La receta de Santos

Los siete puntos que componen el plan de choque para reanimar la economía en el corto plazo, anunciados por el ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, durante la Asamblea de la Andi el pasado 17 de agosto, reflejan la angustia que tiene el gobierno ante la difícil coyuntura económica. El paquete de medidas beneficiará a un amplio espectro de sectores y grupos, entre los cuales se encuentran los desempleados, las entidades territoriales, las entidades financieras, la salud pública, los constructores, los pobres y los empresarios.

El Ministro pasó una totuma por las diversas entidades del Estado recogiendo desde iniciativas a media marcha, como la lenta ejecución del componente de inversión social del Plan Colombia, hasta medidas trilladas como la reducción de las tasas de intermediación del Emisor. Pero también lanzó reformas ambiciosas y audaces como anunciar una reforma laboral por decreto. Para que las iniciativas tengan el impacto deseado, sobre todo a corto plazo, se necesita que cuenten con intervención y apoyo presidencial y hasta ahora este no ha sido el caso.



Cabe esperar que cinco de los siete puntos del plan tengan un alto impacto en el corto plazo (ver recuadro y una tabla detallada en www.dinero.com). Pero lo cierto es que la propuesta con mayor potencial y repercusión, la reforma laboral por decreto, tiene poca probabilidad de salir adelante y, por ende, poco contribuirá en aliviar la situación actual. La reforma está siendo concertada con los sindicatos, el sector menos interesado en la misma y el que actualmente tiene el poder de decisión sobre su futuro. Por tanto, a estas alturas es claro que al plan del Ministro le falta un Presidente que apoye este tipo de medidas impopulares y difíciles de sacar adelante.



Si bien es cierto que otorgarle mayor flexibilidad al mercado laboral no es la panacea para acabar con el drama de los 2'858.000 desempleados, lo cierto es que a finales de los años 90 nuestro país ocupaba el deshonroso lugar 30 entre 36 países, en un trabajo del premio Nobel en Economía James Heckman y Carmen Pagés, en cuanto a inflexibilidad del mercado laboral. La gráfica ilustra que la reforma laboral de 1990 (Ley 50) fue insuficiente para alcanzar siquiera el promedio latinoamericano. Un régimen que confiere excesiva estabilidad a los trabajadores es un obstáculo para la generación de nuevos empleos. Pero menor estabilidad no les conviene a los que ya están ocupados. Esto lo saben bien nuestros sindicatos (ellos tienen sus puesticos asegurados) y, por tanto, es iluso pensar que ellos llegarán a estar de acuerdo con una mayor flexibilidad.



Sin embargo, nuestros empresarios demandan la reforma hace tiempo. Técnicamente es buena, a pesar de que carece de un mecanismo de seguro de desempleo que compense la reducción en el tope del salario integral y ayudaría a reducir la tasa de desempleo. Un trabajo publicado en Coyuntura Social de Fedesarrollo discute una reforma al régimen laboral similar a la propuesta por el gobierno (ampliación en la jornada laboral, reducción de los costos de horas extras y dominicales, reducción en el costo de despido y facilitación en la contratación de más empleados) y concluye que podría generar unos 161.000 empleos adicionales por una vez y otros 160.000 repartidos entre los primeros años de la reforma. En la coyuntura actual, esta reforma beneficiaría sobre todo a las mujeres y jóvenes en busca de trabajo.



Otra medida que requiere el apoyo decidido del gobierno para tener efectos significativos es el llamado empujón a la construcción. Este acuerdo será apenas un empujoncito, si no se reglamentan y se vuelven operativas las numerosas iniciativas que forman parte del mismo, tales como acelerar el complicado proceso de desembolso de subsidios del Inurbe y reglamentar el esquema de ahorro de fomento a la construcción.



Tres medidas de alto impacto



El plan del ministro Santos contempla tres medidas que tendrán un alto impacto sobre sectores actualmente en crisis y sobre la población más pobre del país. La primera se relaciona con los recursos que se destinarán al pago de las deudas que tienen las entidades territoriales (ET) con los bancos comerciales. Este "bail-out" o salvataje quedó en el artículo 133 de la Reforma Tributaria (Ley 633/00) e implica el giro directo y por una sola vez de $680.000 millones provenientes del Fondo de Estabilización Petrolera (FAEP) a las entidades financieras con cartera de las ET. Si el pago de deuda por parte del gobierno central libera recursos en los presupuestos de los departamentos y municipios, de acuerdo con la ley estos podrán dedicarse únicamente a inversión (no funcionamiento) y siguiendo el espíritu de la ley de responsabilidad fiscal territorial (ley 617/00).



La segunda tiene que ver con la adición presupuestal por $477.000 millones para el sector salud que beneficiará a los trabajadores y proveedores de hospitales públicos. Esta adición se hizo recortando otros gastos y debido a que entra al Programa Anual de Caja (PAC), los pagos se podrán ejecutar de manera inmediata y por ende aliviarán la crisis del sector. Estos pagos tienen el beneficio adicional de que reducen el rezago presupuestal del gobierno.



La última medida con alto impacto será la ejecución acelerada del componente de inversión social del Plan Colombia. El ministro Santos les llamó la atención a las entidades involucradas, en particular al Fondo de Inversiones para la Paz, la Red de Apoyo Social y el Findeter, ya que en lo corrido del año se han ejecutado apenas $79.000 millones de $570.000 millones disponibles (estos fondos provienen de entidades multilaterales y de los bonos de paz). La mayor parte se irá para el plan que a la fecha ha tenido mayor éxito, conocido como Familias en Acción, el cual entrega subsidios directos a los más pobres (clasificados bajo el Sisben 1) y, por tanto, tiene un alto impacto social. Por ejemplo, mejora directamente problemas de nutrición y actúa también como un seguro de desempleo focalizado sin ser tan costoso como otras alternativas.



Concluyendo, el plan Santos cuenta con algunas medidas que se llevarán a feliz término este año y tendrán un impacto directo sobre diversos sectores y grupos. Si los demás aspectos fracasan por su inacción, el presidente Pastrana será duramente juzgado al realizar el balance de su gestión en agosto de 2002. No es la primera vez que Pastrana deja de ejercer el liderazgo que requieren la economía y el país. En este vacío, el ministro de Trabajo se ha dado el lujo de exigir la concertación de la reforma con los sindicatos, quedando bien con todo el mundo, al mismo tiempo que hunde la reforma. Si el Presidente no aboga ahora por los desempleados, hace valer su autoridad ante los sindicatos y cambia el mecanismo de negociación para ganar apoyo político para la reforma, el país seguirá padeciendo altos niveles de desempleo. Los intereses de unos pocos no pueden seguir primando sobre la reducción de la pobreza de millones de colombianos.