| 4/10/2012 7:00:00 AM

Distribuidores mayoristas de gasolina serían obligados a devolver $8,2 billones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular en primera instancia según la cual, empresas como Chevron, Terpel, Petrobras, ExxonMobil y Brío, entre otras, deben devolver millonarios recursos a la Nación.

En los próximos días, las empresas distribuidoras de combustibles enfrentarán un juicio que determinará si deben regresarle al Estado colombiano unos $8,2 billones, para que éste a su vez refleje dicho ingreso en el costo del combustible al consumidor final.

De acuerdo con el abogado Juan Pablo Valbuena, quien lidera la acción popular, al parecer se ha venido presentado una mala facturación por el combustible entregado a la cadena de minoristas.

El Consejo de Estado admitió la demanda por considerar que reúne los requisitos de ley. La decisión es de primera instancia, por lo que le caben recursos de reposición por parte de las empresas.

En la decisión estarían involucrados Chevron Petroleum Company, Organización Terpel, Prodian, Petrobras, Colombia Combustibles, Distribuidora de Combustible Wayuu Limitada, Zapara y Velásquez, Zeuss Petroleum, Corporación Petrolera, Comercializadora Proxxon, Procesadora de Minerales, ExxonMobil, Brío, y Petrocomercial, pues son ellos quienes figuran entre los notificados.

“En Colombia todas las ventas de combustibles que realiza Ecopetrol se hacen a temperaturas superiores a 15,5 grados centígrados, por lo que se aparenta un mayor volumen cuando en realidad es menos. Por tal motivo, Ecopetrol aplica la corrección volumétrica” explicó el abogado Juan Pablo Valbuena.

Al respecto, el abogado agregó que “por cada 10.000 galones que entrega Ecopetrol físicamente a los mayoristas factura 9.700 aproximadamente y cuando los mayoristas comercializan dichos combustibles no aplican la corrección que aplicó Ecopetrol, lo que se traduce en una mayor facturación por parte del distribuidor mayorista”.

Se espera que en los próximos días inicie el debate público y la argumentación judicial que pretende demostrar que los grandes distribuidores “están omitiendo además el pago de impuestos”.
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