| 9/30/2011 7:50:00 AM

La papa caliente

El nuevo ministro del Medio Ambiente, Frank Pearl, tendrá que buscar una solución a los requerimientos de las comunidades, la legislación ambiental y la necesidad de desarrollar la infraestructura.

Los parajes de Citronela y Loboguerrero, próximos al trazado de la doble calzada Buga-Buenaventura, en el Valle del Cauca, serían hoy día un escenario perfecto para el trabajo de campo de los antropólogos. Allí han venido surgiendo comunidades indígenas y afro-descendientes de las cuales no existía hasta ahora memoria en los libros especializados, pero que cuentan con unas formas de organización que les han permitido el reconocimiento expedito de sus derechos como minorías étnicas por parte del Ministerio del Interior.

El Consejo Comunitario Citronela, con aldeas próximas a Buenaventura, y la comunidad Córdoba San Cipriano, dos de ellas, decidieron recientemente darle la cara a la civilización, no solo para reclamar derechos sobre territorios que históricamente se suponían de los Nasa-Kiwe y de los Chami-Aizama –estos últimos parientes cercanos de los Emberá– sino para negociar con el Instituto Nacional de Vías (Invías) los beneficios sociales que se derivarán de la construcción de una obra de infraestructura considerada vital para elevar la competitividad de la economía nacional.

Junto a las exigencias ambientales, las consultas a las comunidades que pudieran verse afectadas por la ejecución de los grandes proyectos de infraestructura que se adelantan en el país se están convirtiendo en algunos casos en verdaderas talanqueras para la realización de las obras. Y, en otros, de acuerdo con investigaciones judiciales, podrían estar amparando maniobras oportunistas.

Esta será una de las papas calientes que tendrá que llegar a resolver pronto el nuevo ministro del Medio Ambiente, Frank Pearl.

El derecho de las cosas

La ley hace forzoso convocar a las comunidades a consultas previas, pues de otra manera no habrá licencias ambientales y cada día de retraso elevará sus costos, estimados inicialmente en $700.000 millones. De acuerdo con el Observatorio de Infraestructura del Valle del Cauca, existe también una especie de pugnas tribales que dificultan los acuerdos. Por ejemplo, la comunidad de la Esperanza eligió dos juntas comunales, cada una de las cuales reclama su condición de autoridad única.

Según el consorcio Gómez-Cajiao, interventor de la megaobra Buga-Buenaventura, el conflicto será dirimido por el Ministerio del Interior, pero la decisión que se tome no tendrá incidencia alguna sobre los trámites de la licencia ambiental, solo servirá para determinar con quiénes hay que negociar en el escenario de la consulta previa. “Por esta razón, las obras en tramos clave para la construcción de dos viaductos están retrasadas”, dice María Claudia Álvarez, directora de la Seccional Occidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

El Instituto Nacional de Concesiones (Inco) también ha hecho su propio seguimiento y mantiene actualizada la información sobre avances de las obras, retrasos y eventuales conflictos que enfrentan las obras de infraestructura (ver recuadro).

Diana Espinosa, presidente de Ambiotec, firma especializada en consultoría ambiental, sostiene que se replica el mismo fenómeno de surgimiento de comunidades que reclaman derechos en las zonas donde avanzan obras como La Ruta del Sol y la Vía al Mar. Ella y otros expertos echan de menos la existencia de una política de Estado que sirva para dirimir la tensión entre el ambiente y el desarrollo.

Pensar en el verde

Del otro lado están quienes consideran que la pugna entre ambiente e infraestructura se ve estimulada además por la pobre planeación de las obras y la endeble estructuración de los proyectos. “Hay un botón para la muestra: durante una reciente rueda de negocios con empresarios brasileros, funcionarios del gobierno colombiano presentaron un proyecto para la construcción de un puerto en Bahía Cupica (Chocó), que costaría unos US$1.200 millones. Pero no les dijeron a los posibles interesados en construirla que en el área en donde se proyecta ejecutar hay reservas naturales y un parque nacional que es considerado intangible”, comenta Marco Fidel Vesga, ingeniero ambiental y consultor privado.

Si no hay una solución previa que consulte tanto los requerimientos de las comunidades, la legislación ambiental y la necesidad del desarrollo de la infraestructura, se seguirán presentando este tipo de desbalances. Según un miembro de los equipos de empalme que le preparan un informe panorámico al nuevo Ministro del Medio Ambiente, el país no puede exponerse a “concebir utopías” como las que se produjeron durante el gobierno Uribe, cuando los más altos funcionarios del sector Transporte presentaron un proyecto de interconexión vial con Panamá sin reparar por un momento en las barreras naturales que protegen la biodiversidad de las selvas del Darién.

Por eso, el nuevo Ministro deberá incorporarse al equipo que conduce la locomotora de la infraestructura para evitar que los choques de intereses terminen de sacarla del camino.
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