El tesorero que tomó las de Villadiego

El presupuesto de la entidad pareció haberse convertido para este hombre en su coto de caza personal: jineteaba el dinero, pagaba en efectivo a los proveedores y no registraba los documentos que le dieran soporte a sus operaciones.

Es cierto que el contralor municipal, José Nelson Estrada, fue quien denunció lo que ocurría. Pero lo es también que cuando la Auditoría General de la República verificó lo acontecido advirtió que ni él, ni el subcontralor, ni la asesora de control interno, ni el contador, ni nadie allí tomó las previsiones necesarias para impedir que esos recursos de los pereiranos fueran esquilmados.

El caso del tesorero que, como lo resumió gráficamente un investigador, “se untó las manos y luego tomó las de Villadiego”, abrió las compuertas para entrar a otros escenarios en los que se presentan irregularidades que hoy aquejan al organismo fiscalizador.

Una de ellas es la posible existencia de una nómina paralela a la que incorporan, mediante contratos de prestación de servicios y otras mecanismos de vinculación no formal, personas que no cumplen los requisitos necesarios para cumplir las misiones que se les asignan o que desarrollan actividades distintas a las descritas en el objeto del contrato.

Esta última es la evidencia de que el clientelismo campea como en las época de los 80, cuando las contralorías no producían noticias por el alcance de sus decisiones fiscales sino por la manera como eran manejadas por los caciques políticos, convertidos en dueños de su botín burocrático.

Otra irregularidad se encarna el manejo poco claro de las cesantías y demás recursos prestacionales.

Un muestreo al azar permitió a la Auditoría identificar varios casos en las que las cesantías de servidores de la Contraloría Municipal eran consignadas en entidades habilitadas para administrarlos mucho después del vencimiento de los plazos legales establecidos. ¿Eran usados para hacer negocios de comisiones con operadores financieros? Es altamente probable que así fuera.

Particulares ajenos por completo a la Contraloría Municipal se aprovecharon de aquel ambiente relajado y de los sistemas desprovistos de control para sacar provecho personal. Un botón basta de muestra: en la Tesorería –despacho que ocupó el hombre que tomó las de Villadiego- existía un plan corporativo de telefonía móvil que era pagado con recursos oficiales. Veintisiete abonados que se lucraban de él no tenían relación alguna con la institución.

El efecto inmediato ha sido una sensible pérdida de credibilidad en la misión institucional. El ambiente que hoy rodea a los órganos de control territoriales es muy semejante al que se vivía cuando el entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, decidió convertir en tema de referendo la posible abolición de estas contralorías.

¿Habrá que reditar estar idea? Si las contralorías no se depuran, ese riesgo estará presente.