Soledad incumple acuerdo de pasivos

El municipio de Soledad en el departamento del Atlántico no está cumpliendo con el acuerdo de reestructuración de pasivos aprobado por el Concejo y avalado por el Ministerio de Hacienda, reveló un informe de auditoría de la Contraloría General de la Republica.

De acuerdo con el ente de control, el acuerdo de reestructuración de pasivos fue firmado por nueve años el 10 de mayo del 2012, por una suma de $16.452 millones.

Según estableció el organismo de control a 31 de diciembre de 2012 el municipio sólo había girado $3.141 millones equivalente a un 19% incumpliendo, evidentemente, los acuerdos correspondientes con los acreedores en cuanto a los plazos y montos estimados.

La Contraloría en su informe advierte que la administración municipal incumplió además las normas presupuestales contables y de control interno.

No registra en su contabilidad los bienes que conforman los activos del sistema de alumbrado público lo que no permite identificar los bienes entregados a terceros, su costo, control de existencia y estado de estos.

Dentro de las inconsistencias también se denota que esta administración no tiene certeza acerca de la cuantía de los procesos judiciales.

En cuanto a la asignación presupuestal del municipio, que es de $12.067 millones de pesos, se evidenció que se incorporaron al presupuesto $9.628 millones y se dejaron de comprometer $2.438 millones.

Según extractos bancarios del Banco Popular de los $12.067 millones se pagaron compromisos por $7.356 millones de pesos con un saldo en banco de $1.693 millones, generándose una diferencia del total de los ingresos menos pagos, menos el saldo en banco de $3.018 millones de pesos, de los cuales no hay evidencia de la inversión y destinación.

En cuanto al tema financiero se evidencia que la Alcaldía de Soledad violó las normas de contratación autorizando pagos a terceros a través de las cuentas maestras de la administración a operadores de la salud que no estaban vinculados oficialmente con la ciudad, es decir, con quienes no había un contrato vigente para la atención de salud de un sector de la población pobre sin subsidio a la demanda, generándose desviación y disminución de estos recursos. Lo que se constituye en un presunto hallazgo penal y disciplinario.

El manejo en las cuentas maestras y la contabilidad del municipio no se ciñe a las normas legales vigentes, toda vez que se obviaron mecanismos de control como las conciliaciones bancarias constituyendo esto un riesgo en el manejo de los recursos públicos.

En materia de salud se encontró que 40.435 personas no están cubiertas por un subsidio de salud. A esto se suma una evidente duplicidad en la base de datos del régimen subsidiado, base de datos que no ha sido depurada ni verificada, lo que ocasiona una disminución en los dineros destinados a inversión social que afecta a la población más vulnerable que es la que accede a los cupos destinados para tal fin.

Dentro de la auditoría se establecieron 58 hallazgos administrativos, 13 con presunto alcance fiscal por $7.600 millones, 13 con presunto alcance disciplinario y 3 con presunto alcance penal. Se adelantó una indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio.