| 6/23/2006 12:00:00 AM

Las cuentas del gobierno

La crisis de los mercados financieros se sentirá también en las cifras fiscales de la Nación. Los buenos resultados de los años anteriores no se repetirán.

Después de dos años de excelentes resultados en materia fiscal por cuenta especialmente de una coyuntura externa muy favorable, en los que se logró incluso un déficit consolidado de 0% en 2005, este año volverán las cifras en rojo y se empezarán a sentir los costos de haber pospuesto los ajustes.

En la revisión del Plan Financiero de 2006 que acaba de presentar el gobierno por medio del CONFIS (Documento Asesores 04/2006), se proyecta un déficit fiscal consolidado de 1,5% del PIB para el año, inferior al 2,0% del PIB previsto inicialmente, pero superior al 0% obtenido en 2005.

La corrección hacia abajo en el monto del déficit consolidado obedece a los mayores recaudos tributarios obtenidos en el año, especialmente por renta, así como por mayores recaudos externos por el lado de las importaciones. De igual forma, en este ajuste contribuye el superávit de Ecopetrol, mejor de lo esperado, gracias a que el precio de referencia el WTI, que fue proyectado inicialmente en US$55 por barril, es ahora de US$71 por barril.

En las cuentas fiscales para bien o para mal, Ecopetrol juega un papel determinante. En la actual coyuntura de precios elevados del crudo, el aporte de esta entidad a las finanzas públicas ha sido significativo. Las transferencias a la Nación por cuenta de impuestos de renta y dividendos pasaron de $2,18 billones en 2005 a $3,20 billones en 2006, mientras que las regalías corrientes pasaron de $2,84 billones a $3,74 billones.

No obstante los incrementos en los ingresos y las mejores cifras de Ecopetrol que reducen el déficit consolidado del 2% del PIB previsto a 1,5%, el déficit del gobierno central solo se reduce de 5,2% del PIB a 5%. Es decir, el país continúa con un desequilibrio en el gobierno central que no es sostenible y que se esconde detrás de los buenos resultados de Ecopetrol y de otras entidades en el consolidado.

Gobierno central

Para este año, el gobierno central tiene previstos ingresos por $53,68 billones (17,3% del PIB) y gastos por $69,07 billones (22,2% del PIB). A estos gastos hay que sumarle el costo de la reestructuración del sistema financiero por $1,18 billones, con lo cual las necesidades de financiación del gobierno central para el año llegan a $16,57 billones, equivalentes a 5,3% del PIB. Esto es lo que el gobierno tiene que conseguir en los mercados para financiarse y poder operar.

Por el lado de los ingresos, hay que destacar los mayores recaudos, debido al buen comportamiento de la actividad económica; pero también porque el valor de la sobretasa a cargo de los contribuyentes este año es del 10%. Otro factor para considerar en los ingresos son los recaudos externos que han aumentado por cuenta de los aranceles de las importaciones que están creciendo al 25% anual, así como por el IVA externo. Ni la sobretasa del 10% ni los recaudos arancelarios son sostenibles en el tiempo.

Por el lado de los gastos del gobierno central, vale la pena destacar el aumento de los intereses este año, en parte por la devaluación del peso y en parte por la mayor colocación de TES el año anterior. Pero lo que verdaderamente vale la pena mirar con cuidado es el monto de la transferencia que debe hacer el gobierno central al Seguro Social para el pago de las pensiones, la cual asciende a $13,05 billones, equivalentes a 4,2% del PIB. Esta cifra es 15,3% superior a la del año anterior, debido al crecimiento vegetativo de los pensionados (9,8%) y al ajuste de las mesadas en 5,8%. Es decir, el gran peso del desequilibrio de las finanzas del gobierno central está en las pensiones.

La inversión, por su parte, asciende apenas al 1,7% del PIB, y está concentrada en el proyecto del plan de infraestructura vial "2.500 kilómetros" y en los sistemas de transporte masivo integrado de Barranquilla, Cali y Pereira.

No es nada despreciable el hecho de que mientras el gobierno destina el equivalente al 4,2% del PIB para el pago de las pensiones del sector público, los recursos para la inversión sean solo de 1,7% del PIB en un momento en el que el país va a tener que enfrentar el reto de la competencia que impondrá el TLC con Estados Unidos.

Para poder funcionar, el gobierno debe financiar $16,57 billones (5,3% del PIB) en 2006. Adicionalmente, debe pagar deuda por $19,71 billones (6,3% del PIB), $15,03 billones para la amortización de deuda interna y US$1.972 millones de deuda externa y debe además cancelar $1,06 billones del rezago presupuestal. La suma de todo lo anterior es de $37,35 billones equivalentes a 12% del PIB.

Para financiar este gasto, el gobierno tendrá que recurrir a colocaciones de TES en el mercado interno por $23,72 billones y a recursos externos por $5,05 billones, los cuales provendrán de la banca multilateral. Los demás recursos vendrán de las utilidades del Banco de la República, las privatizaciones, los ajustes de causación y los recursos provenientes de las operaciones de prefinanciamiento por US$523 millones que se llevaron a cabo en 2005.

El tema crítico en este momento, debido a la coyuntura reciente en el mercado interno, es el de los TES. Dadas las enormes pérdidas que han sufrido los tenedores de estos papeles por cuenta del aumento de los intereses de la deuda pública y de la caída de su precio, es muy posible que el gobierno encuentre que hay poco apetito por parte de los inversionistas y deberá entonces pagar mucho más para poder colocar los TES que aún tiene pendientes.

Al 12 de junio, el gobierno había colocado TES por $13,60 billones, equivalente a 57% del total. Le faltan $10,19 billones para el resto del año, entre subastas y operaciones forzosas y convenidas. Las subastas —en las que posiblemente enfrentará problemas— ascienden a $4,0 billones.

Las finanzas públicas en su resultado consolidado se han visto favorecidas también por el excelente comportamiento de las regiones. En 2004, las entidades territoriales arrojaron un superávit de 1,1% del PIB, gracias a que ese año —al ser el primero de gobierno—, la inversión se redujo 20%. De igual forma, el ajuste por el lado de los gastos que la ley 617 de 2000 les impuso a estas entidades se ha traducido en el mejoramiento considerable de sus finanzas. No obstante, desde ese año, la tendencia ha ido cambiando a medida que ha aumentado la inversión. En 2006 se espera un superávit de 0,5% del PIB para el sector de regiones y locales, inferior en 0,3% del PIB al del año anterior.

Los últimos años han sido positivos para las finanzas públicas, gracias a la sumatoria de una serie de eventos. Por un lado, la coyuntura externa de altos precios del petróleo ha llevado al aumento considerable de los ingresos del gobierno representados en mayores dividendos e impuestos de renta, a pesar de la caída en la producción y, por tanto, en las exportaciones. De otro lado, la revaluación del peso ha contribuido a reducir los intereses de la deuda, a la vez que la sobretasa del impuesto de renta ha aumentado los recaudos tributarios del gobierno central. Además, la manera como en este momento se están asignando las transferencias que la Nación debe hacer a las entidades territoriales favorece ayuda también a los resultados fiscales.

Cuando esta termine a finales de 2007 y desaparezcan las situaciones coyunturales que han ayudado a mejorar los resultados fiscales en los últimos años, el país sentirá el costo de no haber hecho los ajustes.

El gobierno debe comprometerse con sacar adelante la reforma tributaria estructural y no dar más largas al tema. Debe igualmente sacar adelante la ley de transferencias.

El tiempo ya no está de su lado.
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