El ajuste de Alvaro Uribe

| 8/23/2002 12:00:00 AM

El ajuste de Alvaro Uribe

El gobierno comienza a desplegar su estrategia de seguridad, ajuste fiscal y reforma del Estado.

Con el impuesto de 1,2% sobre el patrimonio líquido, decretado en el marco del Estado de Conmoción Interior, los colombianos comenzaron a sentir el costo que tendrá resolver el problema de seguridad de su país bajo el gobierno de Alvaro Uribe. Lo están haciendo con buena disposición. Todo indica que la gente está dispuesta a pagar, en la medida en que el gobierno muestre resultados. Los contribuyentes tienen razón en exigirlos, pero deberán armarse de paciencia, no solo para ver resultados decisivos frente a la guerrilla, sino para ver una economía que vuelva a crecer. De hecho, ya se sabe que tendrán que hacer más sacrificios, pues el impuesto al patrimonio se dirige a reforzar los gastos militares y no es ni siquiera la cuota inicial del ajuste, el cual vendrá por la vía de una reforma tributaria y una reducción del tamaño del Estado. La estrategia del gobierno, si funciona, no se reflejará en nuevo crecimiento económico antes del año 2004.



¿Funcionará la estrategia? Ella exige resolver contradicciones gigantescas. Todo indica que el tamaño del déficit fiscal consolidado ha sido subestimado por el anterior gobierno y se acerca a 4% del PIB, no a los 2,8% que es la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ajuste de gasto que se debe hacer, entonces, es adicional al que se preveía.



La financiación es todo un reto, pues Colombia tiene que buscar alrededor de US$4.000 millones en los mercados internacionales para el año 2003, en un momento en que la turbulencia internacional cierra los mercados de crédito para América Latina. El impuesto al patrimonio y la reforma tributaria serán recesivos, a menos que, por el otro lado, el ajuste del gasto sea tan efectivo que logre abrir un espacio sustancial para el sector privado en la economía y que la mejora en las condiciones de seguridad atraiga de nuevo la inversión. El problema es que mientras los impuestos se sienten de inmediato, el recorte de gasto es lento, incierto, y además implica en principio mayores gastos debido a las liquidaciones que será necesario hacer. El gran reto del nuevo equipo es ubicar correctamente las fichas de este rompecabezas.



Tres pilares

La estrategia se basa en tres pilares. El impuesto al patrimonio, mediante el cual el gobierno aspira a recaudar $2 billones (que equivalen a cerca del 1% del PIB, o a la mitad de lo que se recauda por IVA en un año), se destinará a financiar el primero de los tres, el fortalecimiento de la seguridad doméstica. Esta es indispensable para generar confianza, requisito para que vuelvan los capitales y la inversión.



Durante septiembre, el equipo económico de Uribe estará negociando y ultimando los detalles con el FMI para definir el nuevo acuerdo de ajuste y completar la estrategia en relación con los dos pilares restantes, la reforma del Estado y la reforma fiscal.



La magnitud del ajuste fiscal tendrá que ser monumental. La estimación por debajo de la línea (necesidades de financiamiento) del Banco de la República muestra que, por primera vez desde 1999, los resultados fiscales excedieron las metas pactadas con el FMI para el primer semestre. El déficit del gobierno central podría llegar a 6% del PIB en el año 2002 y el consolidado (que incluye las entidades territoriales y el superávit de empresas estatales) sería de casi 4% del PIB, cuando la meta pactada con el FMI es de 2,8%. Este es un serio retroceso frente al ajuste gradual que venía ocurriendo, pues el déficit de 2001 fue de 3,2% del PIB.



Infortunadamente, el gobierno cuenta con un limitado arsenal de alternativas para financiar el faltante y responder a los adversos choques externos. El más reciente es la crisis de Brasil y su contagio por toda la región que, entre otras cosas, ha causado fuerte volatilidad cambiaria.



La preocupación en torno a una probable cesación de pagos (default) por parte de Brasil ha llevado al cierre de los mercados externos para nuevas colocaciones de bonos, pues el costo es prohibitivo. El spread de deuda colombiana (el premium que los inversionistas demandan para compensar el riesgo país) bordea los 1.000 puntos básicos. Este nivel refleja el creciente escepticismo de los inversionistas frente a Colombia y la urgencia de implementar el programa fiscal.



El camino de financiar el hueco con la emisión de mayor deuda interna es supremamente peligroso y, por fortuna, así lo entiende el nuevo equipo económico. El saldo de títulos TES se duplicó en menos de 4 años, al pasar de 9,6% del PIB en 1998 a casi 19% a abril de este año. Las consecuencias se observan en el flujo de ahorro financiero de la economía: el gobierno absorbe un 70%, mientras que el sector privado se ve desplazado de una manera brutal en sus oportunidades para financiarse.



La salida de las autoridades será pedir ayuda a las multilaterales para cumplir los pagos de deuda externa, los cuales, según las cifras a 30 de junio de este año, ascienden a US$2.300 millones en el 2003. También pedirán recursos para financiar la reforma del Estado y para algunos gastos en materia social.



El ajuste

Según el equipo económico, el objetivo final es cocinar un ajuste de por lo menos 2% del PIB para volver sostenible la dinámica de la deuda pública y, al mismo tiempo, allanar el terreno para que la confianza retorne y la economía pueda repuntar. El ajuste viene orquestándose con las recomendaciones de la Misión del Ingreso Público (ver recuadro) y de estudios del Banco Mundial y la Cepal. Además, incluye la aprobación de una reforma pensional y una ley de responsabilidad fiscal.



