| 3/6/2014 10:50:00 AM

Movidas sospechosas con las regalías

Recursos del Sistema General de Regalías, del Sistema General de Participaciones y también del orden nacional se encuentran en riesgo.

La Contraloría General de la República advirtió a los Gobernadores del Atlántico y Guajira y a los Alcaldes de Riohacha y Sincelejo sobre un posible detrimento patrimonial  por más de $25 mil millones en el manejo de recursos de regalías y del Sistema General de Participaciones.

Las advertencias proferidas por la Contraloría Auxiliar para el Sistema General de Regalías indican que existe una alta probabilidad de riesgo en diferentes proyectos que se desarrollan en estas regiones y que afectarían Derechos Sociales, Económicos, Culturales y por conexidad Derechos Fundamentales de las respectivas comunidades.

En el Atlántico, el control de advertencia se refiere a la implementación del proyecto de  reinserción económica de mil familias campesinas afectadas por la ola invernal en seis municipios del sur del departamento: Manatí, Repelón, Santa Lucia, Suán, Campo de la Cruz y Candelaria. Además, está relacionado con la recuperación del hato ganadero para el mejoramiento de la producción de leche en estos mismos municipios.

La CGR llamó la atención del Gobernador, José Antonio Segebre, por considerar que el ente territorial como cofinanciador del proyecto con recursos de regalías presenta presuntas fallas en la supervisión del contrato debido a que los beneficiarios afirman que el ganado comprado no corresponde a las características fenotípicas y genotípicas establecidas en las fichas técnicas.

También la comisión técnica de la Contraloría observó la falta de la adecuación de los corrales, que significa un riesgo para el patrimonio público de $12.800 millones.

La Contraloría General de la República advirtió al operador Asoganorte, en cabeza de José de Silvestri Pájaro, un posible incumplimiento en el momento de la entrega del ganado a los beneficiarios, pues debió corroborar los requisitos establecidos en las fichas técnicas, tales como: estar debidamente certificados, marcados, preñados y tener una buena calidad genética.

Además, la CGR le sugirió a Asoganorte hacer efectivas las pólizas de garantía que amparan los contratos de los proveedores del citado ganado, como también lo indica el interventor del proyecto Prodesarrollo en los informes de interventoría.

La Función de Advertencia se remitió también al  Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde, dadas las situaciones que se han presentado en la ejecución del proyecto, a cargo de Coorpoica por delegación del Ministerio de Agricultura.

El grupo auditor afirmó que a la fecha del informe técnico no se había realizado la inversión de $4.700 millones en labores de establecimiento en la siembra de pastos y leguminosas.

De igual forma se alertó a la Gerente del Fondo de Adaptación, Carmen Arévalo Correa, sobre un posible detrimento patrimonial por cuantía de $2.800 millones por presuntas fallas en la supervisión y ejecución de las actividades que hacen parte de la carga administrativa y laboral en la siembra de pastos, leguminosas e inseminación artificial.

Recursos del Sistema General de regalías

La Contraloría General de la República alertó a la gobernadora de la Guajira, Sugeila Oñate Rosado, sobre el riesgo que corren recursos de regalías y del Sistema General de Participaciones cuantificados en $2.300 millones, representados en 11 convenios que beneficiarían a los municipios de Camarones, Carrizal, Chaima, Dibulla, Fonseca, Maicao, Riohacha y Uribia, y a las comunidades indígenas Ahumao, Aranaipa, Bostolen, Cardón, Ekimana, Guaraima, Jupurarao, Masulen y Toloumana.

Los sectores para las cuales se destinaron las obras corresponden a agua potable y saneamiento básico e incluyen la construcción de 280 unidades sanitarias en los municipios de Maicao, Uribia y Riohacha, además de la optimización de redes de sectorización del sistema de acueducto del municipio de Fonseca.

De igual forma, cobijan apoyo financiero para  inversiones en el sector educación y cultura en el municipio de Fonseca, mientras que para el sector transporte se contrató la construcción de pavimento rígido por autogestión comunitaria de los municipios de Dibulla, Maicao y Riohacha.

También se incluyó al sector de recreación y deporte con la construcción de la cubierta, la gradería y el mantenimiento de la cancha polifuncional existente en la Institución Educativa No. 10, sede Rodolfo Morales, del municipio de Maicao.

La CGR observó en algunos convenios el aparente desconocimiento de la Ley 80 de 1993 que señala el cumplimiento de los principios de trasparencia, economía y responsabilidad, así como, los derechos y deberes de las entidades estatales al exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.

Por estos hechos, la Contraloría General de la República recomendó a la Gobernadora del departamento de la Guajira iniciar las actuaciones administrativas y legales del caso.

En Riohacha

El mandatario de la capital de la Guajira, Rafael Ceballos Sierra, fue notificado por medio de dos funciones de advertencia de la Contraloría General de la República sobre un posible daño fiscal en dos contratos interadministrativos suscritos por el municipio de Riohacha y la Asociación de Municipios del San Jorge (Asosanjorge) para obras de infraestructura,  alcantarillado y saneamiento básico, rehabilitación, ampliación y optimización de sistemas de acueducto, construcción de redes de distribución, instalación de unidades sanitarias y construcción de micro acueductos en varias zonas de la ciudad.

Además, el mantenimiento del pavimento, construcción de calles y andenes,  reposición de redes de alcantarillado, adecuación, remodelación y mantenimiento general para las diferentes oficinas del Palacio Municipal de Riohacha.

La Contraloría General de la República le pidió al Alcalde Municipal que adopte las medidas para evitar el detrimento de los recursos públicos que, de acuerdo con lo evidenciado por el equipo auditor, presenta falta de planeación, control y obras abandonadas, por lo que el daño a los recursos de la Nación podría alcanzar la suma de $1.973 millones.

En Sincelejo

El alcalde del municipio de Sincelejo, Jairo Fernández Quessep, fue advertido por la Contraloría General por un posible detrimento patrimonial por valor de $948.880.620 en la implementación de alternativas de manejo ambiental en áreas de recarga del acuífero Morroa Fase I,  el cual está incluido en el Plan de Desarrollo Municipal.

La advertencia también se dirigió a la directora de Regalías del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Amparo García Montaña, indicando los posibles perjuicios ocasionados al patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la falta de gestión por parte de la administración municipal. La cuantía afectada está representada en más de $1.300 millones de pesos.

Con base en las Funciones de Advertencia emitidas para la Región Caribe, la Contraloría General de la República busca alertar, tanto a las autoridades territoriales cómo a las entidades del orden nacional para que, en aras de los principios fundamentales de eficiencia, eficacia, transparencia y economía, se busque la finalización de los proyectos, obtener los beneficios asociados y así garantizar a las poblaciones beneficiaras el cumplimiento de sus Derechos sociales, Económicos y Culturales, según sea el caso.

"Vale la pena resaltar a toda la comunidad que la Contraloría General de la República estará atenta a cualquier tipo de denuncia que permita la actuación inmediata para prevenir uno de los flagelos que mayores derechos humanos vulnera dentro del territorio nacional: la corrupción", concluyó el Contralor Auxiliar para el Sistema General de Regalías, Leonardo Arbeláez Lamus.
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