| 9/29/2011 9:30:00 AM

Despenalización del aborto sigue dividendo opiniones en América Latina

Gobiernos, defensores de los derechos humanos y feministas de América Latina se manifestaron, en el Día por la Despenalización del Aborto, en favor y en contra de esta práctica que, según la OMS, tiene una tasa media para el sur del continente de 33 casos por cada 1.000 mujeres.

Uno de los organismos que primero alzó su voz fue Amnistía Internacional (AI) al considerar que despenalizar el aborto es una tarea "urgente" para Latinoamérica y el Caribe e instó a los Gobiernos a promover "planes concretos que aseguren el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas".

"Forzar a una mujer o niña violada a continuar con un embarazo es cruel, inhumano y degradante", dijo AI, ya que algunas "intentan suicidarse" y, en ocasiones, "toman otras medidas desesperadas e intentan practicarse un aborto a sí mismas".

Precisamente, el estudio "Embarazo no planeado y aborto inducido en Colombia: causas y consecuencias" determinó que el 99,9 % de los abortos realizados en el país son ilegales.

También estimó que en 2008 se hicieron unos 400.400 abortos en Colombia, lo que se tradujo en una tasa anual de 39 por cada 1.000 mujeres entre los 15 y 44 años.

Según el estudio, esta tasa supera la media del conjunto de países de América del Sur que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó en 33 abortos por 1.000 mujeres para 2003.

Las cifras en Colombia también están por encima de México, con 33 abortos por cada 1.000 mujeres en 2006; Guatemala, 24 por 1.000 en 2003; y Perú, 54 por 1.000 en 2000.

De acuerdo a la legislación colombiana, el aborto es legal en tres casos: cuando la vida o salud de la madre está en riesgo, el feto presenta una malformación o el embarazo resulta de una violación o incesto.

Perú, país en el que anualmente se practican 370.000 abortos, miembros de organizaciones sociales y feministas realizaron hoy un plantón frente a la sede del Congreso para exigir que se incluya en la agenda pública la despenalización.

Y es que, según datos del Ministerio de Salud peruano, el 44 % de las mujeres que interrumpen su embarazo acude a personas no calificadas, el 37 % a una obstetriz y el 17 % a un profesional de la medicina.

En cambio, en México la jornada la protagonizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avaló la ley antiabortista del estado de Baja California (noroeste), que estipula que el derecho a la vida queda protegido desde el momento de la concepción.

Al respecto, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) aseguró esta semana que las leyes antiaborto "van en contra del legítimo derecho que tienen las mujeres a decidir sobre cuestiones que atañen a su cuerpo y a su dignidad personal, y no prestan atención al delicado problema de salud pública que pueden provocar".

Sobre el polémico tema se pronunció igualmente el presidente mexicano, Felipe Calderón, al solicitar al Senado que retire un posicionamiento que presentó su país al adherirse en 1981 al Pacto de San José sobre Derechos Humanos en torno a que la nación no está obligada a legislar para proteger la vida desde la fecundación.

El mandatario consideró que el retirar la Declaración Interpretativa del Pacto le permite a México refrendar un "compromiso con el derecho a la vida como un bien jurídicamente tutelado por el derecho mexicano".

Más al sur del continente las cifras conocidas hoy dejaron en evidencia que en Argentina cada dos días se produce la muerte de una mujer por un aborto clandestino, que se calcula es realizado unas 460.000 veces al año.

Mientras tanto, en Uruguay, según organizaciones feministas, se cree que se recurre a la práctica ilegal cada 20 minutos.

Por su parte, la activista de la organización Salud Mujeres, Andrea Vela, alertó que en Ecuador hay alrededor de 125.000 abortos anuales e indicó que las mujeres más humildes utilizan métodos como "las agujas, detergente o el veneno de ratas", mientras que algunas "consiguen una clínica cuando tienen más recursos, pero no tienen condiciones de salubridad".

Por coincidencia, en Brasil, nación en la que hay condenas de entre uno y tres años de cárcel para la gestante y de uno a cuatro años para el médico, una comisión parlamentaria rechazó hoy cuatro propuestas legislativas que pretendían endurecer las penas aplicadas a la mujer que aborte y a quien la auxilie.

En Centroamérica, feministas, organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, entre otros, salieron a las calles en El Salvador y en Nicaragua para exigir la despenalización del aborto.

La activista salvadoreña Sara García, dirigente de la Articulación por el Derecho a Decidir, aseguró que hay "23 mujeres encarceladas porque está penalizado el aborto".

Mientras que las nicaragüenses demandaron la restitución en la legislación nacional del aborto terapéutico, prohibido en el Código Penal desde 2006.


EFE
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