| 2/7/2012 5:00:00 PM

Evidencian daño patrimonial por $64.857 millones en plan de retiro de ETB

El detrimento fue ocasionado por el pago irregular de prestaciones sociales a integralizados, bonificación a convencionados, bonificación a integralizados retirados posteriormente al 30 de septiembre de 2010 y antes del 30 de septiembre de 2010, según indicó la Contraloría.

Luego de concluir la auditoría a la ETB S.A.ESP para la vigencia fiscal de 2010, en la cual se examinó el Plan de Retiro Voluntario (PVR) realizado a partir del 9 de septiembre de 2010 a 775 funcionarios, la Contraloría de Bogotá evidenció que el pago total de lo no debido (prestaciones sociales de trabajadores con salario integral, más bonificaciones no salariales o extralegales y los bonos de libre destinación) constituyó en un detrimento al erario distrital de $64.857.111.455.

El contralor de Bogotá Mario Solano Calderón, anunció que dará traslado de las diligencias de indagación que realizó el Grupo Especial de Apoyo y Fiscalización –GAF- a la Fiscalía General de la Nación y a la Personería de Bogotá. De igual manera remitirá a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para que dé curso al proceso.

El hallazgo fiscal está cuantificado así:

162 trabajadores que en la época del PVR devengaban salario integral con contrato a término indefinido, les fueron liquidados de forma irregular las prestaciones sociales incumpliendo lo establecido en el artículo 18 de la Ley 50 de 1990 y evidenciando un detrimento por $1.816.992.723. De estos 162 trabajadores vinculados con contrato a término indefinido, 37 de ellos se retiraron de la entidad posteriormente a la fecha del 30 de septiembre de 2010, incumpliendo lo dispuesto por la Junta Directiva de la ETB, quienes aprobaron que: “Todos los contratos laborales de quienes se acojan al PRV terminarán por mutuo acuerdo el día 30 de septiembre de 2010), hecho que evidencia una gestión antieconómica y constituye un detrimento por $6.784.029.101.

De entre los 162 trabajadores, 125 de ellos se retiraron de la entidad con anterioridad a la fecha 30 de septiembre de 2010 pero por el “pago de bonificaciones no salariales o extralegales” se evidencia un daño fiscal por $17.308.272.453.

La gestión antieconómica en el pago de “bonificaciones no salariales o extralegales” se extendió a los 613 trabajadores amparados con la convención colectiva de trabajo, lo cual generó un detrimento por $34.282.495.428. En total el pago de lo no debido por el concepto de “Bonificaciones no salariales o extralegales ascendió a la suma de $58.374.796.982. El pago de los bonos de “libre destinación” que fueron cancelados a los trabajadores no convencionados (613) en el PRV constituye un detrimento por $3.520.305.750.

De los 162 trabajadores vinculados a la ETB con contrato a término indefinido, se encontró que 37 de ellos se retiraron de la entidad posteriormente a la fecha del 30 de septiembre de 2010 incumpliendo lo dispuesto por la Junta Directiva constituyendo un detrimento por $261.516.000. De los 162 trabajadores, se encontró que 125 se retiraron de la entidad con anterioridad a la fecha 30 de septiembre de 2010, pero por el pago de “bonos de libre destinación” se evidenció un daño patrimonial por $883.500.000.

El total del daño fiscal por el concepto de “Bonos de libre destinación” fue $1.145.016.000. El pago total de lo no debido por concepto de “bonos de libre destinación” realizado a los trabajadores que se acogieron al PVR ascendió a $4.665.321.750. El pago total de no lo debido (prestaciones sociales de trabajadores con salario integral, más bonificaciones no salariales o extralegales y los bonos de libre destinación) que se constituye en un detrimento al erario distrital es de $64.857.111.455.

La Contraloría señala que los presuntos responsables de los hechos evidenciados son el presidente de la ETB para la época del PVR, Fernando Carrizosa Rasch-Isla, quien fue el encargado de estructurar e implementar el PVR vigencia 2010. Los integrantes de la Junta Directiva de la ETB que aprobaron mediante acta del 26 de julio de 2010 dicho Plan, así: Principales: Samuel Moreno Rojas, Héctor Zambrano Rodríguez, Eduardo Pizano de Narváez, Mauricio Amador Andrade y Jorge Humberto Botero Ángulo; Suplentes: Carolina Valencia Márquez, María Camila Uribe Sánchez, Ricardo Sala Gaitán, Luis Fernando Restrepo Jaramillo y Jorge Hernán Cárdenas Santamaría.

Toda la documentación y soportes que hacen parte de la Indagación Preliminar fue enviada a la Fiscalía General de la Nación y a la Personería de Bogotá para que adelanten las gestiones propias de su competencia.
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