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Dentro de los próximos planes de Carlos Slim está la fusión en Colombia de Telmex y Comcel para crear un coloso de las telecomunicaciones en el país. Ya hay quienes se preguntan si esta alianza pondría en riesgo el mercado y, al mismo tiempo, elevaría los costos de la telefonía.

Coyuntura Internacional

¿La caída de un imperio?

Una nueva multa en México contra Carlos Slim por monopolio podría empezar a marcar el fin de la hegemonía del hombre más rico del mundo en el negocio de la telefonía.

10 de junio de 2011

Desde finales de abril de este año, cuando la Comisión Federal de Competencia de México (CFC) le impuso una multa de US$1.016 millones a la compañía Telcel -propiedad de Carlos Slim-, en las oficinas del hombre más rico del mundo empezó a respirarse un aire particularmente tenso. Y no es para menos, pues se trata de una sanción equivalente a 13,2% de las utilidades obtenidas por esa organización en 2010.

El argumento de la CFC para aplicar la multa fue sencillo: según ellos, las empresas de Slim se han dedicado a monopolizar la telefonía en México. De hecho, la sanción fue el resultado de una investigación iniciada en 2006 en la que el resto de operadores de ese país (Iusacell, Avantel, Axtel, Televisa con sus filiales, Megacable y Nextel, entre otras), exigieron una reducción en la tarifas de interconexión que maneja el conglomerado de Slim.

No acababan de asimilar ese inesperado golpe, cuando los abogados del magnate mexicano recibieron otra noticia en el mismo sentido. El pasado 1 de junio, la CFC le impuso una multa de US$7,8 millones, esta vez a Telmex, la compañía estrella de Slim. La sanción tuvo que ver con el hecho de que esa operadora se negó a ofrecer un servicio de interconexión a su competidor GTM.

¿Pero cuál es el trasfondo de estas históricas sanciones? Aunque la respuesta es compleja, en el fondo tiene que ver con una guerra que se está librando entre Slim y los pesos pesados de la televisión mexicana, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas, propietarios de Televisa y TV Azteca, respectivamente. La ofensiva tiene un solo propósito: ver cuál de los dos bandos se queda con el mayor pedazo de la torta del llamado triple play, un atractivo negocio que presta en forma unificada y por la misma red servicios de teléfono, internet y televisión. Según los expertos, es un mercado valorado en US$22.000 millones.

La pelea está como para alquilar balcón. Primero, porque las multas impuestas a Telmex y Telcel dejan la sensación de que las autoridades mexicanas empezaron a ponerle freno a los emporios monopólicos, algo que podría debilitar la hasta ahora intocable hegemonía de Slim y les daría la opción a Azcárraga y Salinas, y a muchos más, de entrar a pelear con mayores posibilidades en el reparto del triple play. Y, segundo, porque el gobierno de ese país le acaba de negar a Telmex la posibilidad de ingresar al mercado de la televisión cerrada, una decisión que deja ver entre líneas que les está llegando el fin a las viejas prácticas que favorecían a los más poderosos.

En ese orden de ideas, las cosas no pintan fáciles para Slim. Y más aún si se tiene en cuenta que mientras Telmex ve cada vez más lejana su entrada a la televisión, Televisa y TV Azteca ya están participando en el sector de la telefonía móvil. Sin embargo, algunos expertos consideran que las sanciones impuestas al magnate suponen más golpes mediáticos y mensajes a la opinión pública que afectaciones reales a las operaciones de sus compañías. "Además, existen numerosas instancias de defensa que permitirían a las empresas recurrir las decisiones de estos organismos", le aseguró a la BBC Ramiro Tovar, especialista en telecomunicaciones del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Por su parte, Andrés Mejía Vergnaud, director ejecutivo del Instituto Libertad y Progreso, le dijo a Dinero que más allá de los alcances de estas multas y la pelea que se ha desatado entre los dos sectores más influyentes de México, "una economía como la de ese país, que espera insertarse en el primer mundo, no puede seguir permitiendo que un mercado tan importante como el de las telecomunicaciones siga monopolizándose". Y remata afirmando que para el desarrollo de una economía de avanzada, las telecomunicaciones son definitivas y México no puede continuar manejando las tarifas de telefonía más altas del mundo.

En ese sentido, las críticas contra Slim no son de poca monta. Tanto así que Samer Salameh, alto ejecutivo del Grupo Salinas, no entiende cómo es posible que en México un ciudadano que gana 4.000 pesos mensuales tenga que destinar 10% de su salario al servicio de telefonía móvil, controlado por las firmas de Slim.

Lo cierto de todo esto es que por cuenta de este episodio ya se están viendo las primeras consecuencias. El valor de Telmex en la bolsa mexicana cayó 6,4%, el nivel más bajo en los últimos cuatro meses. Esto podría ser el principio de un resentimiento nunca antes visto en el mercado interno de las empresas del hombre que según la revista Forbes tiene una fortuna cercana a US$74.000 millones.

Así que mientras se define esta situación, Slim tiene la mente enfocada en el mercado internacional. Dentro de su plan de expansión está la idea de crecer en los 18 países latinoamericanos en los que ya tiene presencia, pues allí podría tener mucha más apertura y competencia que en México.

Colombia no es la excepción. Por estos días, Telmex y Comcel avanzan en su proceso de integración, lo que crea rá un coloso de las telecomunicaciones en el país. Ya hay quienes se preguntan si esta alianza pondría en riesgo el mercado y, al mismo tiempo, elevaría los costos de la telefonía.

Otros, como Empresas Públicas de Medellín (EPM), dueño de UNE, han advertido la falta de coherencia en la regulación de servicios. "Para energía hay topes que las empresas no pueden superar, mientras que en telecomunicaciones no hay restricciones", dice Federico Restrepo, gerente de EPM.

El llamado entonces es para que órganos de control, como la Superintendencia de Industria y Comercio y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, agudicen su olfato para evitar que Colombia se convierta en el segundo México de Latinoamérica en materia de monopolios.