Efecto gaucho

El nombramiento de Domingo Cavallo como ministro de Hacienda de Argentina es el intento más reciente del presidente De la Rúa por evitar la cesación de pagos de la deuda externa, cuando todo apuntaba en esa dirección. A pesar de los compromisos adquiridos con el FMI hacia finales del 2000, el gasto público continuó desbordado, a la vez que la actividad productiva y los recaudos seguían cayendo. Tanto para el FMI, como para los mercados financieros era un hecho que Argentina no solo incumpliría la meta de déficit fiscal de 2,4% del PIB necesaria para recibir la plata del aval, sino que el pago del servicio de la deuda por US$11.500 millones de este año estaba en entredicho. ¿Pero cómo llegó Argentina a una situación tan crítica?

Cuando Argentina adoptó la convertibilidad a comienzos de los 90, lo hizo en un contexto de hiperinflación. La implantación de este esquema fue exitosa al devolverle a este país la estabilidad de precios. De hecho, el efecto tequila no lo desestabilizó y el país creció en promedio al 5% anual entre 1991 y 1998. El problema, sin embargo, estuvo en que la convertibilidad no se acompañó de las reformas laboral y fiscal que se requerían para que el sector real pudiera absorber el peso del ajuste.



Bajo un esquema de convertibilidad, la única salida para competir con el exterior es aumentar la productividad. Para lograrlo, es necesario acabar con las rigideces del mercado laboral, para lo cual se requiere una serie de reformas estructurales. En Argentina, el sindicalismo es muy fuerte y las cargas parafiscales son enormes. De la Rúa trató de hacer las reformas al comienzo de su gobierno pero no tuvo el apoyo político necesario. Cuando finalmente se iban a hacer, se desató un escándalo político que desencadenó la renuncia del vicepresidente Alvarez. Supuestamente, el gobierno había sobornado a algunos congresistas para que la reforma laboral fuera aprobada. Por otro lado, la inversión privada y sobre todo la inversión en tecnología necesarias para aumentar la productividad, aunque llegaron, no lo hicieron en los montos que se requerían. Luego, con la devaluación de Brasil, Argentina perdió mucho terreno en este frente. Cualquier inversionista que tuviera que elegir entre invertir en uno de los dos países, lo hacía sin vacilar en Brasil, debido a su mayor competitividad cambiaria.



Pero los problemas argentinos no eran únicamente de productividad e inversión. La inflexibilidad de las finanzas públicas también requería grandes ajustes para evitar que su manejo se convirtiera en un problema explosivo. Estos nunca se hicieron. La ley de responsabilidad fiscal que se expidió inicialmente solo ponía en cintura al gobierno federal, en tanto que las provincias continuaron gastando sin límite.



Para corregir este desequilibrio, a finales del año pasado se firmó el Pacto Fiscal. En él, los gobernadores se comprometieron a hacer en sus respectivas provincias un acuerdo similar al que el gobierno central tenía en el marco de la ley fiscal y a no crecer el gasto primario durante los cinco años siguientes, sino hasta cuando se hubiera alcanzado el equilibrio fiscal. Así mismo se limitó el crecimiento de las transferencias del gobierno federal a las provincias. El Pacto se firmó por los días en los que se firmó el acuerdo con el FMI para el aval de US$40.000 millones.



Estos dos hechos, la firma del Pacto Fiscal y el aval de FMI, renovaron la confianza en que Argentina por fin iba por el camino correcto. Inclusive los mercados financieros reaccionaron favorablemente y el spread de los bonos de la deuda externa argentina se ubicó en niveles comparables con los del resto de países latinoamericanos.



