crisis hospitalaria que “se vuelve un círculo dramático. No giran los recursos, no le llegan esos recursos al departamento, que no le gira a los hospitales, que a su vez no le pagan a sus proveedores y estos a su vez se niegan a prestar el servicio o cuando lo hacen, lo hacen de mala gana”, explica Olano.

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Los gobernadores advierten que las cofinanciaciones de programas sociales con las que el Gobierno se comprometió y que prácticamente obligan a los regionales a adoptar y ejecutar esos planes, no se han cumplido por parte del Gobierno y generan un déficit en el cumplimiento de los mismos.

La “austeridad inteligente” que llegó con la caída de los precios internacionales del petróleo planteaba reducir ciertos gastos, pero mantener los recursos de programas necesarios para el desarrollo del país como los relacionados con la atención de los niños y adultos menores, una promesa que los gobernadores no vieron cumplida, y ahora los recursos adicionales prometidos con la reforma tributaria y su consecuente adición presupuestal tendrán que irse a cubrir esos déficits y no a aumentar la cobertura de los programas.

“Aquí se trata de qué se priorizó en una crisis fiscal y estamos de acuerdo con que se priorizara la paz, pero si hubo un acuerdo se debe cumplir. Ahí debe haber una discusión”, advierte Olano.  

Otro tema sensible tanto para los gobiernos regionales como para el Nacional y los productores nacionales es la infraestructura. El Ministerio de Hacienda plantea trasladar $1,5 billones que están destinados a proyectos de ciencia y tecnología para proyectos de vías terciarias como cumplimiento a los acuerdos de paz.

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El problema es que como máximo se atenderían 3.000 kilómetros, cerca del 2% de los 140.000 kilómetros de vías terciarias que requieren atención y que por orden del Gobierno, son responsabilidad de los regionales que, nuevamente, se quejan de falta de recursos para esta causa.

“Por cada peso que dejamos de invertir en mantenimiento vial, debemos gastar entre $9 y $10 en reparación. Lo que quiero decir es que la oportunidad, la forma como se toman las decisiones sobre en qué invertir son importantes” para evitar que las inversiones continúen siendo para reparar situaciones que no se previeron, señala el director de la FND.

Los gobernadores también se quejan de la falta de recursos para mantener en buenas condiciones sus cárceles, que además en muchos casos sufren de hacinamiento, tienen recursos limitados para los programas nacionales de atención a infancia y adultos mayores y la tan prometida implementación de la paz es un proyecto claramente centralizado para el que además se propone la creación de un Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) nacional.

“Las decisiones principales se toman desde el Gobierno Central, desde Bogotá y los gobiernos regionales se terminan enterando cuando ya se está ejecutando el proyecto”, añade Olano.

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Si se aprueba el Ocad Paz, debería ser una "bolsa común" de recursos que recibiría el 7%, es decir cerca de $400.000 millones anuales, del Sistema General de Regalías por 20 años y para garantizar que no se reduzcan notablemente los giros de regalías que reciba cada municipio, los aportes al Fonpet se reducirían de 10% a 7% y la "nueva bolsa común" recibiría también un 7% de los aportes.

Pero ahí está uno de los reparos más recurrentes de los alcaldes municipales y gobernadores: los Ocad necesitan un revisión pues hacen lento el proceso de selección de los proyectos a financiar y en algunos casos incluso hay propuestas que están en fila desde el 2012.

“No es posible que el Ocad no acepte, no reciba, no sea capaz de tramitar proyectos que realmente beneficien a la ciudadanía. Pero la solución que se pretende sí que es totalmente en contravía porque es borrar toda la experiencia y el diagnóstico de la problemática que existe y que ya se sabe dónde están los cuellos de botella, y ponerlo en un Ocad nacional”, señala el director de la FND.

A esto deben sumarse el Banco de Excelencia, que no tiene recursos ni para su adecuada implementación y la gestión de riesgos regionales con 14 millones de colombianos que viven en zonas de alto riesgo.

“Lo que uno ve son promesas incumplidas permanentemente y eso asfixia a las comunidades, eso deteriora la credibilidad del gobernante regional y hace que le pierdan la confianza en sus comunidades”, puntualiza Olano, quien además dice que la solución está en construir unas comunicaciones “transparentes” entre el Gobierno Nacional y los regionales.

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