| 7/6/2015 5:00:00 AM

¿El contrabando desangra la economía colombiana?

El contrabando es un fenómeno económico que no solo afecta a los comerciantes sino a toda la población, en la medida en la que el Gobierno deja de recibir US$1.500 millones que podrían destinarse a la educación, la salud o la infraestructura, sostuvo en una entrevista con Dinero el vicepresidente de Gobernanza de la Cámara de Comercio, Jorge Mario Díaz.

El directivo reconoció que este delito es “bastante grave” pues detrás de él “hay estructuras criminales que ponen en riesgo la institucionalidad colombiana” y los distintos sectores productivos.

Díaz explicó que, a pesar de lo difícil que es medir el impacto de esta actividad, se estima que el valor de los productos que ingresan al país de forma ilegal es de unos US$6.000 millones al año, por lo cual “es muy difícil creer que haya disminuido el contrabando en Colombia”.

Uno de los sectores económicos más afectados por esta actividad, según el funcionario, es el de alimentos,  seguido por el sector farmacéutico, hidrocarburos, tabaco, licores, confecciones y aceites, productos que llegan principalmente de los países vecinos e incluso de China. Lea también: El contrabando golpearía las ventas de P&G en Colombia

Según cifras del Gobierno, el contrabando destruye el empleo del país ya que unos 200.000 puestos de trabajo se ven afectados en la industria por este fenómeno. Las pérdidas económicas asociadas a este delito representan casi el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) o el 10% de las importaciones que realiza el país.

“El contrabando fomenta una cultura de ilegalidad y se ha convertido en el principal medio de lavado de activos de las organizaciones criminales, por lo que acaba financiando la violencia y el terrorismo”, sentenció el presidente Juan Manuel Santos hace unos días durante un consejo de ministros.

Esta discusión se da en medio de la aprobación de una nueva ley que endurece las penas y les da herramientas a las autoridades para combatir el contrabando que, según el Gobierno, está asociado a otros delitos como el lavado de activos producto del narcotráfico.

La nueva norma además fortalecería institucionalmente a entidades como la DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para mitigar este flagelo.

Esta medida fue aplaudida por la Asociación Nacional de Empresarios Colombianos (ANDI), que a través de un comunicado de prensa manifestó que esa actividad ilegal es “tan nociva para el país como lo fue el narcotráfico en la década de los 90”.

Incluso fue más allá al asegurar que ese “flagelo no solo nutre de recursos financieros a organizaciones criminales, sino que además desestimula la creación de empleo de calidad, afecta el sistema de salud, incide de manera negativa en la inversión pública y fomenta la competencia desleal”.

A pesar del apoyo de diferentes gremios económicos del país, un sector de los comerciantes minoristas, líderes políticos, entre otros consideran que para la planeación de esta ley no han tomado en cuenta sus sugerencias y necesidades.

Ante la lluvia de críticas la ministra de Comercio, industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, tuvo que responder a través de su cuenta en Twitter que aquellos que van en contra de la ley “sólo atacan al empleo y a la industria en el país”.

El trino hizo parte de una serie de mensajes que lanzó la ministra para defender la iniciativa del Gobierno y acusar a los senadores Jorge Robledo e Iván Duque de “aconsejar” a los comerciantes de los San Andresitos para que se manifiesten en "contra de la legalidad" y no se sancione la ley.

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