| 9/2/2016 9:52:00 AM

"Tenemos el deber legal de evitar esos daños al interés público", Jorge Pinto

El director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Jorge Pinto Nolla, habló con Dinero sobre la polémica con los empresarios por las tarifas del gas.

Dinero - ¿Por qué la CREG decidió cambiar la metodología para fijar tarifas de distribución de la CREG?

R/: La CREG no ha cambiado la metodología de remuneración de la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería. La CREG sólo ha revocado reglas puntuales, que al ser aplicadas con la información contable reportada por las empresas arrojaban resultados que no eran congruentes con el objetivo de trasladar a los usuarios  los costos eficientes de la actividad, y por el contrario, atentaban contra el principio de eficiencia económica.

D - Se ha argumentado por parte de la CREG que la información aportada por las empresas de distribución era imprecisa y no consultaba la realidad -especialmente en AOM- ¿qué los llevó a esta conclusión?

R/: Lo que ha evidenciado la CREG es que las empresas no separan adecuadamente en su contabilidad los costos y gastos propios de la actividad de distribución de gas combustible a los usuarios regulados de los costos y gastos de otras actividades, como lo ordena la Ley, por tanto, al aplicar las reglas revocadas se producía una doble remuneración de dichos costos, y el modelo de comparación establecido no lograba evitar ese efecto negativo, razón por la cual debía ser ajustado.

En efecto, el análisis de la información contable reportada por las empresas muestra que, adicionalmente a los costos y gastos propios de las actividades de distribución y comercialización a usuarios regulados, las empresas registran información de costos y gastos de otras actividades que aparecen inmersas en la información de inversión y administración, operación y mantenimiento.

Los costos y gastos de estas actividades adicionales impactan la estructura contable de las empresas, sin embargo no pueden ser reconocidas en las tarifas de distribución y comercialización de gas combustible. Es decir, los usuarios regulados no tienen por qué pagar en sus facturas costos o gastos asociados a esas actividades adicionales.

D - ¿Cambiar la metodología es la medida más adecuada? ¿consultaron otras alternativas?

R/: Al analizar las situaciones evidenciadas se consideraron las diferentes alternativas técnicas y jurídicas para corregir  los  aspectos de la metodología que requerían ajustes y se concluyó que, de conformidad con las normas legales, era deber de la Comisión revocar los aspectos que no estaban conformes con el interés público y social.

D - ¿Por qué no se hicieron correcciones puntuales a las empresas que incurrieron en imprecisiones en su información? ¿Fue todo el sector el que tuvo errores?

R/: Los análisis realizados por la CREG demuestran que es muy difícil separar en la información contable de las empresas los costos y gastos propios de la operación de las actividades de distribución y comercialización de gas combustible a usuarios regulados, de los costos y gastos de operación de otras actividades, razón por la cual esa alternativa no era técnicamente implementable en el corto plazo.

D - Si todo el sector tuvo errores, ¿esto no demuestra que hubo una falla anterior, o de formulación de la metodología, o que la base de recolección tenía problemas?

R/: Lo que se demuestra es que la CREG, al formular la metodología, partió del supuesto de que las empresas tenían el deber de contabilizar los costos y gastos propios de la actividad regulada, separados de los costos y gastos propios de otras actividades, por tanto, se podía establecer cuáles eran eficientes y cuáles no mediante una metodología de comparación entre empresas. Ese supuesto sólo se desvirtúa al hacer los cálculos preliminares de los cargos solicitados por las empresas. Estos cálculos arrojaban aumentos que no eran explicados por las mayores inversiones ejecutadas, razón por la cual procedimos a hacer un análisis profundo de las causas de la inconsistencia, encontrando la evidencia de que la información contable no está adecuadamente separada y es muy difícil separar. También se constató en este ejercicio que algunas otras reglas no daban resultados consistentes con las señales de eficiencia previamente definidas.

Ahora bien, por las mismas razones por la cuales no es técnicamente implementable en el corto plazo identificar la información de costos eficientes de la actividad regulada, no es posible identificar una a una las empresas cuya información adolece de la inconsistencia anotada, ni su magnitud.

D - Por qué después de dos años de haber iniciado el proceso de recolección de información con base en una metodología, ¿ahora toman la decisión de cambiarla?

R/: Como se señaló en la respuesta de la pregunta anterior, solo en el momento de la evaluación global de las solicitudes tarifarias fue posible alcanzar el nivel total de comprensión de los datos reportados por las empresas, en su dimensión amplia.

