Altillanura está a la espera de la ley de baldíos

El tiempo pasa y aún no está claro el futuro de la altillanura colombiana, que ya había dado los primeros pasos para despegar su desarrollo, y debido a la inestabilidad jurídica y falta de reglas claras se fueron esfumando las inversiones en la región.

Caso muy conocido es el del Grupo Santodomingo que declinó de sus proyectos de Sugranel (producción de granos) y Naviagros (transporte mercancías por el río Meta). La reactivación de las inversiones y lo que suceda en esta extensa región de Colombia, -de vital importancia como despensa agrícola tanto para el país como para el mundo-, depende de la política de tierras que defina el gobierno nacional.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el mundo necesita incorporar 3,75 millones de nuevas hectáreas/año de aquí hasta el 2030, si se quiere atender la mayor demanda de alimentos. De ahí, la importancia internacional que adquiere la altillanura.

Igualmente, según datos de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), en el país de los 22 millones de hectáreas que son consideradas aptas para el desarrollo agrícola y agroindustrial, sólo se está utilizando productivamente cerca del 24%. Mientras que en países como Estados Unidos y en la Unión Europea utilizan el 97 por ciento de sus tierras aptas para la Agricultura.

Justamente, por estos días se está discutiendo en el Congreso de la República el proyecto de ley 133 de 2014 o ley de baldíos que plantea Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social donde se incentivarán los proyectos asociativos entre empresas gestoras y campesinos.

Clara Serrano, presidente de Asorinoquia, señala que desde la agremiación están muy interesados en esta legislación, mediante la cual se regula el acceso a los terrenos baldíos, y que la ven como una buena posibilidad para poder desarrollar la región.

“Nuestra petición más importante es que a través de este proyecto de ley se pueda resolver la mayor preocupación que tenemos y es el tema de la incertidumbre jurídica sobre la propiedad de tierra por las diversas interpretaciones que se han generado de la Ley 160 de 1994, con las cuales quedamos en un limbo jurídico y que es necesario definir pronto, ya que de la región necesita el impulso de las inversiones”, afirma Serrano.

De acuerdo con la directivo, el proyecto de ley 133 tiene a favor que reconoce la diversidad de regiones colombianas y que cada una requiere un desarrollo diferente, sin embargo, añade que el articulado no se desarrolla acorde con las realidades y necesidades de cada una de las zonas del país, sino de igual manera para todos.

“Hay que legislar de acuerdo con las necesidades y características de cada región. La altillanura es una extensión muy grande sin infraestructura, ni vías, ni servicios públicos, tiene dificultades en cuanto a la fertilidad de la tierra, la cual necesita insumos que deben traerse y lograr una buena producción es muy costoso. Esta región tiene de bueno la extensión, pero de malo que hay que invertirle mucho dinero para sacar una producción. Necesitamos más investigación para poder desarrollar la productividad y aclaración jurídica”, concluye Serrano.

A debate
Este miércoles 19 de noviembre el ministro de Agricultura y Desarrollo Sostenible, Aurelio Iragorri Valencia, está citado a un debate de control político por parte de los senadores Jorge Enrique Robledo Castillo y Ernesto Macías Tovar sobre la política de tierras del Gobierno Nacional y los casos de apropiación ilegal de baldíos, a propósito del proyecto de Ley 133 de 2014, lo cual será determinante en el futuro de la legislación de tierras.