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¿Huele mal la Uaesp?

Al tema del caso Petro en Bogotá se le suma la investigación de la Contraloría General a los nuevos contratos de esta entidad.

17 de enero de 2014

Los problemas para Bogotá no cesan y la administración del alcalde Gustavo Petro, se ha convertido en una bomba de tiempo para los capitalinos.

El anuncio del procurador Alejandro Ordoñez, de destituir al mandatario e inhabilitarlo por 15 años, desató una gran polémica dentro de los diferentes sectores y de la población en general.

Pero el tema no paró ahí, una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ante varias tutelas, generó expectativa e incertidumbre política en la ciudad.

Al caso Petro se le sumó otra investigación y son los contratos de reciclaje al cual le apostó con un modelo completo de basuras el cual no salió como esperaba.

Se trata de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos que ha presentado incumplimientos en varios contratos que ya son objeto de revisión por parte de los entes de control.

Precisamente la Contraloría General de la República, investigará los contratos del nuevo modelo de contratación para el servicio de recolección de basuras de Bogotá, el cual a la fecha no se ha entregado.

Este modelo tenía que estar listo en menos de un año luego de la crisis de las basuras, con la creación de organizaciones para manejar el tema.

Sin embargo, a la fecha no hay la primera creada y los avances del cronograma de ejecución no alcanzan el 55%

Además de este tema, el ente de control,dio apertura a un juicio de responsabilidad fiscal a esta entidad, específicamente sobre funcionarios por las presuntas demoras en la licitación para la recolección de basuras y prorrogar los contratos con las empresas de aseo como efecto de esa imprevisión. Así mismo,  la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta una investigación en la que se advierte presuntas responsabilidades de las entidades del Distrito.

La medida de la Contraloría se dio en un proceso de control excepcional donde se encontró el cobro de la tarifa del servicio superior a la real, que benefició a los operadores de aseo y no a los usuarios. 

De acuerdo con la jefe del ente de control, Sandra Morelli, se cobraron tantos dineros de más que quedó plata para una bolsa, de $140.000 millones, que no entró al Distrito y, en lugar de servir ese dinero para reducir la tarifa, se usó para fines distintos al servicio.

La funcionaria así mismo dijo jocosamente que “esta bolsa no ha servido ni para bolsa de basura“, lo que demuestra un manejo irregular por parte de la administradora. Para este caso la Uaesp.

Vale la pena recordar que en el proceso se involucró también a la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) por contribuir al retraso de esa licitación.

Los contratos de recolección, barrido y transporte de residuos sólidos a su sitio de disposición final suman más de $2,2 billones.

Según el organismo la unidad siempre ha tenido problemas. No respeto los términos contractuales, no aplicó reducción de tarifas, y creó una bolsa de recursos ineficiente.

Para este caso la Contraloría General ordenó a la Contraloría Distrital abstenerse del ejercicio de control sobre dichos contratos, al tiempo que comisionó a la delegada del sector Ambiente para verificar, tramitar y decidir sobre los hechos preliminares para la época en que empezó el juicio fiscal.

Lo que sí es cierto es que el órgano del Distrito también actuó con dos procesos de responsabilidad fiscal  pero exactamente al modelo de recolección de basuras por las irregularidades en la subutilización de 100 vehículos cuando se están usando 118, además de la falta de planeación que puso en riesgo el patrimonio por alrededor de $70.000 millones.

Los entes de control tanto Nacional como del Distrito estarán en investigaciones permanentes sobre la entrega de resultados de la entidad y en sí de la administración sobre el tema de las basuras para tomar las medidas correspondientes.