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Rubén Darío Lizarralde, ministro de Agricultura. | Foto: Archivo Semana.

Agricultura

Paro agrario es injustificado

Es la consigna del Gobierno ante la decisión de algunos campesinos de ir a paro el 28 de abril. Las negociaciones siguen.

24 de abril de 2014

Los ministros del Interior, Aurelio Irragorri, y de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, insisten en que el paro agrario promovido por algunos movimientos campesinos es totalmente injustificado.

Para los funcionarios el Gobierno está dando las suficientes garantías para las negociaciones las cuales han surtido efectos a favor de la agricultura colombiana.

Se reconoce que falta mucho por trabajar pero se están dando las vías de hecho por lo cual no es entendible la realización de un paro del sector.

“Sí hemos cumplido, venimos cumpliendo y seguiremos trabajando para completar los compromisos que están en proceso”, afirmó Lizarralde.

Así mismo, indicó además que detrás de las nuevas movilizaciones es posible que existan otros intereses y consideraciones que motivan su realización.

El ministro explicó que se ha hecho un seguimiento detallado al pago del subsidio de Protección del Incentivo Cafetero, PIC, y que el Gobierno pagará todo lo correspondiente a los subsidios a los pequeños productores de grano en Colombia.

La situación tiene al Consejo Gremial Nacional con gran preocupación por la realización de nuevos paros del sector.

A través de un comunicado la agremiación hace un llamado a los diferentes sectores involucrados en posibles paros, para que reconsideren este curso de acción y opten por mantener el diálogo y las vías institucionales.

El Estado, si bien tiene la obligación de garantizar y respetar el derecho a la protesta, no puede permitir que se paralice al país y se interfiera con la vida, dignidad y libertad de aquellos que opten por continuar con sus actividades normalmente.

El Consejo Gremial Nacional reitera una vez más que las políticas públicas no deben basarse en paros y bloqueos, y que cualquier decisión y acción estatal debe consultar, ante todo, el bienestar general. La ley debe aplicarse en todo el territorio nacional y la Fuerza Pública tiene todo nuestro respaldo para que ejerza sus funciones constitucionales y proteja la vida y la integridad de todos.

Por ello, hace un llamado a todas las instancias, públicas y privadas para trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de la institucionalidad, siempre en búsqueda del beneficio de todos los colombianos.