| 5/28/2010 12:00:00 AM

La economía que deja Uribe:promesas vs. avances

Fueron ocho años de aciertos, pero también de desaciertos. El avance en los indicadores sociales está lejos de cumplir los objetivos trazados y el país se aleja del cumplimiento de las metas propuestas para 2019.

El balance de la gestión de los dos gobiernos de Álvaro Uribe deja un sabor agridulce. Por una parte, la situación de la economía es mejor hoy a la que se vivía en el año 2002, cuando el país aún pasaba por la crisis más profunda en casi un siglo. La inversión volvió a creer en Colombia y se logró que el país regresara a figurar en los mapas de los inversionistas globales, como un lugar interesante, seguro y con buenas perspectivas de crecimiento.

Sin embargo, es igualmente cierto que la agenda quedó inconclusa en muchos frentes y que el periodo de auge de la economía internacional, entre 2003 y 2008, no fue aprovechado para tomar acciones decisivas que transformaran la perspectiva en términos de competitividad y generación de empleo. Se dejó pasar una coyuntura externa extraordinariamente favorable, sin tomar decisiones críticas que podrían haber mejorado en forma sustancial las posibilidades de largo plazo del país.

Una mirada a los resultados de la era Uribe muestra que, si bien el país avanzó, solamente logró mantener estable su posición en la carrera por la competitividad internacional, pues otros países también avanzaron. Al mismo tiempo, el desempleo se acomodó en un nivel extraordinariamente alto y la deuda social permanece. La agenda del próximo Presidente de la República deberá incluir iniciativas audaces en este frente para progresar en ese terreno.

¿Cómo fue?

En los ocho años de gobierno del presidente Álvaro Uribe, la economía colombiana pasó por tres momentos muy diferentes.

El primer año fue muy difícil y de bajo crecimiento (2,5%), mientras arrancaba la administración, se ponía en operación la política de seguridad democrática y se trabajaba en la restitución de la confianza de los inversionistas en el país.

Luego siguieron seis años de expansión económica, entre 2003 y 2008. La consolidación de la política de seguridad ocurrió en forma sincronizada con la expansión de la economía mundial. En esos años, la economía colombiana creció a una tasa de 5,8% anual en promedio, con un pico de 7,5% en 2008.

Al cierre de la era Uribe, el país ha vivido dos años de estancamiento, producto de la crisis financiera internacional, así como de los problemas con los países vecinos y del agotamiento del modelo económico. En 2009, el crecimiento se desplomó, llegando a 0,4%, mientras se espera que en 2010 esté entre 2,5% y 3%. Este nivel está muy por debajo del crecimiento esperado para los países emergentes (6,8%), los latinoamericanos (4,9%) y la economía mundial (3,6%) en el presente año.

Por su parte, la Inversión Extranjera Directa (IED) creció casi cuatro veces en la era Uribe, al pasar de US$2.134 millones en 2002, a US$7.201 millones en 2009. Se espera que en 2010 llegue a US$10.000 millones. La expansión de la inversión se concentró en petróleo, donde aumentó de US$449 millones, a US$4.568 millones, y en minas y canteras, donde pasó de US$466 millones, a US$3.089 millones. El crecimiento de la IED en los demás sectores fue de apenas de US$1.000 en ese mismo periodo.

La pregunta es, ¿por qué, a pesar de los buenos resultados de crecimiento económico y aumento en la inversión extranjera directa, las perspectivas de crecimiento de Colombia están por debajo de las de países como Chile y Perú? Son varias las razones.

La primera tiene que ver con el frente fiscal. Los años de expansión económica y de altos recaudos tributarios no se aprovecharon para hacer los ajustes necesarios en ese frente. Hoy, los déficits fiscales proyectados para 2010 (el déficit consolidado de 3,8% del PIB y el déficit del gobierno central de 4,5% del PIB) son prácticamente iguales a los que registró el país en el año 2002, al comienzo de la administración Uribe. Esos estimados fiscales, además, consideran una venta de Isagen en cerca $3 billones, que formaba parte de las fuentes de financiación. Sin embargo, el Gobierno decidió finalmente no vender Isagen, de modo que el déficit será muy superior. Habrá que buscar la forma de financiar la diferencia. Si esto se hace en el exterior, al monetizar los recursos presionaría el tipo de cambio; mientras que si se financia internamente, la presión sería sobre la tasa de interés. Cualquiera de las dos opciones afectará las posibilidades de crecimiento de la economía.

Los años de bonanza no fueron aprovechados para avanzar en forma decidida en la competitividad internacional del país. Muchas de las inversiones en obras de infraestructura que el país necesita para competir se aplazaron y únicamente en el último año se decidió avanzar en las mismas, como parte de una política anticíclica orientada a contrarrestar los efectos negativos de la crisis financiera global. El resultado, sin embargo, no es positivo. Se ha actuado de forma improvisada y en las últimas semanas el Conpes ha aprobado recursos de vigencias futuras para obras que no son las prioritarias (ver pg. 44). Obras fundamentales, como la navegabilidad del río Magdalena y la ampliación y actualización de la vía férrea, ni siquiera formaron parte del programa del Gobierno.

