Corrupción en obras también en el nivel nacional

Hay nuevos indicios de que la corrupción en el manejo de las obras públicas campeaba también en el nivel nacional. Miguel Nule, el polémico constructor que ahora está comenzando a revelar algunos de los hilos que se movían en la contratación de vías en Bogotá, le reveló a Dinero.com otro caso en la ampliación de uno de los contratos de la Ruta del Sol.

Dijo que el consorcio Ponce-MNV, una empresa del Grupo Nule que actuó como interventor de esa obra, no dio concepto favorable para adicionar un contrato con la firma Autopistas del Sol, pero que el Instituto Nacional de Concesiones, Inco, tomó la decisión de ampliarlo en todo caso.

“En términos generales las adiciones de los contratos de Concesión de tercera generación requieren que la interventoría realice un concepto integral en los siguientes aspectos fundamentales: técnico, financiero, predial, jurídico, ambiental y social”, dijo Miguel Nule.

“El contrato de concesión No.008 de 2007, ha tenido dos adiciones que corresponden a alcances progresivos del proyecto. La primera de ellas no contó con concepto alguno por parte de la interventoría”, afirmó.

La segunda adición fue igualmente ilegal en ese mismo sentido. “Para el caso particular del adicional No. 2, la interventoría no emitió concepto acerca de los temas, financieros, prediales, jurídicos, ambientales y sociales, que viabilizaran la realización del mencionado adicional. Esto en razón a que el Inco y el Concesionario no enviaron información sobre estos temas que permitieran un pronunciamiento responsable por parte de la interventoría”, señaló.
Miguel Nule explicó que la firma interventora solo recibió “bosquejos generales o diseños conceptuales acerca de los tramos a construir”. Afirmó que no se trataba de diseños definitivos con lo que les resultaba imposible obtener un análisis real de la situación.

“Las consideraciones planteadas en los diseños conceptuales correspondían a suposiciones realizadas por el concesionario y que la interventoría acepta como ciertas. Pero, como lo manifestó el concepto de la interventoría, solo se podrá aprobar un precio definitivo con base en un diseño definitivo de los tramos a intervenir”, añadió.

Los abogados del Grupo consideran que lo correcto hubiera sido realizar una adición al contrato de concesión para realizar el diseño de los nuevos tramos y luego sí considerar una adición conociendo las especificaciones, cantidades y precios de las obras que se deberían realizar.
Las revelaciones de Miguel Nule abren entonces la posibilidad de que se empiecen a investigar las irregularidades que con tanta insistencia los medios de comunicación habían denunciado en el gobierno central de la Administración Uribe.
Esto en últimas tiene el mismo problema por el cual ya están investigando las acciones de los alcaldes de Bogotá, que autorizaron el inicio de obras sin contar con diseños.