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El consumo del tabaco es la principal causa evitable de muerte. La OMS calcula que, a menos que los países tomen acciones drásticas, el tabaco podría matar a unos ocho millones de personas por año para 2030, en su mayoría en países en desarrollo.

En menos de dos semanas

El próximo primero de junio se someterá a votación el articulado del proyecto de reforma tributaria con destinación específica al sector salud. Coltabaco y Fedetabaco se pronunciaron contra el tributo al tabaco y manifestaron su preocupación por el futuro del sector.

21 de mayo de 2010

La votación del articulado del proyecto de reforma tributaria que conjure la crisis de la salud quedó programada para el próximo 1 de junio. El gobierno considera que cuenta con el tiempo suficiente para aprobarla porque el proyecto alcanzaría a entrar en plenaria antes del relevo en el Congreso.

Según el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, el proyecto sugiere dos tipos de impuestos: los nacionales y los territoriales. En los primeros se incluyen la cerveza y los juegos de azar, mientras los territoriales contemplan tributos a los licores y los cigarrillos.

Con un plan de reducción de la evasión, el gobierno estima un recaudo adicional cercano a los $500.000 millones para el régimen contributivo de salud, que le ayudaría a ajustar las cuentas fiscales del próximo gobierno.

En cuanto al recaudo por el impuesto al tabaco, que es de $650 por cajetilla de 20 unidades, se estima que el recaudo en los departamentos aumentará de $446.000 millones, recaudados en 2009 a $460.000 millones, mientras que por la sobretasa ad-valorem del 12 % se estima una suma adicional de $160.000 millones.

Heliodoro Campos, gerente de la Federación de Productores de Tabaco aseguró que “un aumento de impuestos de esta magnitud pondría en riesgo la viabilidad de los planes de expansión de cultivo de tabaco planteados por la industria, así como la producción actual de tabaco, que involucra y beneficia a más de 20,000 familias del campo en Colombia”.

Coltabaco por su parte, rechazó la idea de aumentar el impuesto específico de $650 porque consideró que sería un incentivo para el contrabando e impediría el desarrollo de varios proyectos de expansión de cultivos, empleo y exportaciones del sector.