La madre de las reformas

El 30 de diciembre pasado, el Gobierno Nacional emitió un decreto con el que empezó una nueva etapa en la economía nacional. Se trata del acto administrativo que define transitoriamente la nueva distribución que tendrán las regalías en el país.

La noticia pasó como un hecho más dentro de las celebraciones de Fin de Año y Reyes. Pero realmente se trata de un cambio sin precedentes en la historia nacional. El decreto sirve de marco jurídico mientras sale la ley reglamentaria que quedó pendiente de conciliación en el Congreso para marzo próximo.

La norma del gobierno Santos distribuye $8,3 billones correspondientes a los recursos que recibirá el país en 2012 por la explotación minera y petrolera que está en pleno auge. Son por lo menos US$4.500 millones, el nivel más alto de regalías que se haya repartido en cualquier momento de la historia nacional.

¿Qué cambió? ¿Cómo quedó el nuevo marco regulatorio de las regalías? ¿A quiénes va a beneficiar? Son algunas de las preguntas que se hacen hoy en las regiones, las principales afectadas con la medida.

El primer cambio radical implica que las regalías serán liquidadas anualmente al comienzo de cada vigencia, con un presupuesto propio y con destinación específica. Aquí empieza a ponerse en evidencia la revolución, porque dentro de los $8,3 billones se destinaron recursos para ciencia y tecnología ($790.441 millones); desarrollo regional ($657.753 millones); fondo de compensación regional ($1,3 billones); fondo de ahorro y estabilización ($1,58 billones); ahorro pensional territorial ($790.441 millones) y la recuperación del río Magdalena ($41.384 millones).

Igualmente, hay que contabilizar los $331.000 millones que financiarán la administración y vigilancia de todo el sistema de regalías. Eso incluye recursos para la Agencia Nacional de Minería, el Departamento Nacional de Planeación y la Contraloría General, entre otros. La carga de profundidad está en que, por primera vez en la historia del país, todas las regiones tendrán su tajada del pastel de las regalías. Esto es lo que ha puesto con los pelos de punta a muchos. Por ejemplo, está presupuestado que Quindío recibirá $53.000 millones este año para destinarlos a los rubros ya mencionados. Bogotá contará con $154.000 millones y así ocurrirá con los 33 departamentos. Esto es un capítulo inédito.

La contraparte son las regiones que tradicionalmente recibían la mayor parte de las regalías. Un ejemplo es Meta, que en el año que va entre noviembre de 2010 a octubre de 2011 recibió $1 billón. Para 2012, se espera que siga recibiendo lo mismo. Así pues, las regiones que tradicionalmente recibían recursos tendrán que empezarlos a compartir con el resto del país. Literalmente, nadie se quedó por fuera. De tal manera, la afirmación del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, en el sentido que la nueva ley permite “repartir la mermelada en toda la tostada” es bastante acertada y es un gran logro del nuevo esquema.

Pero es necesario mirar otros factores para llegar a una conclusión. Uno de ellos es el sistema para la asignación de recursos. Ahora los dineros de regalías serán adjudicados a proyectos de desarrollo que definan los cuerpos colegiados. Se trata de instancias creadas por la ley en las que habrá representantes de los municipios, de los departamentos y del Gobierno Nacional. Serán estas nuevas instancias las encargadas de definir a dónde deben ir los recursos.

Para Julián Pertuz, experto en temas petroleros y de regalías y ex contralor Delegado para Asuntos Energéticos, esta decisión cambia totalmente los criterios con que se repartían las regalías en el esquema anterior. “Es volver a centralizar las decisiones sobre estos proyectos, porque realmente el objetivo era evitar que se siguieran despilfarrando los dineros como ocurrió en muchas partes del país”, explica.

Por su parte, Gilberto Toro, presidente de la Federación Nacional de Municipios, asegura que en muchos municipios del país quedó un sabor agridulce con la nueva ley reglamentaria. Por ejemplo, los municipios están preocupados porque la norma establece que con las regalías solo se podrán ejecutar proyectos financieramente viables. Esta norma todavía está pendiente de conciliación en el Congreso, proceso que ocurrirá en marzo próximo. “En el caso de una escuela o un sistema de alcantarillado para un municipio ¿qué sostenibilidad financiera van a tener? ¿Cómo le genera uno flujo de caja a un proyecto de esas características, que únicamente busca prestarle un servicio a la comunidad”, se pregunta Toro, quien cree que esa es solo una forma de apostarles a los grandes proyectos nacionales o regionales, dejando a un lado las iniciativas locales. Igualmente, se queja porque la decisión final sobre los proyectos necesarios no tendrá como fundamento las prioridades regionales, sino la mirada de los centros de poder. “Los proyectos de los fondos de inversión y compensación tienen una gran injerencia del Gobierno Nacional en su aprobación”, añade.

Sin muchos aspavientos, el país entró en una nueva era en materia presupuestal. Es claro que el nuevo sistema genera más equidad, pues todas las regiones del país van a recibir su tajada de las regalías. Falta ver cómo operarán los famosos cuerpos colegiados que definirán el destino de los recursos.

Lo que sí es cierto es que gracias a la nueva ley, el gobierno Santos logró la reforma más importante en la historia presupuestal del país; por el monto de los recursos involucrados (casi US$4.500 millones al año, cifra que irá aumentando en cada vigencia durante la próxima década), esta podría ser la verdadera revolución de desarrollo en Colombia.