El 2001



Frente a la falta de credibilidad de la política económica y el desgaste del ministro Machinea, el presidente De la Rúa optó por nombrar a Ricardo López-Murphy como ministro de Hacienda. El compromiso era que López-Murphy haría los ajustes necesarios para poner las finanzas públicas en cintura, una situación que el mismo De la Rúa definió como "difícil y crítica". No acababa el ministro de anunciar su receta de ajuste fiscal, cuando se presentaron las renuncias de tres ministros del gabinete. El presidente De la Rúa inmediatamente le quitó el apoyo y nombró a Domingo Cavallo como nuevo ministro de Hacienda.



Cavallo se posesionó e inmediatamente presentó ante el Congreso el "Plan de Competitividad", que contiene 13 artículos, entre los cuales uno en particular otorga poderes legislativos al ejecutivo en temas como reducción de impuestos, leyes laborales y reformas estructurales. Adicionalmente, el plan contempla un impuesto a las transacciones financieras de 6 x 1.000, modificaciones a los aranceles, así como un artículo que exige que todas las transacciones superiores a US$1.000 se hagan por medio de cheque, con el fin de evitar la evasión del impuesto.



Tanto el Senado como la Cámara aprobaron ya una buena parte del plan de Cavallo, después de que el gobierno aseguró que no haría despidos ni reduciría salarios. Sin embargo, el Congreso no se ha puesto de acuerdo sobre el tema de los poderes especiales.



Por otra parte, el presidente De la Rúa expidió durante el fin de semana un decreto que elimina los aranceles sobre los bienes de capital y aumenta al 35% los de los bienes de consumo provenientes de países diferentes a los de Mercosur.



Las medidas hasta ahora anunciadas por Cavallo están encaminadas a solucionar los problemas de corto plazo. Aún faltan por conocerse las medidas de ajuste fiscal que llevarían a las finanzas públicas al equilibrio. Mientras esto no se dé, lo único que se habría ganado es un poco de tiempo.



Ahora bien, ¿qué va a pasar con Argentina? Hacer o no una cesación de pagos es finalmente una decisión política que se puede tomar antes de que los mercados se cierren definitivamente. Si Argentina se decidiera por esta vía, ¿cuál podría ser la reacción del FMI y del gobierno de Estados Unidos, más aún ahora que todos los mercados están tan enredados y que ha habido un cambio en la Casa Blanca? ¿Actuarían a favor de una reestructuración organizada de la deuda, pero exigiendo la participación de todos los tenedores de bonos?



Argentina no es Ecuador. La importancia de Argentina y la magnitud de su deuda implican que lo que suceda con este país afectará, sin duda, el comportamiento de los mercados financieros globales. Más aún, es posible que afecte la visión de los inversionistas sobre los mercados emergentes. Las repercusiones de un default argentino podrían ser muy graves sobre el resto de los países emergentes que ya de por sí están pagando intereses demasiado altos para poder colocar los bonos.



Los economistas colombianos están proponiendo la dolarización como solución al problema de credibilidad que tiene el país. Frente al tema sería útil que miraran con cuidado la experiencia argentina. La dolarización es excelente como instrumento de estabilización inflacionaria, pero dista de ser suficiente incentivo para impulsar el ahorro y la inversión, necesarios para promover el crecimiento. Sin reformas estructurales, la dolarización nunca podría sostenerse.



Argentina y Colombia



La experiencia reciente de Argentina deja una conclusión muy clara. Su inmensa similitud con el caso colombiano. Los problemas fiscales son idénticos, así como la ligereza con que se han manejado.



El problema pensional en Argentina es mayor pues le cuesta 6% del PIB. En Colombia, este ya empieza a ejercer presión sobre las finanzas públicas y crecerá continuamente en los próximos 20 años.



El problema político es similar. La corrupción en Colombia es galopante y el Congreso no funciona, sino a cambio de una serie de dádivas escondidas, con un altísimo costo para la sociedad.



El desempleo y el subempleo son problemas gravísimos que hay que atacar rápidamente. En Argentina, las reformas se han dilatado y el desempleo se convirtió en un problema social. En Colombia, no se está haciendo nada.