| 5/25/2015 5:45:00 AM

Comunidades le ganan otro 'round' a la minería

Grupos étnicos y comunidades susceptibles a la exploración y explotación minera en Colombia siguen ganando relevancia en la agenda del país. Mientras tanto, técnicos del sector se preguntan qué tanto afectará esta situación a la inversión y el crecimiento de este sector.

La decisión del Consejo de Estado que restringió las áreas mineras estratégicas delimitadas por el Gobierno, reabrió el debate que existe desde que la ley concibió la figura de las consultas previas, pues mientras las comunidades aplauden esta herramienta, con la que pueden preservar y obtener otros beneficios, los empresarios e inversionistas la ven como un costo que no quieren asumir.

La determinación del organismo que puso el dedo en la llaga fue la suspensión provisional de los efectos jurídicos de las normas que crearon 516 zonas mineras en 22 departamentos del país, con una extensión de 20.470.200 hectáreas.

Pese a los reparos hechos por el sector minero, la Constitución de 1991 señala que la explotación de los recursos naturales se debe hacer sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades, siendo el Gobierno el propiciador de la participación de los habitantes.

Mientras indígenas y comunidades afro dicen que las consultas han logrado prevenir que proyectos de grandes empresas mineras que operan en el país no conviertan sus regiones en miseria, descomposición y deterioro irreversible de sus tierras y su cultura, el vicepresidente German Vargas Lleras señaló que la herramienta se ha convertido en una modalidad extorsiva.

El señalamiento del vicepresidente Lleras apunta a que las comunidades usan la consulta previa para “extorsionar” a los empresarios, imponerles cargas económicas por los costos de las consultas, y para generar grave afectación al desarrollo de proyectos debido a que dilatan la toma de decisiones, afectando a la industria y las regiones.

Ante la determinación del Consejo de Estado que argumento que su decisión obedeció al interés de proteger a las comunidades que habitan la zona que había sido habilitada por el Gobierno, la Agencia Nacional Minera señaló que no realizaron la consulta previa debido a un concepto del Ministerio del Interior, según el cual no era necesario agotar tal procedimiento debido a que las medidas no otorgaban títulos mineros, sino establecían áreas estratégicas mineras.

Opiniones de algunos directivos de sectores sujetos a esta regulación:

Ángela Montoya, Presidente de Acolgen: Es necesario establecer reglas de juego más claras para no repetir el caso de Brasil, que contaba con una serie de inversiones para el desarrollo de distintos proyectos. Muchos de los inversionistas decidieron pagar las multas para renunciar con antelación a sus inversiones por la implementación de nuevas conceptos de operación emitidos por el Gobierno.

Francisco Lloreda, presidente de la ACP: Operar en Colombia es un dolor de cabeza y no solamente por deficiencias en infraestructura sino por la creciente industria de bloqueos y talanqueras absurdas en materia ambiental. El país debe garantizar la viabilidad operacional para que inversionistas internos y externos sostengan su interés en un país y por el contrario no se alejen en un momento crítico para la industria.

Carlos Fernando Forero, Asogravas: La solicitud que hemos hecho a alcaldes y gobernadores consiste en que a través de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), se le pueda garantizar a cada proyecto de infraestructura contar con los materiales de su propia región para desarrollarlos, pues las licencias y permisos han obligado a que los proveedores de los insumos se desplacen a municipios cercanos a conseguirlos, encareciendo y demorando la operación.
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