| 3/29/2014 4:00:00 PM

Río Bogotá le pasa factura al gobierno

Durante el último año y medio el gobierno ha destinado más de $1.5 billones en programas como la descontaminación y adecuación hidráulica del río.

La Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Helena Sarmiento Villamizar, calificó como histórico el fallo del Consejo de Estado que ordena resarcir los daños ambientales  al  Río Bogotá y dijo que "aunque es dura la sentencia, estamos concientizando al país de la importancia del agua y de lo costoso que puede resultarnos no preservarla".

Para la jefe de la cartera ambiental, “este fallo debe ser visto, como una oportunidad para unir los esfuerzos entorno de una gran causa común, como lo debe ser devolverle la vida al río”.
 
Recordó que el Gobierno Santos había declarado como prioritario el trabajo en el afluente más contaminado del país, y por esta razón “durante el último año y medio ha destinado más de $1.5 billones de pesos en programas como la descontaminación y  adecuación hidráulica del río”, puntualizó la Ministra Sarmiento Villamizar.
 
El río Bogotá recibe su contaminación de fuentes como curtiembres, residuos de fertilizantes, aguas negras y vertimientos industriales y mineros no autorizados, pero el 80% de la contaminación corresponde a las cargas de los ciudadanos de la capital.
 
Sarmiento además reveló que sin pensar en dicha sentencia, el Gobierno Santos avanzó en proyectos que coinciden con el fallo, como las obras ejecutadas a través de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, dotando de plantas de tratamiento de aguas residuales a 11 municipios en la Cuenca (Tocancipá, Gachancipá, Cogüa, Nemocón, Cajicá, Guatavita, Subachoque, Funza, la Mesa, Anapoima y Cota), por un valor cercano a $120 mil millones y espera invertir otros $100 mil este 2014 para la construcción de plantas en Zipaquira, Mosquera, Madrid y Facativa, dejando con planta de tratamiento a los municipios más grandes de la cuenca.
 
En materia de adecuación hidráulica se han invertido cerca de 120.000 millones de pesos y se espera ejecutar otros $80.000 millones adicionales en la mejora del afluente. Otros $70.000 millones en un plan de apoyo a la descontaminación en las curtiembres en Villapinzón.
 
La CAR, así mismo gestionó un crédito con el Banco Mundial, el cual cuenta con carta de no objeción por $800.000 millones. Los recursos se invertirán en convenio con la Empresa de Acueducto de Bogotá en la puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre. El crédito se pagará con recursos de la autoridad ambiental regional.
 
Por su parte el IDEAM y la CAR han creado una red de monitoreo del río con más de  286 estaciones entre Villapinzón y Girardot.
 
Por último, se han ejecutado acciones enfocadas a reconversión de procesos productivos para la agricultura y la ganadería, la declaratoria y administración de áreas protegidas, programas de educación ambiental y en general gestión ambiental en torno a la cuenca del Río Bogotá, cuya estimación no se ha valorizado en su conjunto, pero podría rondar el medio billón de pesos.
 
Acerca de la sentencia:
 
La sentencia busca la protección de los derechos colectivos al ambiente sano, a la salubridad pública y la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios.
 
La demanda fue presentada por el señor Gustavo Moya Ángel (fallecido) y otros actores en 1992. En 2002 fueron acumulados tres procesos que tenían características homogéneas.
 
La Acción Popular pretendía:
 
1. La Recuperación del goce a un ambiente sano en la cuenca del río Bogotá, alterada por los vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales.
2. La Existencia del equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales. La protección de especies animales y vegetales. La protección y recuperación (arborización) de la ronda del río.
3. El goce del espacio público que constituye la ronda del río para la recreación pasiva y contemplativa.
4. La seguridad y salubridad públicas de los habitantes de la zona alta de Bogotá afectados por los vertimientos arrojados al río que además superan los límites permisibles por la ley.
 
En agosto de 2004 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca notificó al anterior Gobierno del fallo y declaró la “Catástrofe Ecológica del Río Bogotá y la contaminación de los ríos y quebradas afluentes”, señalando a la Nación – Ministerios de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (IDEAM), al Ministerio de Protección Social (INVIMA), al Ministerio de Agricultura, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, al Distrito Capital de Bogotá, el DAMA, Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Empresa de Energía Eléctrica, el Departamento de Cundinamarca y los Municipios de Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, Zipaquirá, Sopó, Cajicá, Chía, Cota, Funza, Mosquera, Soacha, Madrid y Sibaté - como el responsable de resarcir los daños.

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