| 12/10/2013 7:00:00 AM

El precio de la destitución

Tras la decisión de la Procuraduría de destituir al Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, inquieta el impacto que puede tener la medida.

La decisión de la Procuraduría General de la Nación, además de tener un impacto político para el alcalde Gustavo Petro y la institucionalidad del Distrito, se verá reflejada en el proceso de los proyectos que se llevan a cabo.

En la opinión del analista constitucional, Juan Manuel Charry, la ciudad sufre un desgaste que obedece a la gestión de las malas administraciones de los últimos años, además de los controles, que también tienen un impacto negativo porque generan un traumatismo en la gestión de gobierno, en la ejecución de los programas y la continuidad de la administración.

“La ciudad fuera de que ha tenido malos administradores, tiene que asimilar el impacto de los controles y el relevo del alcalde”, señala Charry.

En cuanto a la polémica que se ha desatado frente a la actuación del procurador, Alejandro Ordoñez, el analista dice que hay que dejar que los entes de control actúen porque para eso existen.

Al intentar calcular un costo, el experto señala que es muy difícil cuantificarlo económicamente y plantea: “¿qué es más grave, un mal administrador o la salida del mal administrador?

En la opinión de Charry, la ciudad que tenía un interesante repunte en materia de obras públicas y de infraestructura, en los últimos tres periodos se han venido deteriorando. Por supuesto, hace énfasis en el descalabro que representó la administración de Samuel Moreno.

En la opinión del analista, lo que ha sucedido también afecta la imagen de la izquierda del país, del partido Progresista e, indirectamente, al Polo Democrático.

Recuerda que el anterior alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, salió del cargo por irregularidades que denunció el mismo Petro en su momento y efectivamente se está demostrando que hubo una catástrofe administrativa con comisión de delitos penales en aquella administración.

Ahora quien lo denunció se ve involucrado en sanciones disciplinarias por problemas administrativos, lo que demuestra, según Charry, que el Polo y los progresistas no tienen la capacidad de administrar la ciudad más importante del país y el segundo cargo administrativo de la nación.

Además tiene un efecto más indirecto si afecta al Polo Democrático para las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales.

Lo que sigue

El director de Derecho Constitucional de la Universidad  Externado, Nestor Osuna,  dice que por ahora hay un recurso de reposición el cual muy seguramente presentará el Alcalde Gustavo Petro.

Con ello, la aplicación de la sanción queda diferida hasta cuando decidan la reposición, lo que tardaría un mes o quizás un poco más. Mientras tanto sigue siendo el alcalde.

Luego, si se confirma la decisión lo que ocurre es que hay que convocar elección de alcalde para dentro de los tres meses siguientes, mientras tanto el Presidente de la República deberá nombra un alcalde encargado, de una lista que le envíe el partido político al cual pertenece el alcalde destituido. Para el caso de Petro será del partido Progresista.

Quien gane las elecciones ejercerá el cargo durante el periodo restante, es decir, el periodo que no pudo cumplir Petro como consecuencia de la destitución, menos de dos años que le faltan a Petro.
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