Tampoco se avanzó en otras áreas fundamentales para la competitividad, como la inversión en ciencia y tecnología.

En el frente externo, y debido a la presión de los grupos de interés, se perdió la oportunidad de avanzar en la aprobación del TLC con Estados Unidos, cuando era posible hacerlo. Al firmarse el acuerdo ya era demasiado tarde y hoy Colombia sigue esperando su aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos. Entretanto, Perú y algunos países centroamericanos, entre otros, ya tienen TLC con Estados Unidos.

El comercio con Venezuela y Ecuador, segundo y tercer socios comerciales de Colombia, respectivamente, se desplomó por razones políticas, sin que el país estuviera preparado para enviar sus exportaciones, especialmente de manufacturas, a otros mercados.

En suma, la posición de Colombia en el ranking mundial de competitividad es prácticamente igual a la de hace ocho años. A pesar de nuestros avances, otros países han avanzado también. Se perdió la oportunidad de ir más rápido y destacarse frente a los demás.

Continúa la deuda social

Aunque hay avances, la deuda social sigue siendo uno de los principales problemas que afronta Colombia. La viabilidad del país depende, en gran medida, de la capacidad del próximo Presidente de la República para reducirla.

Los indicadores socioeconómicos muestran mejorías ligeras frente a las metas propuestas por la actual administración, tanto en sus objetivos de corto plazo, como en el panorama de mediano plazo contemplado en Visión Colombia II centenario: 2019, una propuesta para discusión que elaboró el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en 2004.

Las cifras de pobreza, indigencia y desigualdad, publicadas recientemente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el DNP, reflejan que Colombia está prácticamente en la misma situación en que se encontraba diez años atrás.

Según estas estadísticas, casi 20 millones de colombianos, 45,5% de la población, viven bajo la línea de pobreza y 7,2 millones, más del 16% de los ciudadanos de país, viven en condición de indigencia. Por su parte, el coeficiente Gini, una medida de desigualdad que fluctúa entre 0 y 1 -donde 0 correspondería a una perfecta igualdad y 1 correspondería a una perfecta desigualdad- es de 0,578, muy cercano al que tenía Colombia 20 años atrás. Este indicador es desalentador, si se tiene en cuenta que por ese entonces la Constitución Política de 1991 buscaba, entre otras, dar prioridad a la política social para mejorar la calidad de vida de la población y reducir la pobreza.

Esta situación es alarmante a la luz de nuestra historia, pues, desde una perspectiva de largo plazo, el progreso se frenó. Después de la crisis de comienzos de los años treinta, con excepción de 1999, el Producto Interno Bruto (PIB) colombiano creció todos los años del siglo XX y su variación, al igual que la de la inflación, fue la menor entre todos los países de la región. Según datos del DNP, durante el siglo pasado el PIB se multiplicó por cien y el ingreso por habitante lo hizo nueve veces. Además, a lo largo de ese siglo, Colombia siempre cumplió con sus compromisos externos y durante la década más difícil para el continente, la de los años 80, no reestructuró su deuda externa. A lo largo del siglo XX, el país evitó los episodios de hiperinflación que afectaron buena parte de las economías latinoamericanas y el crecimiento y la estabilidad de la economía fueron la base para un significativo mejoramiento en los indicadores sociales.

Fue así como, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer de los colombianos subió de niveles inferiores a 40 años, a comienzos en la primera década de 1900, a 72 años en la actualidad. Así mismo, la tasa de mortalidad infantil cayó de 204 a comienzos de siglo, a 24 a inicios del nuevo milenio; el analfabetismo pasó en este periodo de 58% de la población a 7,6%. En cuanto a educación, hacia 1950 los colombianos mayores de 15 años sumaban, en promedio, 2,2 años de educación y en cinco décadas pasó a 7,6 años.

Otros países de la región lo han hecho mejor. Por ejemplo, a pesar de que el ingreso per cápita se multiplicó por nueve en el último siglo en Colombia, este era de solo US$2.208 en 2004, cifra inferior a la de países como Chile. De forma similar, en el siglo XX la esperanza de vida al nacer se incrementó en 35 años, pero aún estamos cuatro años por debajo de Chile y Costa Rica. Según el DNP, la pobreza, medida con los subsidios que reciben las familias a través de los programas sociales, puede ser menos de la mitad de lo que era hace medio siglo, pero es aún superior a la de Chile y a la de Brasil. La distribución del ingreso es una de las peores del mundo.

De acuerdo al documento Visión 2019, la meta es duplicar el tamaño de la economía antes del año 2019. Para lograrlo, se estimaba una tasa de crecimiento del PIB de 5% a partir de 2010 y de 6% por año a partir de 2014. Estas metas, a la luz de la realidad actual, lucen difíciles de conseguir, toda vez que el crecimiento en esta tercera etapa de la administración de Álvaro Uribe está entre los más bajos de la historia del país, alcanzando el pronóstico de 2010 tan solo la mitad de lo que esperaban los expertos del DNP en 2004.

