| 6/6/2014 9:00:00 AM

Riesgo patrimonial por inversiones en TV abierta

La Contraloría General señaló que los riesgos estarían por un valor de $99.000 millones de no llegarse a un acuerdo entre los privados y los operadores de cable.

La Contraloría General de la República advirtió sobre un posible detrimento patrimonial por más de $99.000 millones en que se puede incurrir al realizar inversiones en infraestructura por este monto para garantizar la señal abierta de televisión y no vigilar de manera adecuada que los colombianos puedan tener acceso a la misma.

La advertencia fue hecha al Ministerio de las TIC, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Autoridad Nacional de TV, a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y a la RTVC.

En un Control de Advertencia, la titular del organismo, Sandra Morelli Rico reiteró la preocupación que había expresado en reunión del pasado 26 de mayo al Ministerio, la ANT y la Comisión de Regulación por la demora que se ha dado en tomar una oportuna decisión, respetando los principios constitucionales relacionados con el derecho a la información, frente a la controversia generada por la determinación de los concesionarios privados de televisión abierta de no permitir la transmisión de sus señales de alta definición, por los operadores de televisión por suscripción.

En concepto de la CGR, esta problemática afecta no solamente el derecho constitucional de acceso gratuito a la información, sino que también podría tener incidencia fiscal por los recursos públicos invertidos en la infraestructura de la red de televisión abierta, nacional, regional y local.

Para la Contraloría, el problema fundamental estriba en que no se está garantizando, en términos prácticos la recepción de la televisión abierta radiodifundida en forma gratuita en todo el territorio nacional.

"Como consecuencia no está garantizando por parte del Gobierno Nacional el artículo 75 de la Constitución Política Nacional en el sentido de que no se está permitiendo el acceso al espectro radioeléctrico a todos los habitantes de la Nación, sino que, para poder ver televisión gratuita que debería llegar por espectro, el habitante del territorio nacional, implícitamente termina pagándole al operador de televisión por suscripción, dentro de toda la oferta de canales, aquellos que corresponden a la televisión abierta gratuita (canales públicos y privados)", explicó.

Se están propiciando dos efectos perversos, advirtió la contralora Sandra Morelli Rico:

"De una parte existe una pérdida de bienestar de los habitantes en el sentido de que tienen que pagar por un servicio que es gratis, y de otra, se genera un riesgo con un costo social cuantificado en los recursos asignados para la operación, administración y mantenimiento de la red de difusión de la televisión abierta pública y la inversión en infraestructura de televisión analógica y de televisión digital terrestre, por lo cual, $99.165 millones de pesos constantes de 2013 asignados para TDT y los costos en que ha incurrido Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) en los contratos de Administración, Operación y Mantenimiento de la red pública, que solo para el año 2013 ascendieron a $26.075 millones de pesos, recursos que podrían constituirse en una gestión antieconómica con posible incidencia fiscal".

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