Crisis en Transmilenio dejó perdidas por $1.000 millones

El señalamiento de la Contraloría de Bogotá al Alcalde Mayor, Gustavo Petro, deja claro que las protestas ocurridas se deben a la ineficiencia e ineficacia en la prestación del servicio del Sistema de Transporte Masivo.

Por medio de sus auditorías, el ente de control ha llamado la atención de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TM- sobre la problemática relacionada con la operación, afectación de los servicios troncales y alimentadores y, la capacidad de la flota que presenta el Sistema.

“Sin embargo, la ausencia de medidas correctivas ha propiciado situaciones que alteran el orden público y afectan el patrimonio Distrital”, señaló la Contraloría.

De acuerdo con lo evidenciado por la entidad, este tipo de hechos son consecuencia de deficiencias de planeación, programación y funcionamiento del Sistema como: frecuencias no óptimas en la atención de la demanda del servicio, pues las programadas, especialmente en horas pico, presentan largos tiempos entre las paradas de los buses para algunas rutas.

Así mismo, culpa al sistema por la falta de infraestructura y rutas inadecuadas que no responden a la atención de la demanda, así como por tener un sistema saturado y con sobrecupo.

Adicionalmente, se determinaron otros factores como deterioro de losas, riesgos de accidentalidad, numerosos cruces semafóricos que disminuyen la velocidad promedio y demora en la integración de Transmilenio y Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), que afectan aún más la operación del Sistema.

De acuerdo con el contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, es indispensable establecer alternativas de solución urgentes para subsanar las fallas detectadas y garantizar así la eficiente operación del Sistema, la ejecución total de las obras para la operación de la Fase III y el cumplimiento de los cronogramas que definen el inicio de la operación del Sitp.

El organismo fiscalizador otorgó un plazo de diez días hábiles a la Administración Distrital, para informar acerca de las acciones correctivas que implementará para cumplir con la obligación de ofrecer un transporte público con libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios.

La respuesta la espera recibir el ente de control en la última semana de marzo de 2012.