| 11/5/2011 12:00:00 AM

En las regiones también protestan los estudiantes

Los reclamos a la reforma a la ley 30 no son los mismos en todo el país. En el caso de ciudades intermedias, como Ibagué y Popayán, las universidades públicas adquieren mayor relevancia para el desarrollo regional. Dos estudiantes de administración y economía explican sus demandas y posibles soluciones.

En septiembre con la presentación del proyecto de reforma al Congreso, se intensificaron los anuncios de protestas y posibles paros. En octubre se volvieron violentas y se hicieron llamados a asamblea permanente en todas las universidades públicas del país. En noviembre la amenaza es la cancelación de los semestres, continúan las protestas y los debates en el Congreso.

 Sin el ánimo de lucro en la reforma por qué continúan protestando?

Financiación
Durante la Asamblea General de la Universidad del Cauca del pasado  20 de octubre, Jhonatan Patiño, estudiante de noveno semestre Administración de Empresas explicó a dinero.com que la financiación atada al crecimiento del PIB sigue siendo un problema para la financiación de la universidad pública.

El artículo 145 de la reforma  dice “la Nación incrementará sus aportes para las Instituciones de Educación Superior estatales que reciban recursos de la Nación, en un porcentaje que dependerá del crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), así: si el crecimiento real del PIB es mayor al 0% y menor del 5%, el incremento será del 30% de dicho crecimiento; si el crecimiento real del PIB es igual o mayor al 5% y menor que el 7.5%, el incremento será del 40% de dicho crecimiento; si el crecimiento real del PIB es igual o mayor al 7.5%, el incremento será del 50% de dicho crecimiento”.

Esto quiere decir que ante un crecimiento del PIB del 5%, el aumento del presupuesto para las universidades públicas, sería de 1.5%. También significa una gradual reducción en épocas de crisis económica.

Eduardo Meneses, estudiante de Economía de la Universidad del Tolima, cree que aportar el 15% de los 645.000 nuevos cupos, está fuera del alcance de la universidad pública, o afectaría su calidad, ya que el aumento en el presupuesto por la reforma es insuficiente. El dinero tampoco alcanzaría para aumentar el número de doctorados, porque si con los recursos de hoy sólo se puede ofrecer uno, la exigencia de al menos por facultad sería imposible.

Autonomía
Los estudiantes temen la politización de la universidad. Según Jhonatan Patiño, esto sucedería con la reforma porque plantea un Consejo Superior integrado por tres miembros del gobierno. Un delegado del Ministro de Educación, el gobernador y un designado del Presidente de la República, además de un representante del sector privado, ampliarían el número de representantes externos en el Consejo de las universidades públicas.

Las universidades regionales con características similares están realizando el diagnóstico y el planteamiento de las soluciones de forma conjunta. La Universidad del Tolima y la Universidad de la Amazonía plantean problemas específicos, como una estructura insuficiente para alcanzar los niveles de investigación que plantea la reforma o para recibir los nuevos alumnos que la ampliación de la cobertura exigiría. La Universidad del Tolima ya tiene 32.000 alumnos incluidos los de la modalidad a distancia.

Antecedentes de una protesta anunciada
-El gobierno presentó en marzo de este año el proyecto para reformar la Ley 30 de Educación Superior. La expectativa entonces era alta, la Ley 30 no es de los afectos de estudiantes y profesores de universidad pública, pero la reforma propuesta presentaba un componente de ánimo de lucro en la reforma.

-El presidente Juan Manuel Santos al presentarla explicó los cuatro pilares en que se basaba la iniciativa: promover la calidad y la investigación; aumentar los recursos para la educación superior, incluyendo el capital privado; tener una educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional, y garantizar una gestión educativa basada en el buen gobierno.

-El segundo pilar, el que permitía el capital privado y el ánimo de lucro, generó una ola de protestas en todas las universidades del país. El apoyo de las privadas y de la comunidad académica en general, llevó a que la ministra de Educación, María Fernanda Campo, anunciara que en la reforma continuaría el carácter sin ánimo de lucro de las instituciones de educación superior.

Soluciones y aportes
Las soluciones que plantean los estudiantes no pasan por la permanencia de la ley 30. El gasto en investigación y en planta docente se estancó desde su aparición. La dificultad de estos movimientos estudiantiles radica precisamente en no ofrecer alternativas claras y oportunas a la propuesta del Gobierno.

Las universidades regionales, especialmente en las ciudades de menos de medio millón de habitantes, como Popayán, tienen una alta incidencia en el desarrollo local, pues la mayoría de los profesionales son egresados de estas universidades. Y en momentos de debilitamiento económico y alto desempleo como el que sufre el Cauca, la educación superior debe ofrecer los mecanismos para solucionarlos.

Los estudiantes aceptan que se “colgaron” en la presentación de una propuesta alternativa a la ley 30, y no tienen como responderle a la reforma. En el Tolima, con una oferta cada vez más amplia de universidades privadas, la ley 30 y la reforma, no ofrecen a la universidad pública los recursos para que entreguen conocimiento a la región y permitan la recuperación de la industria y la reducción de una de las tasas de desempleo más altas del país.

Estereotipos y obstáculos
La Ministra de Educación es ingeniera industrial y dirigía la Cámara de comercio de Bogotá, por eso su enfoque es privatizador. Los estudiantes no han leído la reforma y protestan por desconocimiento. Estos son algunos de los estereotipos que afectan el avance de propuestas y negociaciones, que no permite escucharse ni formar una opinión pública que tome una posición enriquecedora en el tema.
El estudio y el debate del proyecto debe ser de interés nacional, no por los disturbios de los estudiantes, sino por el aporte de la educación superior al país.

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