| 9/1/2014 6:00:00 AM

Transporte ilegal, ¿solución o problema?

A diario cientos de miles de personas en Bogotá recurren al transporte pirata para llegar a sus destinos. Quienes lo usan lo ven como una alternativa rápida para movilizarse; y para quienes lo ofrecen es una manera de ganarse la vida, pero, para las autoridades es un dolor de cabeza.

Se han identificado tres modalidades: los bicitaxis, las rutas/buses y taxis ‘piratas’. Aunque el transporte pirata no es el principal problema de movilidad en la ciudad, sí refleja dos situaciones que aquejan a los ciudadanos y que deben resolverse. 

Por un lado, está el hecho de que la cobertura y oferta de transporte público es insuficiente y que el servicio que existe no cuenta con la calidad que requieren los usuarios para movilizarse; y por el otro, pone de manifiesto el llamado rebusque, pues los conductores de los vehículos ilegales vieron en la falta de transporte público la posibilidad de tener un ingreso ofreciendo un servicio donde no lo hay.

Dinero le preguntó a Carlos Mojica, especialista en transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -donde trabaja en la preparación, supervisión y evaluación de proyectos de transporte urbano-, si el mal servicio de transporte público y el déficit en la oferta de la ciudad justifican el transporte pirata. Según el experto estas variables podrían ser una de las causas, pero afirmó que es necesario indagar entre los pasajeros por qué no utilizan modos regulados (ver videos). 

“Puede ser el caso que el transporte informal ofrezca un viaje más cómodo, como sucede con los moto-taxis en otras ciudades de Colombia. Lo que pasa también es que hay muchos tipos de viaje (algunos muy cortos) y el transporte regulado a veces no ofrece todas las alternativas de conectividad que los pasajeros desean”, señala Mojica.

Efectivamente, lo que hace el transporte informal es suplir viajes que no atiende el transporte público regulado (buses, busetas, Transmilenio, taxis). En el caso de los bicitaxis, estos conectan estaciones de Transmilenio con zonas residenciales.

“Este transporte informal puede atribuirse a que no haya servicio de alimentación en las zonas o a que los alimentadores tengan problemas de calidad. Sin embargo, esto está mejorando poco a poco con la entrada del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)”, expresa Mojica.

¿Problemas más allá de la movilidad?

El transporte informal tiene varias implicaciones. El mayor peligro es poner en riesgo a las personas, ya que, generalmente, este no cuenta con estándares técnicos de seguridad o mantenimiento para los vehículos que ofrecen este servicio, y tampoco es clara de quién es la responsabilidad en los casos en que haya accidentes u otras situaciones de seguridad. 

La subsecretaria de Política Sectorial de la Secretaría de Movilidad, Martha Coronado, argumenta que cuando se autoriza la prestación de un servicio público se hace por intermedio de unas empresas que están debidamente habilitadas y que cumplen con unos requisitos establecidos por el Ministerio de Transporte.

“El hecho de que se preste por estas empresas también tienen unas implicaciones en cuanto al tipo de flota que se utilizan que cuenta con unas características especiales en materia de seguridad para los usuarios, es decir, pagan unos seguros en caso de algún incidente, lo que no sucede con el transporte no autorizado. Allí realmente lo que se pone en riesgo es la seguridad de los usuarios”, resalta Coronado. 

En cuanto a lo económico, el mayor impacto lo sienten los operadores de modos de transporte regulado, quienes dejan de percibir los ingresos por los pasajeros que han migrado a modos informales. 

Pero más allá de ser un problema de movilidad, el transporte pirata podría convertirse en un inconveniente social. “En ciudades con desempleo los trabajos informales se pueden volver el sustento de un amplio grupo de la población. Aunque hoy en día los modos de transporte informal en Bogotá no son preponderantes, existe el riesgo que futuros esfuerzos de regulación se dificulten por el impacto social que genere”, asegura Mojica.

La solución está en el SITP

De acuerdo con Carlos Mojica puede haber una oportunidad para regular algunos servicios ilegales, integrándolos al SITP y asegurando que los pasajeros transiten en condiciones mínimas de seguridad vial. “Es clave incluir el punto de vista de los conductores y grupos sociales que dependen de estos servicios para que las decisiones sean más efectivas”, agrega. 

Al respecto, la Subsecretaria de Política Sectorial de la Secretaría de Movilidad, Martha Coronado, señala que el diseño del SITP se hizo pensando en cubrir los vacíos en el servicio. 

“El SITP trata de cubrir algunas deficiencias identificadas hace unos años atrás y contempla unas rutas nuevas para atender necesidades de la gente en zonas donde antes no existían rutas. Por ejemplo, aparecen las rutas complementarias que son las naranjas y que terminan prestando un servicio necesario alrededor de las estaciones de Transmilenio para que la gente pueda acceder al transporte masivo”, indica la funcionaria.

Según Transmilenio hacia finales de septiembre posiblemente se está terminando la implementación del SITP en 10 de las 13 zonas que están en construcción. Sin embargo, la falta de planeación y las dificultades de los operadores y concesionarios han impedido que el sistema avance y no se va a poder implementar el 100% a la fecha en mención. Tan crítica es la situación que el caso está siendo intervenido por la Superintendencia de Puertos y Transportes y se está a la espera de una solución. 

Operativos contra los piratas

En lo que va corrido del 2014, y como resultado de los operativos de la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía Metropolitana de Tránsito contra la ilegalidad, se han impuesto 1.294 comparendos y se han inmovilizado 602 vehículos. Sólo en los meses de junio y julio se impusieron 242 comparendos y se inmovilizaron 108 vehículos. Las zonas donde se presenta con mayor frecuencia este tipo de actividad ilegal son las localidades de Kennedy, Bosa, Suba, Engativá, Fontibón y Chapinero.

Un conductor que sea sorprendido por las autoridades en un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente a aquel para el cual tiene licencia de tránsito, tendrá una sanción de $616.000 además de los costos por inmovilización (patios y servicio de grúa). Si su vehículo es inmovilizado por primera vez, estará parqueado por el término de cinco días; por segunda vez, veinte días; y por tercera vez, cuarenta días. 

Por parte del Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte señala que sus acciones para combatir la ilegalidad consisten en recordarles a las autoridades locales las obligaciones que como autoridad local y de inspección control y vigilancia deben cumplir.

Entre otras labores, se destaca mejorar la capacidad operativa de las autoridades, fomentar la creación e implementación de sistemas inteligentes y la utilización de tecnología para la detección de infracciones. Igualmente, están estructurando la implementación de un Centro de Control de Tránsito y Transporte. 

***
Caso de éxito
Uno de los ejemplos, conocidos en Latinoamérica, de ciudades con transporte informal que hayan superado exitosamente esta problemática es Santiago de Chile. En esta ciudad se retiraron en 2013 cerca de 1.700 vehículos que ofrecían transporte informal, principalmente taxis piratas. Para lograrlo, fue necesario expedir una ley que fortaleciera las capacidades de sancionar a conductores con multas más fuertes y retirar los vehículos de circulación.
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