| 11/22/2013 12:00:00 AM

Inminente renuncia de Minagricultura

La salida del ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, obedecería al retiro del proyecto de ley sobre terrenos baldíos.

Tras confirmar que el proyecto de ley sobre baldíos será retirado del Congreso, el ministro de Agricultura presentaría su renuncia al presidente Juan Manuel Santos.

El retiro del proyecto de ley, según el mismo Presidente Santos, es consecuencia de que no había sido socializado y, además, se trataba de un documento incompleto.

“He pedido retirar proyecto sobre baldíos para garantizar que se ajuste a los principios que hemos establecido para el desarrollo del campo”, dijo el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

La iniciativa reforma la Ley 160 de 1994, que protege la existencia de los "baldíos" para ser entregadas a trabajadores rurales que no tienen acceso a ellas, y abre su aprovechamiento sin límites de extensión a todo tipo de interesados, tanto campesinos como empresarios.

Grupos de campesinos, organizaciones no gubernamentales y senadores como Jorge Enrique Robledo, del opositor Polo Democrático Alternativo, han liderado la campaña en contra de este proyecto de ley porque a su juicio favorece la acumulación de tierras y sus requisitos ponen a los jornaleros en peores condiciones.

Estos colectivos hicieron sus apreciaciones en función de un texto conocido en junio que, según opinaron, contradecía otras iniciativas gubernamentales como la Ley de Restitución de Tierras o la reforma agraria que puede resultar del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según un comunicado emitido ayer tras radicar el proyecto por parte del Ministerio de Agricultura, cuyo titular no ha hecho todavía ninguna declaración oficial, el nuevo texto cambiaba algunas condiciones.

Por ejemplo, reducía de 5 a 3 años el tiempo que el beneficiario debía permanecer con un contrato de alquiler en las tierras, disminuía la extensión que debía ser explotaba de dos tercios a la mitad y bajaba el patrimonio de los elegibles de 1.000 a 400 salarios mínimos "para que los beneficios lleguen a los productores más pobres".

Otro punto que había causado malestar en anteriores borradores del texto era la ausencia de un límite de acumulación de unidades de tierra, representadas en la medida de la Unidad Agrícola Familiar (UAF).

En este caso, el Ministerio advertía que este proyecto "no contempla una solución a las controversias judiciales que se han generado por la acumulación de UAF, tema que corresponde dirimir a los jueces".

D.COM/EFE
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