| 2/6/2014 3:40:00 PM

Fiscalía le hace el quite a la Contraloría

Tras un fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación se quitó de encima a la Contraloría General de la República.

La Ley 1097 de 2006 establece que el control y fiscalización de los recursos de gastos reservados corresponde al Contralor General de la República y, al mismo tiempo, le asigna la responsabilidad de ejercer el control interno a las entidades que ejecutan estos recursos.
 
En este marco legal, la Contraloría General de la República ejerce labores de control y fiscalización de los recursos de gastos reservados a la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y cada una de sus Unidades.
 
Sin embargo, en virtud de un fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República no estará facultada para ejercer control fiscal a los gastos reservados de la Fiscalía General de la Nación.
 
Así lo expone la Contraloría, que recuerda que el Fiscal General de la Nación interpuso acción de tutela en contra de la Contraloría General de la República por violación a sus derechos fundamentales como consecuencia de haberle iniciado, dentro de sus competencias constitucionales y legales, proceso administrativo sancionatorio por no haber rendido oportunamente el informe contractual de la Fiscalía General de la Nación correspondiente al último trimestre de 2012.
 
Expone que si bien en primera instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela por hecho superado, dicha decisión fue impugnada por el apoderado judicial del señor Fiscal General de la Nación, doctor Néstor Osuna, actual magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
 
En el fallo que desató la impugnación, suscrito por los doctores Gustavo Enrique Malo Fernández y Luis Guillermo Salazar Otero, Magistrados de la Sala Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se previno tajantemente a la Contraloría General de la República “para que se abstenga de incurrir en irregularidades sustanciales como la que generó la interposición de esta acción de tutela, concretamente, no podrá iniciar o proseguir investigación alguna de carácter fiscal (resarcitoria o sancionatoria) contra los funcionarios aforados en el artículo 174 de la Constitución Política”, que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación.
 
De acuerdo con lo anterior, los gastos reservados de la Fiscalía General de la Nación no podrían ser objeto de control fiscal por parte de la Contraloría General de la República.
 
Fiscalización a Gastos Reservados de la Policía y Mindefensa
 
En lo que tiene que ver con la Policía Nacional, la Contraloría General de la República viene haciendo seguimiento a la contratación reservada de la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (PUMA) y a la Central de Inteligencia.
 
Lo mismo se ha venido haciendo tanto en el Ministerio de Defensa y a cada una de sus Unidades, en donde se ha ejercido control sobre contratos relacionados con equipos de seguridad y defensa nacional, como en la Dirección Nacional de Inteligencia.
 
Todo lo anterior, sin perjuicio del control fiscal que anualmente este Órgano de Control Fiscal le ha venido haciendo a las Entidades asignadas a la Contraloría General de la República – Contraloría Delegada para el sector Defensa, Justicia y Seguridad.
 
Cabe precisar que cada una de dicha actuaciones fiscales se hace con sumo cuidado de no afectar estrategias, ni evaluar aspectos que trasciendan la legalidad y razonabilidad del  gasto; y su objetivo se conoce dentro de la lógica del control fiscal a posteriori en donde se verifica la efectiva aplicación del recurso público y los resultados obtenidos.
 
Normatividad sobre control a gastos reservados

 
Con la expedición de la Ley 1097 de 2006 “Por la cual se regulan los gastos reservados” se definió el concepto de gastos reservados, las entidades autorizadas para manejar los mismos, los responsables de las respectivas actividades de control y fiscalización, la reserva legal, la forma de legalización y la ejecución que puede hacerse a través de contratación.
 
En cuanto a las entidades autorizadas para ejecutar los recursos, la Ley señaló que son aquellas que realizan inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes.
 
La Ley 1097 de 2006 establece que la información relacionada con gastos reservados goza de reserva legal por un término de 20 años, sin perjuicio de las investigaciones de orden penal, disciplinario o fiscal.

Respecto de la realización de gastos reservados a través de contratación (Art. 6), se reglamentó con la Ley 1219 de 2008.
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