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La contralora, Sandra Morelli, anunció investigación al Terminal de Transporte de Ibagué. | Foto: Archivo Semana

Control

Investigan Terminal de Ibagué

La Contraloría General adelanta un proceso por presunto detrimento patrimonial en la compra del lote para la nueva terminal de transporte.

24 de enero de 2014

El ente de control investiga un sobrecosto y presunto detrimento patrimonial por valor de $3.790 millones en que habría incurrido la Terminal de Transportes de Ibagué.

El presunto menoscabo fiscal se presentó por la permuta de predios de propiedad del terminal por un lote destinado a la construcción del nuevo central en la capital del Tolima.

La empresa Terminal de Transportes de Ibagué S.A., adquirió en julio de 2010 el lote número 3 Portelandía por un valor de $3.200 millones, pagando $972 millones en efectivo y entregando cuatro predios de su propiedad y las mejoras sobre otro terreno.

Sin embargo, según el Igag, los cinco predios que permutó la terminal están avaluados en $4.968 millones, que sumado al dinero entregado en efectivo ($972 millones) da un total de $5.940 millones, suma inferior a los $2.150 millones en que está avaluado el terreno que se le entregó por parte de la Sociedad Escobar y Arias S.A.

La Gerencia Departamental Colegiada Tolima de la Contraloría considera que esta situación se debió a la errada decisión de apartarse de los estudios previos a la negociación que hizo la Oficina de Planeación Municipal de Ibagué y del respectivo estudio de prefactibilidad.

El ente de control desarrolla una investigación tras recibir una denuncia sobre el tema por parte de la apoderada de un grupo de accionistas minoritarios de la Sociedad Mixta Terminal de Transportes de Ibagué, Sandra Magally Leal Siachoque.

Por otra parte, la gerencia del ente de control adelanta un proceso de responsabilidad fiscal verbal por manejo irregular de dinero en efectivo en esta misma empresa, la Terminal de Transporte de Ibagué, por parte de un ex tesorero que desapareció hace casi dos años llevándose más de $30 millones producto de la venta de gasolina de una estación adscrita a la sociedad.

El ex funcionario, que sigue desaparecido, estaba realizando un “robo continuado” de dineros de la empresa, a tal punto que el proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General de la República alcanza una cuantía superior a los $372 millones.