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Pedro Nel Ospina Santa María, natural de Medellín, estudió Administración en la Universidad de Dayton (Ohio, Estados Unidos) y es Ph.D. en Economía de la Universidad de Cincinnati, con especialización en Política Monetaria y Comercio Internacional.

| 6/29/2012 6:00:00 AM

Imputarán cargos al actual director de Colpensiones

Pedro Nel Ospina, ex director de la Dian, ejecutivo del sector financiero y actual director de Colpensiones, será imputado el próximo 18 de julio por el delito de fraude procesal.

Así lo determinó la Fiscalía después de evaluar actuaciones suyas cuando se desempeñaba como presidente de Corficolombiana, una de las principales unidades de negocios del grupo Aval. El proceso penal en su contra se relaciona con un posible recobro de créditos que estuvo a punto de empujar a la quiebra a las sociedades Owen Londoño e Inversiones Selopa.

La historia, conocida en exclusiva por Dinero.com, se encuentra en los anaqueles de la Fiscalía 60 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública en Bogotá. Mientras los ejecutivos del grupo Aval cierran filas en torno a Ospina, presidente de Corficolombiana entre 2003 y 2008, los representantes de las compañías afectadas, lo acusan de sus desgracias financieras. El origen del problema se remonta a 1996. Ese año las constructoras Owen Londoño y Cia e Inversiones Selopa S.A. decidieron emprender un proyecto de mayor envergadura: construir una mega ciudadela de 3.000 viviendas de interés social en Fontibón sobre un predio de su propiedad de más de 60.000 metros cuadrados. Una vez terminaran las obras, el valor de ventas estaba estimado en más de 200.000 millones de pesos.

Para echar a andar el plan hacía falta un detalle: adecuar las redes de acueducto, alcantarillado, luz, gas… y para ello las dos constructoras pidieron un préstamo de 1.554 millones de pesos cada una -3.108 millones en total- a Progreso Corporación Financiera S.A., hoy de propiedad de la Corporación Financiera Colombiana, Corficolombiana. El plazo para cumplir con las obligaciones se fijó a cinco años que, no obstante, tuvieron que ser prorrogados por cuenta de la parálisis que azotó al mercado inmobiliario a finales de los 90.

Años después, en el 2003, cuando la tormenta de la finca raíz había amainado y las dos constructoras estaban en condiciones de saldar su deuda con Corficolombiana, los representantes de Owen Londoño quedaron desconcertados al darse cuenta de que el monto de sus obligaciones se había triplicado. “Ya no debíamos 3.000 millones de pesos sino más de 8.500. Eso nos dejó fríos y nos llevó a averiguar qué era lo que estaba pasando” cuenta Jorge Hernán Londoño, gestor de esa empresa.

La estratagema


Convencidos de que algo andaba mal, los apoderados de Owen Londoño contrataron a un perito que, después de varios meses de evaluación, concluyó: “es evidente –aseguró el experto- que la Corporación Financiera Colombiana está liquidando ilegalmente intereses sobre intereses (…) práctica que la llevó a cobrar por encima del límite legal e incurrir en el delito de usura”. (Dinero conoció un concepto de la Superintendencia Financiera con fecha del 8 de junio de 2011 en el que establece que es prohibido cobrar intereses sobre intereses).

Pedro Nel Ospina, entonces presidente de Corficolombiana, quedó en shock cuando conoció la afirmación del perito, y luego de un largo tire y afloje con la constructora, se negó rotundamente a conciliar con ella. Por eso, en enero de 2004, los directivos de la Corporación decidieron no prorrogar más las obligaciones y pagarse haciendo valer la garantía consistente en un lote en el que se iba a desarrollar el megaproyecto de interés social. Su valor: $22.000 millones.

En ese momento estalló una batalla jurídica que obligó a Owen Londoño a solicitarle a la Superintendencia de Sociedades ser admitida en un proceso de reestructuración de la, por esos días vigente, ley 550. “Lo que buscábamos al entrar en este proceso era evitar que se vendiera el lote y además presentarles un plan de pagos a nuestros acreedores, incluida Corficolombiana -dice Londoño-. Finalmente, en mayo de 2004 la Superintendencia aceptó nuestra petición”.

Según la ley, para que una firma pueda entrar en proceso de reestructuración, sus propietarios y acreedores deben hacer una votación y al final obtener el 51% de los votos. Si el resultado es adverso, a la empresa solo le queda el camino de la liquidación. Con base en eso, un promotor elegido por la Supersociedades, asignó los derechos de voto de la siguiente manera: a Corficolombiana le correspondió el 37,7%; a los socios de Owen Londoño el 44%; a la Dian el 3,2%; a la Tesorería Distrital el 9,8% y a el resto de acreedores el 5,1%.

Inconformes con el porcentaje que les correspondió a los socios de la constructora (44%), el equipo jurídico de Corficolombiana demandó la asignación de votos ante la Superintendencia de Sociedades. En el documento, los abogados de la Corporación le solicitaban al ente de control que redujera el porcentaje de votación de Owen Londoño.

Mientras la demanda estaba en curso, Mauricio Fernando Rodríguez Agudelo, subdirector de la DIAN cuando el organismo fue dirigido por Ospina, pagó acreencias por 2.087 millones de pesos a favor de la Dian y la Tesorería Distrital, las otras dos entidades que debían votar en el proceso de reestructuración. Desde ese momento, Rodríguez se convirtió en el titular del 13% de los derechos de voto que sumados con los de Corficolombiana daban el 50,7%.

