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El viaje del presidente Alvaro Uribe y el equipo económico a Washington en busca de recursos externos coincidió con la reunión anual del FMI y el Banco Mundial. El tema central de las discusiones en el máximo cónclave de las finanzas globales fue la conveniencia de transformar el sistema financiero internacional para que sean los países emergentes, en conjunto con sus acreedores, quienes encuentren soluciones a los problemas de incapacidad de pago de deuda, mientras que hoy las entidades multilaterales se encargan de esa tarea cuando ya no hay más remedio. Se trata de buscar un mecanismo de bancarrota para los países, tal como hay uno para las empresas mediante figuras al estilo del Chapter 11 en Estados Unidos.



Acabar con los rescates del FMI a países en problemas es la obsesión de Paul O'Neill, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Desde su posesión ha manifestado que estos rescates estimulan los malos manejos por parte de las autoridades de los países y los especuladores en deuda soberana, que saben que al final alguien va a poner la plata.



Este dilema es nuevo en la economía mundial. Antes de la década del 90, los acreedores de los países emergentes eran las multilaterales y uno que otro banco grande. Cuando había problemas, era posible llegar rápidamente a acuerdos a puerta cerrada.



En la década pasada, el número de acreedores se amplió para incluir inversionistas institucionales, fondos mutuos, fondos de riesgo e inversionistas particulares, que compraron los bonos de deuda. Hoy, el número es tan grande, que se volvió imposible llegar a acuerdos. Los efectos son perversos. Ante la ausencia de mecanismos, los inversionistas salen de los papeles ante la más mínima señal de alarma, con lo cual las crisis se profundizan.



Sin embargo, a pesar de las lamentaciones de O'Neill, en los últimos 20 meses el FMI ha realizado rescates en Turquía, Argentina, Uruguay y Brasil. Esto ha generado confusión, pues los rescates habrían sido imposibles sin la aprobación del Tesoro. Al final, no hay reglas claras para la intervención del FMI. Las decisiones se toman caso por caso y dependen de la importancia geopolítica que para Estados Unidos tenga cada país afectado.



La incertidumbre tiene un efecto negativo sobre los mercados. Los inversionistas están quietos, pues no saben qué esperar de las multilaterales. Así, es muy difícil la recuperación de los flujos de capital. De acuerdo con el Institute of International Finance, estos flujos hacia los países en desarrollo pasaron de US$335.000 millones en 1996 a unos US$123.000 millones en el 2002.



La reunión conjunta del FMI y el Banco Mundial arrojó algunas luces sobre el tema. Se llegó a un acuerdo para avanzar hacia un nuevo esquema financiero internacional. El esquema deberá ser discutido en la reunión de marzo del año entrante. Este debe incluir cláusulas de acción colectiva para ser incluidas en los instrumentos de deuda externa, y un mecanismo para la reestructuración de deuda soberana.



Cómo juega Colombia



Dentro de esta ambigüedad, Colombia se ha convertido en un caso importante. Aunque los fundamentales de la economía no darían para que el país tuviera acceso a los mercados, la importancia estratégica de Colombia para Estados Unidos y la cercanía que Pastrana y Uribe lograron con Washington hacen prever que el Tesoro hará sentir su peso para que Colombia reciba recursos en esta oportunidad.



Los requerimientos de financiación de Colombia son muy grandes para la capacidad del país. De acuerdo con los datos presentados por el equipo económico a los banqueros de Nueva York, se necesitan recursos por US$9.950 millones para atender los gastos del año 2003. De ellos, se tienen asegurados US$7.800 millones.



Por el lado externo, US$1.880 millones provendrán del BID, la CAF y el Banco Mundial. Además, está previsto salir al mercado externo con una emisión de US$1.000 millones, de los cuales US$400 millones serán avalados por el BID.



En el tema de los recursos internos, si bien las cosas no son fáciles, parecen manejables. El gobierno prevé financiar US$4.950 millones. La deuda interna con vencimiento en el 2003 (25% del total) será refinanciada para ser pagada más tarde, lo cual parece viable porque la mitad está en manos de entidades públicas (que pueden ser forzadas a refinanciar).



Respecto al otro 50%, en manos de entidades privadas, el gobierno tendrá que llegar a un acuerdo con los tenedores. Por su parte, se prevén emisiones de TES por US$1.900 millones. De ellos, US$1.100 millones serán convenidos con las entidades descentralizadas. Finalmente, US$340 millones provendrán de las utilidades del Emisor.



Quedan faltando cerca de US$2.000 millones, que tendrán que salir de la reforma tributaria (la cual vale US$1.350 millones), de desembolsos adicionales de las multilaterales y de reducción de gasto. Si el Congreso no aprueba la reforma o si el presidente Uribe no tiene éxito en reducir el gasto mediante el referendo, el gobierno tendrá que encontrar la manera de conseguir estos recursos.



El gobierno tiene la sartén por el mango cuando se trata de los TES que están en manos de las entidades descentralizadas. Las colocaciones en el sector privado tampoco deberían ser problema, si se tiene en cuenta que el patrimonio de los Fondos Obligatorios de Pensiones crece en promedio $300.000 millones al mes, y que estas entidades tienen que invertir hasta un 50% de sus portafolios en papeles del gobierno. El tema complicado sigue siendo la brecha de los US$2.000 millones ($5,7 billones colombianos) que deben salir de la combinación entre reducción del gasto y aumento de impuestos. La solución, además, deberá tener alcance más allá del año 2003.



Todo este arreglo no es, de ninguna manera, sostenible. La colocación forzosa de TES es una opción que se irá extinguiendo en el tiempo, puesto que los excedentes del ISS y de Ecopetrol decrecerán velozmente. Por otro lado, si bien el gobierno puede manejar parte de la deuda a punta de refinanciaciones forzosas con las entidades descentralizadas, esta no puede ser la alternativa para la deuda que está en manos del sector privado.



Del ajuste no nos salvamos. Los primeros auxilios que recibe Colombia por estar del lado correcto de los afectos de Paul O'Neill en esta coyuntura no hacen que nuestra dura realidad cambie. Esto es algo que deben tener claro el Congreso, el gobierno y el sector privado.