DNP defiende proyecto de ley sobre subsidios

Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), destacó la importancia del proyecto de ley que espera su debate para ser votado en el Senado y que cambiaría las reglas con las que se aprueban los subsidios en el país y señaló que “tiene una visión muy interesante de organizar la forma en la que se entregan los subsidios”.

El director del DNP destacó que, contrario a las críticas que ha recibido, el proyecto le quitaría poder a los congresistas para decidir sobre los subsidios que se aprueban y entregan en el país, al obligar a que un comité del Ejecutivo revise el proyecto antes de ser aprobado, lo que ha generado resistencia entre los congresistas.

De acuerdo con Mejía, solo en el sistema pensional “el gasto público que hace hoy el Gobierno para cubrir las pensiones frente a su cobertura es de 0,34% del PIB mientras que en los demás países (de la región) es de 0,14% del PIB. Lo que demuestra que es un costo excesivamente regresivo y alto”.

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Mientras el director del DNP explicó que el 20% de los jubilados más ricos recibe el 62% de las pensiones del país, el director de Fedesarrollo, Leonardo Villar, destacó que de cada $100 por recaudo de impuestos, el Gobierno destina $27 al pago de subsidios pensionales.

El proyecto de ley que defiende Mejía fue radicado ante la Comisión Tercera del Senado por el entonces director del DNP, Simón Gaviria, y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Dicho proyecto ha recibido críticas de varios economías pues se teme que le añadiría inflexibilidad al Presupuesto Nacional en su intento de reglamentar la creación de subsidios en el país.

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Uno de esos críticos es Fedesarrollo que ha advertido que aunque el proyecto tiene elementos positivos y que permitirán mejoras en el sistema de subsidios del país, como los lineamientos básicos que debe seguir cada nuevo subsidio o un sistema de información que permita el cruce con todos los programas de asistencia social y el Sisbén para tener mayor control sobre los beneficiarios, también tiene varios aspectos que valdría la pena revisar.

Por un lado, el proyecto de Ley no separa los recursos de subsidios directos, como la entrega de recursos en planes tipo Familias En Acción, de los subsidios indirectos como el acceso a educación gratuita y al sistema de salud.

el documento señala que en 2015 el Gobierno gastó $72 billones en subsidios sociales, es decir el 9% del PIB nacional. De este valor,  $38,6 billones al gasto público en educación y en salud.

Además, deben sumarse los subsidios productivos cuyo gasto en el 2015 alcanzó casi $0,7 billones (0,1% del PIB) y los  $18 billones que se asignan cada año a los subsidios en pensiones, que el mismo DNP reconoce como “regresivos”.

De acuerdo con la entidad, expresados así los subsidios que se entregan cada año equivalen a “2 veces el presupuesto total de inversión y representó cerca del 45% de los recursos apropiados del Presupuesto General de la Nación de ese año, excluyendo el servicio de la deuda”.

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