Investigaciones y discusiones, el otro resultado de las elecciones

Medellín fue la primera ciudad en levantar la voz y hacer evidente la falta de tarjetones para la “Gran Consulta por Colombia” hacia el mediodía. Las protestas en la EAFIT y el caos que formaron las largas filas de gente que exigía su derecho a votar, pero se negaba a hacerlo sin tarjetón de la consulta, prendieron las alarmas de los candidatos que no dudaron en pedirle al Gobierno las garantías necesarias.

Minutos después el reclamo se extendió por otros puntos de votación de Medellín y llegó a Bogotá, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Pereira y otras ciudades y municipios. En todos los puntos reclamaban tarjetones para la misma consulta.

La situación desató una guerra de declaraciones públicas entre los miembros del Gobierno. Mientras el ministro del Interior, Guillermo Rivera, salió al paso a reclamarle al registrador Nacional por la falta de tarjetones en algunos puntos y le exigió una pronta solución, Juan Carlos Galindo aprobó que se utilizaran fotocopias de los tarjetones siempre y cuando estuvieran firmadas por los jurados de mesa y advirtió que era una cuestión de apropiación de recursos.

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Al registrador Galindo le respondió casi de inmediato el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien fue enfático en advertir que le había entregado $11.000 millones más que lo desembolsado en el 2014 para consultas interpartidistas.

“La Registraduría solicitó $26.450 millones para las consultas partidistas, con el fin de imprimir 30 millones de tarjetones”, advirtió el ministro Cárdenas y más adelante confirmó que se estimaba que se habían utilizado apenas 10 millones de tarjetones, “aproximadamente el 33% de los que se imprimieron”.

“De esta manera, el presupuesto solicitado y aprobado fue suficiente para atender las necesidades de dichas consultas, prueba de ello es que se registró un sobrante de 20 millones de tarjetones frente a lo presupuestado y aprobado”, añadió el ministro Cárdenas

Como respuesta, el registrador Nacional salió nuevamente a explicar que todo se había tratado de un error de cálculo en la distribución de los tarjetones e incluso señaló que los partidos políticos que participaron en consultas debían haber enviado a su entidad un cálculo de las ciudades en las que creían que se iban a utilizar más tarjetones.

Pero además de “echarse el agua sucia” los unos a los otros, tres entidades anunciaron inicios de investigaciones por el mismo hecho.

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Primero la Procuraduría General, en cabeza de Fernando Carrillo, anunció que iniciará indagaciones preliminares contra funcionarios de la Registraduría Nacional por una posible falta de planeación en la distribución de los tarjetones.

Carrillo advirtió que “indagará si existía y fue aplicado un plan de contingencia como lo previó la Circular 034 del 19 de febrero de 2018 de la Registraduría, que avaló el uso de fotocopias en caso de agotarse los tarjetones”.

Al procurador le siguió el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien también anunció el inicio de investigaciones para establecer “si ha habido una conducta relevante desde el punto de vista penal”, para lo cual además algunos fiscales llevaron a cabo “actos urgentes” ante las denuncias recibidas.

Por último el Contralor General, Edgardo Maya, anunció indagaciones a los gastos para las consultas interpartidistas para establecer si el presupuesto asignado tuvo alguna irregularidad en su manejo, que llevara a que en varios puntos se presentara la mencionada falta de tarjetones para las consultas.

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