| 12/9/2013 7:00:00 PM

El poder del Procurador

Alejandro Ordóñez, quien destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, es un poderoso funcionario al que no le tiembla mano para sancionar a quien sea. Muchos se preguntan si es exceso de mano dura. Llueven las críticas.

Ordóñez, abogado y católico de ideología ultraconservadora, se ha convertido en un azote de los políticos, principalmente de los de izquierda, como Petro, al que, además de destituir por el supuesto mal manejo de una crisis en la recolección de basuras ocurrida en 2012, inhabilitó por 15 años para ejercer funciones públicas.

Nacido hace 58 años en Bucaramanga, capital del departamento de Santander, Ordóñez, que tiene una especialización en Derecho Administrativo e hizo carrera en la rama judicial, fue elegido procurador general por el Senado en diciembre de 2008 para un periodo de cuatro años con una votación de 81 votos a favor y solo uno en contra. Entre los que votaron a favor de su nombre estaba el entonces senador Gustavo Petro, hoy destituido por Ordóñez del cargo de alcalde de Bogotá.

Reelegido en 2012 para un segundo mandato, hasta 2017, Ordóñez se ha caracterizado por sus decisiones de corte ideológico en asuntos como el aborto y los matrimonios entre parejas del mismo sexo o contra políticos de izquierdas, como la exsenadora Piedad Córdoba, destituida por supuestos vínculos con las FARC, y el propio Petro, que fue guerrillero del grupo M-19.

También suspendió al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, antecesor de Petro, por un millonario escándalo de corrupción, y al exministro de Agricultura del anterior Gobierno Andrés Felipe Arias, por otro caso de malversación de fondos, así como a decenas de funcionarios públicos de distinto rangos involucrados en ilícitos.

Ordóñez también se ha caracterizado por su férrea oposición a los diálogos de paz en Cuba del Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), porque considera que con las negociaciones esa guerrilla no busca el fin del conflicto sino "someter al Estado y obtener del Estado la absoluta impunidad" por sus crímenes. Su oposición al proceso de paz lo llevó la semana pasada a La Haya, donde se entrevistó con la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, a quien pidió que ese tribunal intervenga si en el proceso de paz con las FARC se acuerdan mecanismos de justicia que conduzcan a la "impunidad". Ese supuesto significaría "una paz no sostenible y podría impulsar posteriores actos de violencia en el país", señaló.

La destitución de Petro, considerada una exageración por diferentes sectores políticos, ha puesto en la mira del Gobierno las funciones del procurador, cuyo poder para destituir a funcionarios elegidos por el voto popular fue cuestionado hoy por el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.

La Procuraduría General es un organismo con funciones disciplinarias y autónomo frente a las demás ramas del Estado, que se encarga de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes y las decisiones judiciales. Entre las atribuciones de la Procuraduría está la de representar a los ciudadanos ante el Estado y como tal es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y la Personería.

La Procuraduría tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestaria y funciones de prevención, de intervención y disciplinarias que algunos sectores empiezan a ver con desconfianza por el uso que de esos poderes ha hecho Ordóñez.


EFE/D.com
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