El verdadero escollo

El país entero aplaudió la reunión entre los presidentes Juan Manuel Santos y Barack Obama, el pasado 7 de abril en Washington, durante la cual se dio un empujón al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, engavetado en el Congreso de los Estados Unidos desde hace casi cinco años.

Pero, más allá de la euforia que generó el anuncio y sin querer aguar la fiesta, las cuentas sobre los procesos que todavía deben surtirse, y su complejidad, indican que el país todavía tiene un largo trecho por recorrer antes de tener acuerdo comercial. Dos temas justifican esta demora.

El primero tiene que ver con los nuevos compromisos adquiridos por el Gobierno en materia de protección laboral y sindical, incorporados en el Plan de Acción, y cuyo cumplimiento es condición para la presentación del tratado por parte del presidente Obama ante el Congreso estadounidense. De este grupo de compromisos, el que mayor complejidad reporta es el 'marchitamiento' de las cooperativas de trabajo asociado (CTA), que incumplen la ley y se dedican a intermediar trabajo.

El segundo se relaciona con el retraso en la expedición y aprobación de un paquete de por lo menos 40 leyes y decretos que deben estar listos para la vigencia el TLC y sobre el cual "se ha avanzado muy poco", de acuerdo con el representante a la Cámara Miguel Gómez Martínez.

El presidente de la Cámara Colombo-Americana, Camilo Reyes, reconoce que el proceso de implementación del tratado "es extenso, ya que serán necesarios cambios en la legislación capítulo por capítulo". Cumplir con todas estas normativas podría tomar no menos de un año contado a partir de la aprobación, lo que implica que en el mejor de los casos el acuerdo entraría en vigencia en 2013.

Si bien el Plan de Acción acordado el pasado 7 de abril tiene fechas precisas -como condición para presentar el TLC-, implicará un enorme esfuerzo para el Ejecutivo y el Legislativo. En este listado están previstas las siguientes asignaciones: antes del 22 de abril "ampliar dramáticamente" el alcance del programa de protección para dirigentes sindicales; para esta misma fecha, revisar el plan de reubicación y protección de profesores en riesgo; antes del 30 de julio eliminar los retrasos de las evaluaciones de riesgo para sindicalistas; antes del 15 de junio introducir en el Código Penal una reforma que tipifique como delito los actos o amenazas que lesionen derechos fundamentales de los trabajadores.

También contempla, para diciembre de 2011, asignar 95 investigadores judiciales de la Policía, de tiempo completo, para apoyar a los fiscales en casos de crímenes contra sindicalistas; antes del 20 de mayo un plan para fortalecer la capacidad de fiscales e investigadores de delitos contra sindicalistas en oficinas regionales; antes de junio llevar a cabo un programa de divulgación de los derechos de los trabajadores y, para el 15 de junio, mejorar la inspección.

El plazo más estricto y complejo busca 'poner en cintura' la intermediación laboral a través de las CTA y ejercer mayor control a las empresas de servicios temporales utilizadas para evadir derechos de los trabajadores. Para el 15 de junio debe estar en marcha un estricto control e inspección de las agencias de servicios temporales y para la misma fecha las cooperativas deben estar libres de sospechas sobre intermediación de trabajo o, de lo contrario, enfrentarán multas "significativas", extensivas a las empresas que violen los derechos de los trabajadores. Pero, ¿qué tan fácil es 'poner en cintura' a estas cooperativas?

En el ojo del huracán
El esquema de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) llegó al país hace treinta años. Estas surgen cuando un grupo de personas conforma una cooperativa para ofrecer productos y servicios. Ello implica que cada uno de los que la integra no es un empleado, sino un afiliado que participa de los rendimientos que deje la actividad propia de su proyecto. El experimento funcionó muy bien en sectores clave como alimentos y salud.

Sin embargo, cuando grandes compañías se dieron cuenta de que las CTA podían servir para reducir gastos laborales evitando los pagos de seguridad social o parafiscales, todo empezó a degenerar en la práctica de la intermediación laboral.

Las diferencias entre uno y otro esquema son mínimas: puede darse el caso de una CTA que pague todos sus deberes laborales, pero que esté violando la ley. Por ejemplo: un trabajador es contratado por una CTA para que preste un servicio en una compañía X. Ese trabajador cumple su tarea en el edificio de la firma contratante y su jefe está directamente vinculado a esa empresa y no a la cooperativa. Allí hay intermediación laboral y ese esquema es ilegal.

En esta circunstancia se encuentran muchos de los trabajadores. Según las cuentas oficiales, unos 500.000 empleados están afiliados a las CTA y el problema se había vuelto tan evidente, que el Gobierno lo tenía en la mira desde hace rato y eso es lo que explica que haya quedado incluido en el marco de los compromisos del TLC.

El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, se ha pronunciado en varias oportunidades acerca del tema y ha señalado que la mayor parte de estas cooperativas viola la ley laboral. El año pasado, durante la discusión de la ley del primer empleo, el Gobierno trató de poner un artículo para eliminar todas las cooperativas de trabajo asociado en los próximos tres años, pero la iniciativa no prosperó por el enorme impacto social. Pero, en cambio, se logró establecer sanciones más duras para quienes utilicen el sistema para hacer intermediación laboral, que incluyen no solo a las cooperativas sino a las empresas que las contraten y que tendrán que entrar en vigencia en junio próximo.

El viceministro de asuntos laborales, Ricardo Andrés Echeverri, explicó a Dinero que en los últimos años han venido sancionando y cerrando CTA. De hecho, dijo que en 2007 había cerca de 12.000 cooperativas de este tipo y hoy se han reducido a unas 4.400. Actualmente hay unas 60 investigaciones abiertas.

La presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), Clemencia Dupont, considera injusta la idea de cerrar todas las cooperativas de trabajo, pues hay muchas que han hecho bien la tarea y han generado prosperidad a sus afiliados. Reconoció que existen casos en los que se ha dado abuso y por eso pidió que haya más sanciones, pero consideró un error eliminar todo el sistema.

Aunque la controversia por la intermediación laboral no es un tema nuevo y en el pasado ha sido duramente criticado por sindicatos y organizaciones sociales, esta vez podría llegar a su fin, pues la apuesta del Gobierno es poner en vigencia el TLC con Estados Unidos lo más pronto posible. Y hará todos los esfuerzos que estén a su alcance para lograrlo.