Rajados en pobreza

Sin duda, el país mostraba unos indicadores sociales muy desfavorables cuando Álvaro Uribe llegó a la Presidencia. Entre 1996 y el año 2001, fruto de la peor crisis económica en la historia, el producto per cápita en Colombia se redujo de US$2.472 a US$1.937. El número de pobres aumentó de 20,7 millones a casi 30 millones entre esos años y el número de personas en pobreza extrema, que viven con menos de US$1 al día, pasó de 7,3 millones a 10,1 millones. El número de niños que morían antes del primer año de vida aumentó de 380.000 a 550.000.

A ello habría que sumar el deterioro de los indicadores de violencia y el de aquellos con un alto impacto social, como el número de desplazados, que superaba los 300.000 por año.

Al iniciar su primer gobierno, el presidente Uribe anunció que sus prioridades serían la recuperación del orden público y la reducción de las desigualdades sociales. Desafortunadamente, el problema social continúa siendo grave en los principales temas, como educación y salud.

La proporción de personas en condición de miseria, según cálculos de la Misión para el Empalme de las Series de Mercado Laboral, Pobreza y Desigualdad (Mesep), se redujo entre 2002 y 2008, al pasar de 19,7% a 17,8%. Sin embargo, entre 2005 y 2008 la tendencia es creciente tanto a nivel nacional como para las zonas urbana y rural.

En las cabeceras municipales, la indigencia se redujo de 15,2% a 13,1% entre 2002 y 2008. En este periodo, el porcentaje más bajo se logró en 2005 (11,8%), año a partir del cual la tendencia se revierte con un aumento de la indigencia de 1,3 puntos porcentuales en el periodo 2005-2008. En el área rural también se observa un retroceso en los últimos años.

El DNP ha establecido además que la incidencia de la pobreza es mayor entre la población más joven. Así, el porcentaje de personas menores de 18 años en condición de pobreza fue alrededor de 59% en 2008, frente a una tasa de 40,8% para los que están en el rango de edad 18 a 45 años y otra de 35% para los que superan o igualan los 46 años. Por su parte, el Banco Mundial muestra que una incidencia más acentuada entre la población más joven implica una mayor probabilidad de transmisión intergeneracional de la pobreza.

Entretanto, el desempleo se ubica alrededor del 12% actualmente y la tasa de ocupación es inferior al 52%. Un menor crecimiento de la economía se verá reflejado en tasas de desempleo más altas, incrementos en el subempleo e ingresos bajos que contribuirán a dilatar el logro de la meta de reducción de la pobreza.

En cuanto a la alimentación, la desnutrición global -una medida general del estado nutricional- afectó al 7% de los niños menores de 5 años en 2005, el año más reciente para el que se tiene información. Así mismo, para ese año, ninguna región del país presentó una tasa de desnutrición global cercana a la meta nacional de 3%.

La educación avanza, pero aún hace falta calidad

El país se ha comprometido a lograr, antes de 2015, cobertura universal en educación básica (del grado 0 a 9°). Aunque ya se cumplió la meta, existen algunos departamentos con rezagos, que requieren de mayor énfasis en las acciones. Según información del Censo General 2005 del Dane, Colombia viene presentado una nueva realidad demográfica, reflejada en un descenso de la población en edades de 0 a 10 años. Por ello, durante la última década la población entre 0 y 5 años disminuyó 7%, en tanto la población entre 6 y 10 años disminuyó en 1,2%. Cada vez son menos los niños que hay que incluir en el sistema educativo.

La evolución de la cobertura educativa ha mostrado avances importantes en los últimos años. En educación básica, Colombia aumentó 15,2 puntos porcentuales, al pasar del 93,4% en 2001, al 108,6% en 2008. La cobertura en educación básica primaria, por su parte, presentó un aumento de 7,3%.

Sin embargo, el problema es cada vez menos la cobertura y, cada vez más, la calidad. La política de ampliación de cobertura para los más pequeños debe estar encaminada hacia la continuidad del ciclo escolar de los niños que ya hacen parte del sistema, más allá de la generación de nuevos cupos escolares. Es vital que quienes acceden a la educación finalicen sus estudios a tiempo y adquieran habilidades efectivas en las áreas básicas.

En el actual contexto de menor crecimiento económico que atraviesa Colombia, será imperativo redoblar esfuerzos para atender la situación de pobreza y los riesgos de mayor desigualdad que afectan al país. Ni el positivo desempeño económico de los años 2007 y 2008, en términos históricos, ni los esfuerzos evidentes de los gobiernos de los años recientes han sido suficientes para dejar de ostentar el título de uno de los países más inequitativos de la región latinoamericana y del mundo. A futuro, además, los altos precios de los alimentos y de las fuentes de energía traerán nuevos riesgos, que podrían desestabilizar aún más los indicadores sociales. Por ello, será necesario dar un fuerte impulso a las políticas de reducción de la pobreza en los próximos años con el fin de lograr el cumplimiento de las metas para el año 2019.


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