| 3/28/2015 8:00:00 AM

¿Estaría en riesgo la seguridad alimentaria de Colombia?

Según la SAC, la falta de seguridad jurídica a la propiedad de la tierra en Colombia amenaza la competitividad y la producción en los precios de los alimentos.

Las estrategias proteccionistas al sector rural han arrojado excelentes resultados en diferentes países como Ecuador en donde la industria ha sentido el apoyo del Gobierno generado empleos formales, tejido social y desarrollo económico.

Es ese tipo de respaldo el que los agricultores colombianos vienen demandando de parte del Gobierno nacional desde hace años para poder encarrilar la locomotora del agro en las vías del desarrollo económico.

De acuerdo con la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, el retiro del proyecto de Ley 133, “Por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico”, es motivo de profunda preocupación en el sector productivo agropecuario.

Por tal motivo el gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para que manifieste una decidida voluntad política y dé claridad jurídica a la propiedad de la tierra.

“Está en juego la seguridad alimentaria de Colombia y sería imperdonable que se deje pasar la oportunidad de desarrollar una zona que ha sido reconocida como la despensa económica del país. No hay mejor política social que desarrollar el campo para garantizar alimentos a precios competitivos para todos los colombianos y reducir la proporción de gasto de la canasta familiar que los estratos más desfavorecidos destinan en alimentos”, expresó Rafael Mejía, presidente de la SAC.

El dirigente gremial asegura que las equivocadas interpretaciones a la Ley 160 de 1994 ponen en riesgo la propiedad de más de 620.000 predios en el país; además cree que es momento de repensar las restricciones a la producción que impone un modelo basado en el concepto de Unidad Agrícola Familiar, UAF, una medida inflexible que limita la inversión en el campo y condena al pequeño productor a la pobreza.

Por otra parte, la SAC aclara que los empresarios de la agroindustria no están interesados en que les sean adjudicados baldíos y comparten la visión de que estos terrenos de propiedad de la nación, sean adjudicados prioritariamente a los campesinos.

La SAC confía en que el gobierno adopte una Política Agraria de Estado y que el nuevo proyecto de ley pendiente por discutir con el sector privado y de radicar en los próximos días, zanje definitivamente las discusiones alrededor de la no retroactividad de la aplicación de la Ley 160 de 1994 y que reconozca que en regiones como la Orinoquia, donde se requieren altas inversiones de capital privado, se puedan adelantar proyectos productivos a gran escala.
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