Sin embargo ello no quiere decir que la CREG, conociendo la posible afectación al interés general, o la vulneración de principios fundamentales del régimen de los servicios públicos, debiera pasar estas situaciones por alto. Por el contrario, de conformidad con jurisprudencia del Consejo de Estado, la Comisión tenía el deber legal de tomar las medidas que se estimaran suficientes con el fin de evitar esos daños al interés público.

D - Desde 2009 las empresa mantienen unas tarifas derivadas de una metodología que según la ley se debe revisar cada 5 años, esto implica que la tarifa ya lleva 7 años y varias empresas dicen que estas no se compadecen con los compromisos de inversiones y los cambios realizados, ¿qué opinan al respecto?

R/: Se debe hacer precisión en que en el proceso regulatorio confluyen multiplicidad de variables macro económicas, técnicas, jurídicas y de política pública que se deben coordinar con el fin de equilibrar diversidad de intereses, este ejercicio para el caso concreto de la Resolución CREG 202 de 2013 tuvo múltiples etapas dentro de las que se destacan:

Expedición de la Resolución CREG-136 de 2008, por medio de cual la Comisión de Regulación de Energía y Gas sometió a consideración de los agentes, usuarios y terceros interesados, las bases sobre las cuales se efectuarían los estudios para determinar la metodología de remuneración de las actividades de distribución y comercialización de gas combustible por redes y la fórmula tarifaria, en el siguiente período tarifario.

Posteriormente, durante los años 2009 y 2010 se presentó una escasez de gas en firme, entre otros, lo que conllevó a que el Ministerio de Minas y Energía expidiera el Decreto 2730 de 2010 “Por el cual se establecen los instrumentos para asegurar el abastecimiento nacional de gas natural y se dictan otras disposiciones”, en donde se define el mercado relevante de distribución y se estipulan reglas para expansiones de red que tengan como propósito la interconexión de dos sistemas de distribución.

No obstante, el 15 de Junio de 2011, se expidió el Decreto 2100 de 2011 “Por el cual se establecen mecanismos para promover el aseguramiento del abastecimiento nacional de gas natural y se dictan otras disposiciones”, el cual derogó el Decreto 2730 de 2010, modificando en consecuencia los lineamientos de política que habían sido establecidos.

El Decreto 2100 de 2011 estableció nuevas directrices en aspectos como: (i) la comercialización del gas natural, (ii) la atención a la demanda esencial y (iii) el régimen de exportaciones e importaciones del energético.

Mediante la Resolución CREG 090 de 2012 la CREG ordenó publicar un proyecto de resolución por la cual se establecen los criterios generales para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería.

En relación con la propuesta contenida en la Resolución CREG 090 de 2012, se realizaron audiencias públicas en las ciudades de Medellín, Cartagena y Bogotá los días 18, 22 y 23 de abril de 2013, respectivamente, y se recibieron múltiples comentarios de todo tipo de agentes y usuarios que fueron respondidos mediante documento CREG 146 de 2013.

Finalmente, en diciembre de 2013 se expide la Resolución CREG 202, como se ve, la expedición de una metodología implica múltiples pasos, muchos de los cuales requieren de la debida publicidad y derecho a la contradicción. Igualmente la Comisión debe atender los lineamientos de política que el Ministerio de Minas y Energía señala.

Así, el largo periodo de tiempo transcurrido entre una y otra metodología es consecuencia de las exigencias de estabilidad de las fórmulas y de la necesidad de procesos amplios de revisión, análisis, desarrollo e implementación de las nuevas, como lo exige la ley.

Ahora bien, respecto a la remuneración de las empresas durante todo este periodo de diseño y construcción de una metodología, la ley y la regulación sectorial tienen dispuestos mecanismos que permiten a las empresas realizar los ajustes periódicos necesarios a sus tarifas con los cuales cada empresa garantiza su suficiencia financiera.

En caso tal que las finanzas de las empresas se pongan en riesgo, las empresas tienen el derecho a  solicitar oportunamente a la CREG una revisión individual de su tarifa, lo que hasta la fecha no ha sucedido para ninguno de los mercados existentes. Por el contrario, el sector se ha expandido con la aprobación de tarifas para nuevos mercados, calculados con los criterios generales establecidos en el año 2003.

D - ¿Se está improvisando en la CREG con el tema de las tarifas de distribución? ¿Por qué hasta ahora se anuncia que se cambia la metodología?