Pocos días después de que se produjera esta millonaria operación, súbitamente Corficolombiana retiró la demanda que había presentado ante la Superintendencia de Sociedades sin esperar a que ésta fuera fallada. “Aceptamos el desistimiento de la demanda que versa sobre la determinación de derecho de voto respecto de los acreedores internos de la Sociedad Owen Londoño y Cia”, se puede leer en la providencia emitida por el Grupo de Procesos Especiales de la Supersocierdades el 10 de mayo de 2005. Ya con las cartas sobre la mesa y los porcentajes de acreedores y socios definidos, Londoño presentó su propuesta para que las partes la votaran. Dos días antes de que se venciera el plazo para firmar el acuerdo, los representantes de Corficolombiana dieron un sí condicionado: solo firmarían si Owen Londoño aceptaba pagar su deuda con la corporación tal y como venía liquidando los intereses. Ante la negativa del empresario, a la Supersociedades no le quedó más remedio que decretar la liquidación obligatoria de su constructora.

De testaferros y otros demonios

Con el agua hasta el cuello, los miembros de la empresa en liquidación decidieron llevar su caso a la Fiscalía para que allí se investigara el origen de los dineros con los que Rodríguez Agudelo había saldado las acreencias con la DIAN y la Tesorería Distrital. “Aunque el pago de obligaciones por parte de terceros es permitido por la ley, nos pareció muy sospechoso que una persona ajena al proceso hiciera un desembolso tan grande. Por eso, iniciamos una indagación para determinar si Rodríguez había incurrido o no en el delito de enriquecimiento ilícito por lavado de activos”, le dijo a esta Revista un investigador de la Fiscalía.

Algo desorientado, luego de llegar a la conclusión de que los dineros en mención eran de buena procedencia, el fiscal encargado del caso citó a Rodríguez Agudelo para oír su versión y así dilucidar el enigma. “El entonces presidente de Corficolombiana, doctor Pedro Nel Ospina, a quien conozco desde hace muchos años, me invitó a una reunión con el representante legal de Concecol (una sociedad 99% de propiedad de Corficolombiana) doctor Alberto Santana, en la que se me planteó la posibilidad de celebrar un contrato para adelantar gestiones de compra de deudas tributarias a cargo de la sociedad Owen Londoño”, relató Rodríguez bajo juramento (ver facsímile de declaraciones).

En ese contrato, firmado en marzo de 2005, Rodríguez se comprometió a adquirir las deudas que la constructora tenía con la DIAN por concepto de impuestos y con la Secretaría de Hacienda de Bogotá por concepto de impuesto predial. “Debo anotar que como contraprestación de esos servicios Concecol me pagó la suma de seis millones de pesos”, remató Rodríguez en la diligencia.

Al final, Rodríguez cumplió con lo pactado. “Aún no tenemos claro, pero tampoco podemos descartarlo, que esta persona haya actuado como testaferro de la Corporación para lograr su cometido”, asegura uno de los investigadores del caso.

Para agravar la situación, Martha Patricia Fandiño Arce, entonces vicepresidenta de Activos de Corficolombiana, señaló, en una declaración ante la Supersociedades, como directos responsables de esta maniobra a Pedro Nel Ospina, Fernán Ignacio Bejarano, por esos días vicepresidente de Corficolombiana y a Alberto Santana, representante legal de Concecol. “Toda esta actuación fue conocida desde el principio por el comité de Presidencia de Corficolombiana”, aseguró la ex funcionaria.

A juicio de Arnulfo Rojas Pascuas, superintendente delegado para los procedimientos mercantiles, la entidad financiera apeló a maniobras fraudulentas para empujar a su contraparte a la liquidación. En un aparte del auto número 155-016590 firmado por el funcionario se lee: “En efecto, el enviar a liquidación obligatoria, de manera fraudulenta a la empresa, implica la eliminación de ésta como fuente de producción generadora de empleo, consecuencia que ignoró la citada corporación para hacer prevalecer únicamente su interés”.

Hoy, el proceso penal sigue en manos de la Fiscalía, y aunque todavía no hay decisiones de fondo les resultará difícil a Ospina y los implicados rehuir al debate ético en estos tiempos en que la Casa de Nariño hace soplar vientos de moralización.

La defensa de Corficolombiana

Periodistas de Dinero estuvieron en las oficinas de Corficolombiana y contrastaron esta información con Pedro Nel Ospina, José Elías Melo, Fernán Ignacio Bejarano y el grupo jurídico de esa entidad. Durante una extensa charla, los ejecutivos rechazaron uno a uno los argumentos de la contraparte. En cuanto al supuesto cobro ilegal de intereses, afirman que no es cierto. “Owen Londoño nunca cumplió con sus obligaciones y lo que hizo fue dedicarse a hacer nuevas solicitudes de crédito con las cuales se pagaban los intereses, pero éstos siempre fueron liquidados dentro de los parámetros legales”, explican los asesores de la corporación.

Sobre el supuesto uso de un testaferro, Melo asegura que la compra de acreencias en este caso particular por parte de un tercero fue absolutamente transparente. “Escogimos al señor Rodríguez Agudelo para hacer estos pagos, pues es un eximio abogado que como ex subdirector de la DIAN tenía la visión para hacer esta negociación”.

Para finalizar, Melo le resta importancia al tema porque en sus manos reposa un acuerdo de pagos -firmado el pasado 10 de febrero- entre Corficolombiana y Owen Londoño y que, según el directivo, es suficiente argumento para dar por terminado el tema. Sin embargo, olvidó mencionar una cláusula que excluye del acuerdo la disputa judicial.

Pedro Nel Ospina Santa María, natural de Medellín, estudió Administración en la Universidad de Dayton (Ohio, Estados Unidos) y es Ph.D. en Economía de la Universidad de Cincinnati, con especialización en Política Monetaria y Comercio Internacional.

Se desempeñó como Presidente de la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana), Presidente del Banco Cafetero (Bancafé), Vicepresidente del Banco Santander de Colombia y Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
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