| 12/24/2014 6:00:00 AM

Los beneficios de la facturación electrónica

A lo largo de la última década, América Latina ha liderado el desarrollo de facturas electrónicas a nivel mundial, buscando reducir sus niveles de informalidad laboral (del 48%, según las estimaciones más recientes de la Cepal) y evasión tributaria (50%).

Un análisis de las conveniencias de la facturación electrónica realizado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, se destacan los beneficios que traería para Colombia la implementación de este sistema con miras a reducir la informalidad laboral y la evasión tributaria.

Recordemos que las facturas electrónicas son documentos de carácter digital que soportan las transacciones de compra-venta de bienes-servicios. En ellas, el vendedor expide dicha factura al comprador, por medio de la plataforma tecnológica provista para tal fin. Todo esto en un marco regulatorio público, en donde las autoridades tributarias juegan un papel preponderante en materia de control-verificación (ver mayores detalles en Enfoque No. 83 de noviembre de 2014).

Las mayores bondades de dicho sistema pueden resumirse en: i) el aumento del control fiscal, disminuyendo la evasión e incrementando el recaudo tributario; ii) la mayor eficiencia en los procesos operativos de negociación, entrega y pago de bienes-servicios entre las empresas; iii) la reducción de costos asociados a la impresión de facturas en físico, almacenamiento de productos y distribución; y iv) mayores financiamientos para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), a través de herramientas como el factoring.

Asegura Anig que sin duda, el pionero a nivel regional ha sido Chile, el cual adoptó su esquema de facturas electrónicas en el año 2003 (Ley 19.799). Allí, dicho servicio lo ha venido proveyendo: i) el gobierno, a través del Portal Mipyme del Sistema Interno de Impuestos (SII), al cual pueden acceder de manera gratuita las micro y pequeñas empresas; y ii) las empresas privadas autorizadas por el gobierno para ofrecer un software comercial para tal efecto.

Si bien en un comienzo dicha facturación electrónica era solo de carácter optativo, la Ley 20.727 de 2014 ahondó en su obligatoriedad. Particularmente, allí se avanzó en: i) el uso forzoso de facturas electrónicas para todos los contribuyentes, exceptuando solo los casos de zonas geográficas apartadas (sin acceso a red de datos o energía eléctrica) o en estado de desastre; ii) la incorporación del acuso de recibo para acceder a los créditos fiscales-descuentos tributarios; y iii) la aplicación gradual de dichas disposiciones, variando su entrada en vigencia desde finales de 2014 (para las empresas de mayor tamaño) hasta comienzos de 2017 (para las microempresas).

Lo anterior ha redundado en importantes formalizaciones empresariales en Chile, donde las firmas inscritas en la facturación electrónica han aumentado de 2.000 en 2005 a más de 100.000 actualmente. A nivel de Mipymes, el número de empresas con factura electrónica se incrementó de 2.200 a 91.500 en el mismo período, evidenciando el importante desarrollo en materia de formalización empresarial del segmento Mipyme en Chile. De hecho, a agosto de 2014, las Mipymes representaron el 86% (93.007 empresas) del total de empresas autorizadas para emitir facturas electrónicas.

Países como Brasil y México han avanzado sobre las bases del modelo chileno, destacándose la reciente obligación del uso de las facturas electrónicas en las personas naturales (particularmente en México).

Ello ha derivado en más de un millón de usuarios de la facturación electrónica tanto en México como en Brasil (personas naturales + jurídicas), ver gráfico 2. Ello resulta sorprendente, si se tiene en cuenta que la penetración de dicho esquema era apenas marginal en 2009 (ver The Economist, mayo 17 de 2014).

A nivel local, el Ministerio de Hacienda y la Dian vienen trabajando en un proyecto de decreto que acoge los estándares internacionales de la facturación electrónica. Allí se destacan: i) la delimitación de las personas naturalesjurídicas con la obligatoriedad del uso de la facturación electrónica; ii) la definición de los agentes involucrados en el proceso de facturación (adquiriente, obligados a facturar y proveedor tecnológico); iii) especificaciones técnicas, donde sobresale el uso del formato XML usado internacionalmente; iv) la obligatoriedad de mandar copias de todas las facturas a la DIAN, mejorando el control fiscal; y v) los requerimientos para la autorización de proveedores tecnológicos, destacándose las certificaciones de calidad ISO 27.001 y los niveles de patrimonio (unos $1.374 millones) y activos (50% de dicho patrimonio a la fecha de solicitud).

En síntesis, para Anif América Latina viene liderando este frente de la facturación electrónica, con importantes ganancias en términos de control fiscal y formalidad. La implantación de un esquema de este tipo resultará de la mayor importancia en Colombia, dado: i) la alta informalidad del mercado laboral, en donde la relación Cotizantes a Seguridad Social/PEA tan solo llega a niveles del 37% (aun con las recientes ganancias derivadas del desmonte de parafiscales de la Ley 1607 de 2012); y ii) la alta evasión, llegando a niveles del 30-40% en IVA-Renta. Lo grave de todo esto, es que mientras se habla de incrementar la formalidad y reducir la evasión mediante el uso de la facturación electrónica, el Gobierno obra en la dirección contraria extendiendo impuestos antitécnicos como el 4x1.000, borrando cualquier ganancia potencial en términos de mayor formalidad, bancarización y por ende de control fiscal.
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