El ajuste recaerá sobre todo en un aumento de los ingresos del gobierno mediante impuestos adicionales, de por lo menos 1,5% del PIB (adicional al 1,2% del PIB que se espera recaudar con el impuesto al patrimonio) con la nueva reforma tributaria.



La reducción del gasto será menos significativa e inmediata, pues la reforma del Estado demorará en implementarse y, según el gobierno, se hará en etapas e incluye la reforma política y la reforma judicial. Además, reducir el tamaño del Estado tendrá costos en el corto plazo que se espera financiar con préstamos de la banca multilateral. Por tanto, en el mejor de los casos, podría traducirse en un recorte en el gasto de 0,3% del PIB. Por último, los expertos en el tema fiscal reconocen que otras formas de reducción del gasto del gobierno central son supremamente difíciles de hacer pues un 91% es inflexible.



"El problema es que la reforma fiscal hará que la recesión sea más profunda; pero sin reforma, el país corre el riesgo de que los inversionistas se nieguen a hacer rollover (la renovación) de la deuda pública", afirmó un banquero de inversión de Nueva York a Dinero. Por ende, a pesar de la expansiva política monetaria del Emisor, un mayor crecimiento será esquivo mientras retorna la confianza.



Se requiere que el ajuste sea, ante todo, coherente. Si se logra reducir el déficit fiscal, los nuevos ingresos que lo hicieron posible no deben ser despilfarrados. El riesgo sería repetir la experiencia del año 2001, cuando la economía se desaceleró por los efectos de la reforma tributaria aprobada a finales del año 2000, que generó ingresos adicionales por 1,5% del PIB pero no fue acompañada por un menor gasto en términos reales.



El financiamiento

Según Alberto Carrasquilla, viceministro de Hacienda, Colombia espera obtener en el exterior US$4.000 millones para financiar al Estado y cumplir los pagos de deuda externa de 2003. El gobierno colombiano les pedirá a las instituciones multilaterales que liberen US$2.200 millones en préstamos en el próximo año. Se espera que el resto pueda ser colocado en bonos, pero si los mercados continúan cerrados para Colombia, las alternativas serían pedir mayor ayuda a las multilaterales, continuar utilizando el menguado superávit de Ecopetrol y, en última instancia, colocar más TES.



El gobierno solicitará aumentar casi al doble el tamaño de la estrategia de asistencia del Banco Mundial para Colombia, lo cual se discutirá en los Spring Meetings de septiembre. A la fecha, la cartera actual con Colombia incluye 24 operaciones por US$1.480 millones, de los cuales US$858 millones están todavía por desembolsar. El principal rubro pendiente comprende un préstamo por US$400 millones, destinado al ajuste estructural de las finanzas públicas.



De manera similar, pedirá al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mayores préstamos para reversar el hecho que en el 2003 los pagos de deuda al BID son mayores que los nuevos desembolsos. El gobierno es optimista, pues manifestó que ha recibido una buena reacción de funcionarios del Tesoro de Estados Unidos para lograr que las multilaterales incrementen su apoyo al país.



Sin duda, la positiva reacción al nuevo impuesto al patrimonio es una excelente señal. Los colombianos quieren aportar y entrar activamente a solucionar los problemas del país. Este apoyo tiene un enorme valor en este momento. La ayuda de Estados Unidos, un elemento crítico tanto por su valor directo como por su influencia ante las entidades multilaterales y los mercados internacionales, depende de ese factor.



Lo que viene no será fácil. La entrada en una nueva fase de la guerra, en medio de un ajuste fiscal, exigirá el máximo del gobierno y los ciudadanos. Hay que dar el paso con decisión. Es posible que no haya otra oportunidad.



La política de estabilidad económica y seguridad democrática

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público está trabajando en tres pilares que sostienen su política económica:



Fortalecer la seguridad doméstica para recuperar la confianza de los inversionistas. Se creó un nuevo impuesto al patrimonio, al amparo del Estado de Conmoción Interior, para financiar las necesidades de gasto militar adicional.

Atacar los desequilibrios fiscales, al tiempo que se recupera el crecimiento económico. Esto incluye la aprobación de una nueva reforma tributaria, la reforma pensional y la Ley de responsabilidad fiscal.

Reformar el Estado, reduciendo su tamaño y aumentando su eficiencia, para reducir el gasto público. Incluye también la reforma política y la reforma judicial.

Las recomendaciones

El Ministro de Hacienda afirmó que la reforma fiscal, que incluye una nueva reforma tributaria, tomará como punto de partida las recomendaciones de la Misión del Ingreso Público, que rindió un informe a principios de agosto.



Según este estudio, se requiere un mayor ajuste fiscal, por un monto mínimo de 3,5% a 4% del PIB. La composición del ajuste podría ser la siguiente:



Mayores recaudos en los tributos nacionales: 1,5% del PIB

Mayores recaudos en los tributos territoriales: 0,5-1% del PIB

Recorte del gasto (por mayor eficiencia): 1,5% del PIB

Una parte tiene que ser inmediata y el resto en dos años para garantizar las mayores coberturas en materia de gasto social y las necesidades de gasto en seguridad.
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