Irregularidades por $100.000 millones en obras del Valle del Cauca y Manizales

La Contraloría Delegada del Sector de Infraestructura Física, a través de la Dirección de Responsabilidad Fiscal, cerró las respectivas indagaciones preliminares y dio traslado de los resultados de las mismas para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal de los dos casos, en la siguiente forma:

Se cerró la indagación preliminar por un presunto detrimento patrimonial por $93.394 millones en relación con el contrato de concesión para construir, operar y mantener la segunda calzada del tramo de carretera entre las localidades de Mediacaona y Loboguerero, que une a Buga con Buenaventura.

La Contraloría Delegada encontró que hubo desplazamiento en la etapa de preconstrucción y se afectó el modelo financiero, ocasionando un incremento de la TIR real en un porcentaje superior a la establecida, así como la disminución del tiempo para recuperar el ingreso esperado y aplazamiento en el mantenimiento periódico de la vía.

Ese desplazamiento de 7 meses en el cronograma de inversiones generó un impacto cuantioso en el modelo financiero, toda vez que ocasiona que el concesionario tenga un ingreso mayor que el previsto.

Este proyecto está bajo el control y vigilancia del INCO, hoy Agencia Nacional del Infraestructura.

Investigación sobre el Sistema Integrado de Transporte Público y Multimodal del municipio de Manizales y Villamaría- Empresa de Transporte Integrado de Manizales, TIM.

Se cerró la indagación preliminar en ese proyecto y se estableció un presunto detrimento patrimonial de $11.287 millones a la luz de un convenio celebrado por la empresa TIM con Infomanizales.

La Contraloría Delegada encontró que los bienes y equipos adquiridos en desarrollo de este proyecto no están prestando ningún servicio e incluso algunos no han sido instalados.

Se estableció que la constitución de la sociedad TIM no tuvo en cuenta las condiciones propias de la ciudad de Manizales, entre otros, el número de habitantes, e incluso desconoció lineamientos de políticas públicas hechas por el CONPES y violó normas de los decretos 170 de 2001, 143 de 2008, la Resolución 95 de 2008 y el Acuerdo 5081 de 2001.