R/: Los tiempos de revisión, desarrollo y discusión de la nueva metodología, a los que hace referencia la respuesta anterior, son evidencia de que no se ha improvisado en el proceso de desarrollo de la misma. En todo caso, la CREG tiene el deber de asegurar que las tarifas sólo trasladen a los usuarios los costos eficientes de la prestación del servicio, por tanto, si evidencia que este objetivo no se está logrando tiene el deber de analizar las causas y hacer las correcciones necesarias. Este es un ejercicio de enorme responsabilidad y la CREG siempre lo ha asumido con ese criterio.

D - Algunas empresas estudian posibles demandas por cambios en las reglas de juego, ¿cree que tienen asidero legal?

R/: La CREG está cumpliendo con su deber de asegurar que los usuarios sólo paguen los costos eficientes de prestación del servicio. No obstante, Colombia es un Estado Social de Derecho regido por normas sustanciales y de procedimiento que permiten a las personas hacer uso de múltiples recursos y acciones legales cuando consideren vulnerados sus intereses.

D - Hay versiones de que la CREG le estaría tratando de ayudar al gobierno a mantener a la fuerza las metas en materia de inflación, afectando las finanzas de los distribuidores, ¿qué opinión le merece?

R/: Todas las decisiones de la Comisión están soportadas técnicamente y ninguna de ellas obedece a motivos distintos a los establecidos por la ley. La política monetaria del Estado colombiano jamás ha sido discutida en las sesiones de la CREG.

Cabe si resaltar que la metodología vigente, con los ajustes propuestos, permite el reconocimiento de las inversiones eficientes que las empresas hayan ejecutado en los últimos años, y particularmente, reconoce las señales de inversión en expansión que se dieron en el año 2003, de manera que cualquier afirmación en sentido contrario son incorrectas.

D - Esta dilación en el cambio de metodología va a beneficiar a algunas empresas -las más grandes, que hoy tienen tarifas más altas- y va a perjudicar a otras compañías -las que tienen menor tamaño, tienen tarifas bajas y han hecho grandes inversiones, cuya tarifa podría mejorar pero se va a demorar más. ¿Existe algún cálculo de estos impactos?

R/: La CREG, antes de adoptar sus decisiones, en especial las metodologías y fórmulas generales de tarifas, hace siempre un análisis preliminar de impactos con la mejor información disponible, pero no está entre sus consideraciones para decidir los efectos que pueda tener sobre determinadas empresas, sino sobre el cumplimiento de los principios orientadores de la regulación económica, y particularmente los principios de eficiencia económica y suficiencia financiera. 

D - ¿No temen  desde la CREG que este tipo de decisiones -que algunos juzgan arbitrarias-, afecten la confianza de los empresarios del sector?

R/: En ningún caso las decisiones tomadas deben considerarse arbitrarias, por el contrario obedecen a un pormenorizado análisis económico, que arrojó las conclusiones anteriormente descritas, y que de no haberse tomado hubieran implicado una grave afectación al interés público, bien superior que no puede desatenderse bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, la Comisión, tal como se mencionó anteriormente, no puede en ningún caso, desatender sus obligaciones legales y constitucionales.

D - ¿Estos cambios en la metodología podrían extenderse a otros eslabones de la cadena? 

R/: Las decisiones tarifarias adoptadas por la CREG, obedecen a evaluaciones técnicas, financieras y económicas en cada caso particular, de tal suerte que no es posible en este momento señalar exante si en las evaluaciones de las diferentes actividades reguladas se presenten situaciones que ameriten decisiones similares.

D - Ante la gran inconformidad del sector, ¿qué fórmulas están revisando para solucionar esta situación?

R/: Los mecanismos de solución para las eventualidades presentadas ya fueron puestas en conocimiento del sector (Resolución CREG 095 de 2016), y están abiertas a los todos los comentarios que los agentes a bien tengan formular, de tal manera que se agote suficientemente el periodo de publicidad, conocimiento y el derecho de contradicción de cada uno de los interesados.

D - El columnista José Elías Melo ha dicho que algunos problemas de empresas públicas como Electricaribe se derivan de fallas en la regulación, ¿puede existir un temor similar en las empresas de gas?

R/: Es preciso advertir que Electricaribe es una comercializadora y distribuidora de energía eléctrica. El caso en comento hace referencia a la modificación de la metodología de distribución de gas combustible por red de tuberías, en este orden cada una de estas metodologías y casos tiene particularidades que no deben ser equiparadas, so pena de caer en impresiones conceptuales sustanciales.

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