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Diego Ardila Medina, Contralor Distrital de Bogotá.

| 5/22/2013 3:21:00 PM

Contralor de Bogotá se rebela contra la Auditoría

Diego Ardila Medina, Contralor Distrital de Bogotá, se niega a reconocer a la Auditoría General de la República como el órgano habilitado para revisar legalmente sus actuaciones y designó, con cargo a la nómina de su entidad, a un auditor especial propio y de su confianza.

Su trance de rebeldía es apenas uno de los indicadores de la crisis que afecta a las contralorías territoriales y que mina su credibilidad. La contraloría departamental del Valle del Cauca está contaminada por la acción de funcionarios que tienen frenados cientos de procesos de responsabilidad social. La del Cesar avala contratos turbios de algunos alcaldes y el presupuesto de la de Risaralda está gravemente afectada porque su pagador se embolsilló buena parte de sus recursos y huyó.

Este es el primero de tres informes preparados por Dinero.com sobre los problemas de estas entidades llamadas, al menos en teoría, a resguardar el interés público y la estabilidad fiscal en las regiones.

El mal ejemplo de Bogotá
Las tensiones entre la Contraloría de Bogotá y la Auditoría –organismo de origen constitucional y cuya cabeza es elegida por iniciativa de la Corte Suprema- comenzaron a producirse el pasado 17 de abril, a raíz de un control de advertencia que alertaba sobre el riesgo de pérdida de $116.000 millones por la falta de celeridad en el trámite de 173 procesos de responsabilidad fiscal.

Ocho días después de que el Auditor General, Jaime Ardila Barrera, hizo público el control de advertencia, el controlar Ardila Medina impidió que se instalara un proceso auditor en su entidad. Adujo, para desconcierto incluso de algunos de sus colaboradores, que la jurisdicción de la Auditoría no alcanzaba a él porque Bogotá, como Distrito Capital, está regida por un estatuto especial que creó formas de control distinta.

El Auditor replicó, de nuevo públicamente, que el contralor desafiaba la voluntad de la Corte Constitucional que, mediante sentencia 1339 de 2000, dejó en claro que todas las contralorías territoriales, incluidas las de los distritos especiales, estaban sujetas a la vigilancia de la Auditoría.

La coyuntura en la que se desató la controversia era crítica. La Auditoría acababa de producir un informe sobre las irregularidades que campearon en la Contraloría durante la gestión de Mario Solano. Aunque el asunto se había mantenido en reserva hasta ahora, ese informe tuvo peso dentro de los motivos que llevaron a la contralora Sandra Morelli Rico a declarar insubsistente a Solano, que en ese momento se desempeñaba como Contralor Delegado para el sector salud. “En ese momento –le dijo a Dinero.com uno de los funcionarios de la Auditoría- no podíamos dejar de preguntarnos por qué se daba ese cambio tan súbito en la conducta del contralor Ardila quienes hasta ese momento había prestado toda la colaboración institucional a la que estaba obligado y nos planteamos esta inquietud: ¿Querría ocultar algo?”

El control de advertencia no era un asunto menor. La Auditoría había encontrado que el ente de control distrital había tramitado durante 2012 un total de 610 procesos ordinarios de responsabilidad fiscal por un monto superior a los $536.000 millones. Lo malo era que 173 de ellos, que equivalían al 28,36%, habían tenido un trámite dilatado, superaban los 3 años y estaban en riesgo de irse al archivo con una inminente afectación patrimonial para la ciudad.

En uno de los apartes del control de advertencia se leía: “78 de estos procesos por cuantía superior a 38 mil millones de pesos se encuentran apenas en su inicio procesal sin llegar a tomar la primera decisión de fondo para proferir auto de imputación o de archivo. Solamente 4 procesos por un valor aproximado de 1.360 millones de pesos contaron con fallo con responsabilidad fiscal”.

Cuando una comisión de la Auditoría llegó a las puertas del despacho del contralor, este dio la orden perentoria de que no le entregaran documento alguno y prácticamente sacó a los investigadores con cajas destemplados.

Pocos días después un funcionario que se identificó como Auditor Fiscal de la Contraloría Distrital le envió una carta en la que reivindicaba su fuero como único agentes capaz de rondar al contralor, a la vez que le “exigía” que le remitiera todas las actuaciones que estuviesen su cargo. El Auditor Ardila cree tener razones para creer que se trata de un intento de su vigilado de fabricar una colisión de competencias cuyo trámite, seguramente muy dilatado, le permitiría a este ganar tiempo para alguna suerte de maniobra de ocultamiento.

La Contraloría Distrital rechaza el argumento y, según varios de sus funcionarios, todo lo que se busca evitar es que el auditor “se arrogue atribuciones que no tiene”.

Como quiera que sea, este choque le presta un flaco servicio al principio de la transparencia que debe regir en todas las entidades públicas y, de manera especial, en los entes de control.

Mañana: Qué pasa con el órgano de control en el Valle.


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