Imputan cargos a empresas de los Nule

El ente de control imputó responsabilidad fiscal por dicho monto por pérdida del patrimonio público invertido en obras de rehabilitación del pavimento asfáltico en el corredor vial de occidente vía Rumichaca – Pasto – Mojarras.

Concretamente, el organismo imputó los cargos a título de culpa grave, a las sociedades Elsamex InternacionaL SucursaL Colombia, MNV S.A. en liquidación (Grupo Nule) y Ponce de León Asociados S.A. Ingenieros Consultores en liquidación (también del Grupo Nule).

Todos ellos miembros de la Unión Temporal Corredores Viales de Colombia, así como a la sociedad interventora Consultores Técnicos y Económicos S.A.

La Contraloría General determinó que hubo incumplimiento del objeto contractual del contrato 1730 de 20004, suscrito entre el Invías y la Unión Temporal Corredores Viales de Colombia, en cuanto a la calidad y especificaciones técnicas de construcción de pavimentos asfálticos.

En el auto en que se decretó esta imputación, el organismo ordenó la cesación de la acción fiscal en contra de Alejandro Char Chaljub (Ex alcalde de Barranquilla), quien, en calidad de miembro de la Unión Temporal Corredores Viales de Colombia, pagó el valor declarado como siniestro del contrato de obra pública 1730 de 2004 por parte del Invías, que ascendió a la suma de $2.282 millones.

Char Chaljub tenía una participación del 5% en dicho consorcio y el valor que pagó superó sustancialmente lo que le hubiere correspondido pagar en caso de haber sido declarado Responsable Fiscal, por lo que la Contraloría General de la República consideró que el daño patrimonial en dicho porcentaje se encuentra resarcido por Char Chaljub, quien podrá de igual forma repetir en contra de las demás personas naturales y jurídicas que fueron declarados responsables fiscales.

Al cesar la acción fiscal en contra de Alejandro Char Chaljub, la cuantía del daño fiscal quedó establecida en la suma de $8.250 millones.

En su momento, el proceso de responsabilidad fiscal se abrió por un presunto detrimento patrimonial de $10.845 millones.

Así mismo, la Contraloría General de la República, decidió archivar las diligencias adelantadas dentro de este proceso en contra de Jaime Ezequiel Romero Berte, Jorge Luis Flórez Segura y Jose Fernando Viteri Muñoz, todos ellos funcionarios del Invías en su momento (el primero subdirector Técnico, que firmó el contrato en su calidad de ordenador del gasto, y los otros dos supervisores).

Para esta decisión de archivo se tuvo en cuenta que los motivos de imputación guardan estrecha relación con hechos eminentemente técnicos que no tienen por qué ser del resorte del ordenador de gasto y de los supervisores, pues es la Ley la que faculta a las entidades públicas para que en los eventos en que el objeto contractual conlleve una experticia y conocimiento en su dirección, la entidad pública contrate dicha dirección a través de una interventoría. Y corresponde a la misma guardar la responsabilidad técnica de vigilar la ejecución del contrato.