| 12/17/2013 2:30:00 PM

Freno al carrusel de tutelas

En materia de lucha contra la corrupción, el país suele “llorar sobre la leche derramada”. Pero, los órganos de control han conseguido avanzar en el campo de la prevención.

En el año que termina uno de los mayores logros en este campo lo obtuvo la Contraloría General de la República que, con el apoyo de algunos organismos estatales, identificó las piezas de un “carrusel de tutelas” y evitó la que se consideraba inminente pérdida de cerca de $500.000 millones pertenecientes al Fisco.

El carrusel era operado por un puñado de jueces y abogados que se dedicaban a conseguir embargos de recursos públicos por obligaciones inexistentes. A instancias de fallos de tutela, los embargos se convertían en depósitos judiciales que solían esfumarse luego de ser reclamados por terceros.

Uno de los casos emblemáticos –según documentos oficiales de la Contraloría- se relaciona con el embargo de las cuentas bancarias de Indumil por parte del municipio guajiro de Barrancas. Mediante esa medida cautelar, carente de sustento, estuvieron en vilo $284.000 millones.

Los fondos favoritos del “carrusel” eran los ligados al pago de regalías, transferencias de recursos para la salud, fuentes de pago pensional y recursos para la educación. Uno de los asuntos más inquietantes era que la mayoría de las tutelas eran falsas, pese a lo cual los accionantes recibían fallos favorables a sus intereses por parte de jueces de Chinú, Planeta, Rica y Lorica, en Córdoba, principalmente.

El 10% de los recursos recuperados al bloquear los giros del ‘carrusel’ pertenecen al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. En este terreno los más afectados venían siendo los maestros del departamento del Huila.

Caprecom y Colpensiones también sufrieron desangres millonarios por esta causa y, según lo admiten los propios investigadores, la recuperación de los dineros es una tarea todavía pendiente, si bien las perspectivas son favorables.

La Contraloría ha echado de menos en este proceso para la colaboración eficaz del Ministerio de Salud y de la Superintendencia del ramo, lo mismo que del Consejo Superior de la Judicatura que, pese a que ha estado al tanto de los fallos hechizos, no parece haber actuado con el rigor que exige la ley.
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